Salvaje suroeste

Cuando los pobladores de Sevilla, Valle, apenas se reponían del triple homicidio que en noviembre pasado cobró la vida de un precandidato a la Alcaldía, un dirigente político y el fiscal seccional, el viernes 28 de enero fueron baleados desde una moto el hermano del alcalde local, Julio Gómez Díez, y su compañera, Dora Echeverry Rojas.
 
El 16 de noviembre habían sido asesinados el precandidato a la Alcaldía por el Partido de la U, José Rubiel Pérez, el reconocido dirigente político local César Soto Montes y el fiscal seccional Eugenio Valencia Valderrama. Un mes y medio después, el día de Año Nuevo, la familia de la viuda del precandidato fue atacada con un artefacto explosivo y resultaron heridas tres personas.
 
Estos casos, sumados a atentados, amenazas y denuncias de corrupción en Yumbo, son un campanazo de alerta sobre la crudeza con la que podrían manejarse las rivalidades políticas durante la campaña electoral en algunas regiones del Valle con marcada influencia mafiosa o de grupos ilegales.

Si bien en el caso de Sevilla no existen pruebas que indiquen que los tres hechos criminales ocurridos en menos de tres meses en esa localidad están relacionados entre sí y motivados por disputas electorales, llama la atención que ocurrieron justo en el momento en que dos bandos políticos de La U se hallaban en una guerra marcada por señalamientos mutuos. Por un lado, el actual alcalde, Gerardo Gómez Díez, y por el otro, un grupo de cuatro concejales de la línea del exsenador Luis Élmer Arenas, quienes apoyaban al asesinado precandidato Pérez.

Las dos primeras víctimas mencionadas habían hecho denuncias contra el alcalde, y la tercera era el fiscal que las investigaba. "Son crímenes para tapar hechos de corrupción", dijo a esta revista el exsenador Arenas, tras precisar que sus concejales fueron amenazados a través de panfletos, desde diciembre pasado. "No creo que haya una guerra política, como la han querido hacer ver", dice el concejal oficialista Luis Rodríguez.

El 2 de febrero, el proceso fue trasladado a Bogotá y reasignado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la cual tendrá la tarea de llegar al fondo de una investigación que ya cuenta con testimonios, grabaciones telefónicas y un testigo estrella.

En Yumbo, el tema político también raya con lo judicial. Los 15 concejales están amenazados; su alcalde, el ex sacerdote Felipe Restrepo, está preso desde diciembre por presunta corrupción en la compra de un lote, y una denuncia los relaciona a él y a su heredero político con el capo Luis Enrique Calle Serna, alias 'Comba', uno de los jefes del grupo narcotraficante Los Rastrojos.

SEMANA conoció la denuncia instaurada en la Fiscalía en septiembre de 2010 por el representante Abraham Jiménez y el diputado Fernando Vargas, ambos de Yumbo y de Cambio Radical. Allí se afirma que otro dirigente liberal, Moisés Orozco, le habría dicho a uno de ellos que "el señor Felipe Restrepo (alcalde capturado) se había reunido durante la campaña con él y con su jefe, un señor alias 'Comba'". Hoy el diputado, que fue miembro del grupo del alcalde y luego rompió con él, se moviliza con cuatro escoltas y el congresista, con seis, tras recibir información de que serían asesinados. SEMANA intentó contactar sin éxito al señor Orozco.

Antes de caer en desgracia por presunta corrupción, el alcalde y los concejales de esa ciudad también fueron objeto de amenazas a través de panfletos, llamadas, disparos contra las fachadas de sus casas o explosivos de bajo poder. "Son atentados no letales, pero intimidatorios, que surgen en medio de una pugna entre grupos políticos", afirma el general Miguel Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Aunque aún están por esclarecerse los móviles precisos tras cada uno de estos hechos, es innegable que en estos municipios del Valle la política empieza este año electoral manchada de sangre. Sería muy grave que grupos criminales como Los Rastrojos u otros actores terminen convirtiendo zonas del Valle en el salvaje oeste.