Salvavidas a los desmovilizados

El 13 de octubre, a las ocho de la noche, después de meses de incertidumbre, la Corte Constitucional le lanzó un salvavidas providencial al proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados, que navegaba por aguas inciertas. Lo hizo al declarar exequible la polémica Ley 1424, una pieza legislativa de la que no habrán oído hablar muchos colombianos, pero que es decisiva para que quienes dejaron las armas no vuelvan a tomarlas. Sin embargo, esa declaratoria es apenas un respiro, no la salvación: no solo la ley misma enfrenta serios problemas, sino que la tormenta jurídico-ideológica de fondo que llevó a su examen de constitucionalidad no da trazas de amainar.

La Ley 1424 fue un mecanismo que el gobierno tuvo que diseñar a la carrera, y hacerla aprobar en dos semanas en el Congreso, en diciembre de 2010, para salvar el proceso de reintegración a la vida civil de miles de paramilitares desmovilizados desde 2003. La ley, demandada ante la Corte Constitucional, contempla una fórmula para que, a cambio de ciertas condiciones, se les evite ir a la cárcel, aunque sus procesos judiciales continúan hasta que se emita sentencia. Solo aplica a aquellos cuyos únicos delitos sean la pertenencia al grupo armado (concierto para delinquir simple o agravado) y el porte ilegal de armas, radios y uniformes.

Los excombatientes deben no haber cometido ningún delito desde su desmovilización; deben cumplir con el proceso de reintegración a la vida civil; deben contar la verdad sobre su participación en la guerra ante el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Víctimas; deben suscribir un acuerdo formal de contribución a la verdad y la reparación y deben reparar a las víctimas o participar en actividades sociales con ese fin. A cambio de ello, se les suspenden la orden de captura y la pena que reciban. La reintegración, que era voluntaria, ahora será obligatoria. Muchos, que salieron del programa con auto inhibitorio, ahora tendrán que volver, so pena de verse en líos con la justicia. Tienen plazo para firmar un acta de compromiso hasta el 28 de diciembre.

En el punto más polémico de la ley, los demandantes -la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y los parlamentarios Germán Navas e Iván Cepeda, del Polo Democrático- lograron un cambio importante. El gobierno había estipulado que las declaraciones que hicieran los desmovilizados en su contribución a la verdad no tendrían fuerza judicial. Eso, para Gustavo Gallón, de la Comisión, era "un indulto encubierto". Hasta el vicepresidente Angelino Garzón alegó algo similar. Pero la Corte determinó que, aunque el desmovilizado no puede incriminarse a sí mismo o a su familia, sus declaraciones sí pueden utilizarse en procesos contra otros, como sus jefes.

Después de las dificultades que enfrentó el gobierno ante las cortes para garantizar un marco jurídico para la reintegración, el alto consejero Alejandro Eder se declaró, con razón, satisfecho: "El fallo disipa la incertidumbre que había alrededor de la Ley 1424 y el marco jurídico para la reintegración", dijo. No obstante, aun con la ventaja de contar, por fin, con reglas de juego avaladas constitucionalmente para garantizar a los desmovilizados que no irán a la cárcel, la ley va a enfrentar dos serios problemas.

El primero tiene que ver con cuántos desmovilizados le dicen finalmente sí a la reintegración y no terminan de vuelta en la guerra. Esta ley aplica a un grupo específico, el más numeroso, de exintegrantes, casi todos rasos, de los paramilitares, pues entre los 54.000 desmovilizados hay varias categorías a las que no cobija. Para empezar, cerca de 15.000 guerrilleros desmovilizados, aunque teóricamente cubiertos por la ley, no enfrentaban el limbo legal de los exparamilitares, pues la legislación, en su caso, es distinta. Además, 4.600 exmandos medios y altos de las AUC y la guerrilla siguen un proceso separado, en Justicia y Paz; 2.500 han sido condenados por delitos posteriores a su desmovilización; 2.600 han muerto, casi todos asesinados, y cerca de 3.200 menores de edad, a cargo de Bienestar Familiar, no pasan por la justicia. Restados los 15.000 guerrilleros y estos 13.000 que no cobijan los beneficios, la Ley 1424, en rigor, está destinada al resto, alrededor de 26.000 exparamilitares. El primer problema es que nadie tiene idea de dónde está una buena parte de ellos.

