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¡Sálvese quien pueda!

Tras el debate político, surge ola de recriminaciones mutuas entre altos funcionarios por la fuga de Escobar

7 de septiembre de 1992

UNA SERIE DE LLAMADAS por radioteléfono, interceptadas por los organismos de inteligencia la mañana del 25 de junio pasado, fue la primera pista que llevó a las autoridades a pensar que algo extraño estaba sucediendo en la cárcel de La Catedral. Fueron las conversaciones telefónicas que sostuvo Otoniel González Franco, alias Otto con tres de sus socios. La primera fue con Brance Muñoz Mosquera, alias Tyson. En un mensaje cifrado Otto le ordenó a Tyson "recoger toda la gente y llevarla de inmediato a la finca antes de que anochezca". Minutos después llamó a una mujer para encargarle "despejar el camino para que la gente que iba a llegar a la finca no tuviera contratiempos". Y la tercera llamada fue para ordenarle a un hombre de voz chillona que "tuviera todo preparado para guardar los pollitos debajo de la cama".
Los detectives que ese día habían rastreado las llamadas de Otto desde la cárcel de La Catedral quedaron desconcertados. No entendieron ni jota de las órdenes que había impartido uno de los lugartenientes de Escobar. Y mucho menos pudieron establecer a qué hacían referencia las palabras "finca", "camino" y "pollos". En el mundo del narcotráfico la utilización de claves ha sido el éxito de los negocios y de las cuentas por cobrar. Y cualquiera de estas palabras podía significar tráfico de droga o ajuste de cuentas. Pero era demasiado riesgoso para las autoridades jugársela con alguna de las dos teorías. O incluso con ambas.
Sólo unos días después las cosas comenzaron a tener claridad. El 5 de julio aparecieron los cuerpos de siete hombres asesinados en el baúl de un carro. Habían sido torturados e incinerados. Todo parecía indicar que se trataba de una venganza más entre narcos de poca monta. Pero cuando las autoridades establecieron las identidades de los muertos, se ató el primer cabo de las conversaciones de Otto con su gente. Se trataba de los hermanos Fernando y Mario Galeano, Kiko y Willian Moncada, José Ocampo, alias Pelusa y sus guardaespaldas. Ellos hacían parte de la cúpula del cartel de Medellín, y eran socios y compadres de Pablo Escobar. Por primera vez los organismos de inteligencia tuvieron la certeza de que había comenzado una purga al interior del cartel.
Pero la pregunta que flotaba en el aire era ¿quién o quiénes habían ordenado dicha purga? Las respuestas se fueron dando en el transcurso de los siguientes días. Las autoridades establecieron que familiares y amigos de las personas asesinadas habían abandonado sus casas y fincas localizadas en Medellín y que estaban pagando escondederos a peso porque temían por sus vidas. Una vez más los agentes de los organismos de inteligencia lograron interceptar una serie de llamadas hechas desde La Catedral por varios lugartenientes de Escobar. Pero esta vez las conversaciones no fueron mensajes en clave. Se habló de manera clara y directa. En una de esas conversaciones los detectives descubrieron que la supuesta finca a donde fueron llevadas las personas que requería quien daba las órdenes no era otra cosa que la propia cárcel de Envigado. Y allí, Otto ordenaba a su gente llevar a otras 10 personas quienes debían rendir cuentas por sus acciones.
Dos de esas personas lograron escapar de la cacería que hacían los hombres de Tyson. Y para salvar sus vidas decidieron convertirse en informantes de las autoridades y aportar los datos necesarios para establecer el porqué de esa purga al interior del cartel. A esos dos testigos se sumaron aproximadamente ocho más y por primera vez las autoridades, desde que están enfrentadas al narcotráfico, pudieron armar un expediente, de primera mano, de las actividades ilícitas de Escobar. Pero los testimonios de los antiguos socios y amigos de Escobar fueron más allá y se puso sobre el tapete lo que todo el mundo sabia pero que nadie se atrevía a decir: que la cárcel de Envigado era una oficina de negocios y una finca de recreo donde el jefe del cartel de Medellín recibía a sus amigos sin que ninguna autoridad dijera esta boca es mía para denunciar las irregularidades que allí se presentaban. Esa información fue suficiente para que el fiscal general de la Nación Gustavo de Greiff solicitara una audiencia con el presidente César Gaviria. Después de enterar al mandatario de toda esta cadena de irregularidades, el Fiscal le comunicó al Presidente que había tomado una decisión: trasladar a Escobar de Envigado a la IV Brigada del Ejército en Medellín y a sus lugartenientes a la cárcel de Itagüí mientras se tomaban los correctivos del caso y se investigaba quiénes eran los responsables de estas irregularidades. "Hoy no sé qué es más aberrante: lo que sucedía en La Catedral o lo que pasó cuando se tomó la decisión de trasladar al preso más importante del mundo. Todavía no tengo una respuesta", dijo De Greiff.
CARTAS VAN...
Tres semanas después de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de Envigado continúa el juicio de responsabilidades sobre quiénes fueron los culpables de la fuga. Si es cierto que en estas tres semanas han rodado las cabezas de militares y civiles que estuvieron al frente del fracasado operativo y que el alto Gobierno salió relativamente bien librado del debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República, todavía falta mucha tela por cortar. A la fuga la han antecedido una serie de hechos que van desde las suntuosas comodidades de que gozaba Escobar en su cautiverio, hasta las acusaciones mutuas que se han hecho uno y otro funcionario para salvar el pellejo. Mientras tanto, el fiscal general Gustavo de Greiff sigue agitando el asunto. La semana pasada visitó personalmente la cárcel de La Catedral y después de recorrerla durante dos horas, dijo a la opinión pública que "la corrupción en La Catedral causa asco". Emplazó a la Procuraduría y a los Ministros de Justicia y Defensa a responder por qué ninguna de esas entidades denunció a tiempo las irregularidades que ocurrían en la cárcel de Envigado. "No es posible que un preso viva en semejante lujo sin que nadie lo hubiera denunciado. Las neveras, los muebles, las cortinas, los televisores no pudieron entrar en la guantera de un carro", señaló indignado De Greiff.
Estas declaraciones del Fiscal generaron otra fuerte polémica entre las entidades que han tenido que ver directa o indirectamente en el manejo de la cárcel. El primero en pronunciarse fue el procurador Carlos Gustavo Arrieta. No se había bajado del avión que lo traía de España, donde cumplió una serie de compromisos oficiales, cuando se pronunció sobre las declaraciones del Fiscal y las del propio presidente Gaviria, quien en una corta carta al jefe del Ministerio Público, había señalado que no se explicaba cómo "los vergonzosos hechos de La Catedral fueron encubiertos y nunca fueron puestos en conocimiento de sus ministros".
Pero los descargos de la Procuraduría en lugar de aclarar las cosas lo que hicieron fue levantar más ampolla y enredar aún más el ovillo. Documentos obtenidos por SEMANA demuestran que desde el pasado 27 de enero el Gobierno sabía lo que estaba ocurriendo en la cárcel de Envigado. A comienzos de año, la Procuraduría designó a un grupo de funcionarios con el fin de realizar una visita sorpresa al penal, para averiguar sobre las condiciones de reclusión. Los funcionarios iban con ojo de lupa para determinar si había armamento distinto al que utilizaba la guardia o algún otro tipo de comunicación diferente al de la administración de la prisión, y para verificar si se cumplía con el reglamento de visitas. En el informe rendido los funcionarios destacaron dos puntos. El primero tenía que ver con la situación jurídica de Roberto Escobar. Según el documento de los funcionarios del Ministerio Público, el hermano de Pablo Escobar estaba detenido en la cárcel de Envigado más por una cuestión de seguridad del propio Escobar que por un requerimiento jurídico. El otro punto tiene que ver con las 162 fotografías que los funcionarios tomaron de las instalaciones de la cárcel. Aunque las fotos muestran el lujo en que están viviendo los presos, el informe rendido por la comisión de visita en ninguna de sus cinco páginas hace referencia a ellos. Sólo se anexan las copias y los negativos de los rollos fotográficos.
Con esos datos en sus manos, el procurador Carlos Gustavo Arrieta se reunió informalmente con el presidente Gaviria el 28 de enero. El Jefe de Estado consideró que era urgente que el Ministro de Justicia tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo en La Catedral para que se tomaran las medidas del caso. Al día siguiente, 29 de enero, Arrieta le envió una carta al entonces ministro de Justicia, Fernando Carrillo, en la cual lo enteró de la visita practicada por ese despacho a la cárcel de Envigado, le anexó las fotos que se tomaron y le solicitó "adoptar los correctivos que estime pertinentes" si lo descrito por la Procuraduría no se ajustaba a los reglamentos penitenciarios.