En la actualidad, la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), que dirige Eder, registra como activos en el proceso de reintegración a un total de 16.000 exparamilitares. El resto, 10.000, están, más o menos, perdidos: 6.400 figuran como "inactivos", es decir la ACR sabe quiénes son, pero no participan en el programa y no se sabe dónde están, y 4.000 nunca ingresaron. De los 16.000 activos, casi 13.000 firmaron ya actas de compromiso para quedar amparados por la Ley 1424 y se espera que los demás activos lo hagan antes de fines de diciembre. El gran desafío es encontrar a los más de 10.000 restantes y convencerlos de que, finalmente, confíen en un Estado que ha dado todo tipo de bandazos jurídicos en el tratamiento a los desmovilizados y en que los programas oficiales son el mejor camino para volver a la vida en sociedad. Con las limitaciones impuestas por el Estatuto Anticorrupción, la ACR no ha podido emprender campañas masivas de radio y televisión para convocarlos.

El segundo problema tiene que ver con la concepción de fondo con la que se viene adelantando el proceso de justicia transicional en Colombia: en lugar de seleccionar y priorizar los crímenes y perpetradores más emblemáticos, como se ha hecho de Nuremberg a Ruanda, en Colombia se está procesando a cada individuo y cada delito ligados al conflicto armado, desde una masacre hasta el robo de una gallina, lo cual pone una carga aplastante sobre los frágiles hombros de la justicia.

La Ley 1424 no es la excepción. Los desmovilizados obtienen el beneficio de que se les suspendan la orden de captura y la ejecución de la pena, pero sus procesos no se interrumpen y a los que no los tengan, habrá que abrírselos. Resultado: la Fiscalía, que ha logrado en seis años solo cuatro sentencias contra los escasos 4.000 procesados que tiene en Justicia y Paz, tendrá ahora que investigar y acusar a 26.000 incriminados; y los jueces tendrán 26.000 casos más empolvándose en sus atiborradas estanterías. Ello, sin contar con lo que les espera a los desmovilizados que cumplan: como recomendación ante sus potenciales empleadores tendrán un Pasado Judicial que diga "condenado por concierto para delinquir", con lo cual sus posibilidades en el mercado laboral y sus incentivos para no volver a las armas se reducen dramáticamente.

Estos problemas tienen que ver, en parte, con el hecho de que, en medio del protagonismo ganado por las víctimas a nivel nacional y en un entorno internacional cada vez más alérgico al perdón y más defensor de los derechos de las víctimas, el margen de maniobra del gobierno se ha reducido drásticamente. Las cortes 'peluquearon' el delito político (del cual se excluyó el concierto para delinquir agravado, por ejemplo), la sedición y el indulto para los miembros de las AUC. La Corte Suprema decidió, en 2008, que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo es un delito de lesa humanidad, lo que cierra la puerta a casi cualquier beneficio para quienes hayan incurrido en él. En 2010, la Corte Constitucional dictaminó que no se podía aplicar a los desmovilizados rasos de las autodefensas el principio de oportunidad -el gobierno había propuesto que se usara para seleccionar qué casos investigar y cuáles no, a cambio de la colaboración del incriminado-. Esto llevó a la apresurada aprobación de la Ley 1424, a la que la Corte acaba de impartir su bendición constitucional.

Sin embargo, aunque da a los paramilitares desmovilizados garantías de estabilidad jurídica y refuerza al Estado para seguir invitando a otros a dejar las armas, la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1424 no calmará la tormenta jurídico-ideológica que arrecia en el país. En el fondo, el problema no es la reintegración de los desmovilizados rasos, sino el debate entre quienes creen que sin generosidad con los victimarios no se llegará a la paz y aquellos que anteponen el castigo judicial y los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. Mientras el país no llegue a acuerdos mínimos sobre cómo equilibrar esas cargas, seguirá como un náufrago, con salvavidas, pero sin tierra a la vista.