Ese mismo día Arrieta también le envió una carta al ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda en la que lo notificó de la carta enviada a Carrillo. Igualmente le solicitó, que como ese despacho tenía que ver en parte con la seguridad de la cárcel, le hiciera conocer cuáles eran los correctivos que se iban a tomar.
Las respuestas de los dos funcionarios del Gobierno al Procurador General, se produjeron unas semanas después. El primero en contestar fue Rafael Pardo. En un documento de 10 páginas, fechado el 12 de febrero, Mindefensa le informó a Arrieta de las medidas de seguridad que había tomado el Ejército para garantizar la seguridad de la prisión de La Catedral.
Por su parte Carrillo respondió el 28 de febrero. En un documento de nueve páginas, le señaló que él también se encontraba preocupado por la situación que se estaba viviendo en La Catedral y describió en detalle las medidas correctivas que se iban a adoptar, advirtiendo que los problemas financieros y los altos costos de las obras habían sido un obstáculo para cumplir con los objetivos para la seguridad de la cárcel. Al final de la carta Carrillo anota que su despacho había tomado la decisión de nombrar al teniente coronel Hernando Navas Rubio como nuevo director de Prisiones y al teniente coronel (r.) Homero J. Rodríguez para ocupar la dirección de la cárcel de Envigado. El último párrafo de la carta de Minjusticia señalaba que había "impartido instrucciones para que se investigue, con toda severidad, al anterior director de la cárcel de Envigado Jorge Pataquiva.
En todo este cruce de información, de cartas que van y vienen, ninguno de los tres funcionarios volvió a tocar el tema de las fotos tomadas por los funcionarios que realizaron la visita a la cárcel de Envigado.Todo parece indicar, que independientemente de los lujos del cautiverio de Escobar y sus lugartenientes, la preocupación central era garantizar que no se fueran a fugar de la cárcel.
LA OTRA PATA
Era pues imperioso adelantar las obras que hicieran de La Catedral una verdadera cárcel de alta seguridad. Como se trataba de algo urgente, el Consejo de Ministros impartió doble aprobación -para contratación directa y urgencia evidente- al contrato por 2.400 millones de pesos, en un procedimiento que hoy la Procuraduría cuestiona. Carrillo anota que, aparte del visto bueno del Consejo de Ministros, el contrato fue aprobado por el Consejo Estado y sometido con éxito al control posterior de la Contraloría.
Sin embargo, lo que puede ser más complejo para Carrillo en toda esta historia sobre la fuga de Escobar no tiene que ver con el asunto de los contratos. Su problema, según la Procuraduría, puede radicar más bien en el supuesto nombramiento de dos ex funcionarios que inicialmente habían sido removidos ante las primeras denuncias de la Procuraduría sobre las irregularidades de la cárcel. Se trata del ex director de Prisiones Manuel Cáceres Forero y del ex director de la cárcel de Envigado Jorge Pataquiva. Este punto se complicó porque en un principio Carrillo sostuvo que Cáceres tenía una vinculación ad honorem, y poco después las investigaciones establecieron que sí existía un contrato con él. En el caso de Pataquiva, el mismo ex ministro había ordenado una investigación disciplinaria contra el ex director de la cárcel de Envigado, y hoy Pataquiva se encuentra a cargo de la oficina de presupuesto de prisiones del Ministerio de Justicia.
Carrillo se defiende diciendo que Cáceres fue vinculado ad honorem, dentro de una comisión de ex directores de prisiones creada por el Gobierno para estudiar la política carcelaria. Agrega que pocos días antes de retirarse del Ministerio, se enteró de que una de las firmas privadas que había sido contratada por el Ministerio en una consultoría sobre temas de seguridad, había notificado al Ministerio que su representante ante dicha entidad era Cáceres. "Como me retiré -manifestó a SEMANA el ex ministro-, yo no supe más de ese asunto". En cuanto a Pataquiva, alega que la división de inspección de la Dirección de Prisiones lo investigó disciplinariamente por las denuncias de la Procuraduría y concluyó que como lo único que ésta denunciaba eran lujos en la cárcel y estos lujos no están prohibidos, no había motivos para destituirlo. Como Pataquiva era un funcionario de carrera, tenía pleno derecho a seguir trabajando en Prisiones.
Lo único claro es que los debates seguirán y parecen haber entrado, en medio de acusaciones mutuas y contradicciones, en un período de "sálvese quien pueda". Es pronto para hacer juicios sobre la actuación de cada uno de los funcionarios, en especial si se tiene en cuenta que todos estos asuntos se volvieron graves no por sí mismos, tanto como por la fuga de Escobar. -