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| 3/29/2016 10:13:00 PM

El Calvario de Samuel Moreno

Tras recibir una condena de 18 años por el contrato de las ambulancias, el exalcalde de Bogotá sólo atinó a preguntar: ¿Cuándo arranca el otro juicio?

La sala de audiencias número 408 estaba llena de asistentes y periodistas. De un lado estaba el fiscal Juan Vicente Valbuena con una asistente. Hacia el centro estaban Samuel Moreno y sus dos abogados. Y en el otro, el representante de la Procuraduría y uno de las víctimas, en este caso el Distrito de Bogotá. Al frente el juez 14 penal de conocimiento.

Fue precisamente ese juez, Óscar Garzón Vega, quien durante cuatro horas y media se tomó la palabra para poder explicar a fondo el fallo que derivó en una larga condena al exalcalde Samuel Moreno. Sólo hizo un receso de 10 minutos que fueron eternos para Moreno.

En ese momento del receso ya se había regado la noticia según la cual la condena para el exalcalde era de 18 años de prisión y el traslado a la cárcel La Picota. Se regó por cuenta de un trino en la cuenta de Twitter de la Fiscalía que anticipó los años de la pena. Pero el juez aún no daba tal veredicto. El dato llegó a oídos del exmandatario distrital y por eso le preguntó al funcionario judicial que si era cierto que su condena se extendería a ese número de años. Pero él, con tono tranquilo, le dijo: “Cuando lo escuche por mí, esa será la decisión".

La audiencia se reanudó y Samuel Moreno hacía anotaciones en unas hojas de bloc amarillas. Siempre guardó compostura y por momentos hablaba al oído con sus representantes legales. Miraba fijamente al togado y se mostraba resignado a su suerte.

Por su mente, quizá, pasaban los días de gloria, como miembro de una de las familias de mayor prestigio y tradición política no sólo en la capital, sino en el país. No era para menos, el hombre que fue condenado por el carrusel de la contratación es el nieto del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República (1953-1957),  e hijo de la capitana, María Eugenia Rojas, la primera mujer en Colombia en ser candidata presidencial (1974). Hasta hace unos años, Moreno tenía perfil de presidenciable.

También haría memoria de su recorrido por la alcaldía mayor, la que conquistó gracias a 900.000 votos y tras derrotar a Juan Lozano. También pensaría en los pecados que un juez ahora le endilgaba: el haber puesto a disposición de un grupo de políticos –incluido su hermano Iván– y empresarios el dinero destinado a la salud de los bogotanos.

El funcionario judicial continuaba leyendo su extenso escrito. Allí describía cómo un contrato para el servicio de ambulancias para la capital por 67.000 millones de pesos se había convertido en el eje de una trama de corrupción de la que Samuel Moreno hizo parte. Ya en una audiencia anterior, el juez vinculó al exalcalde en una red "que solo pueden ser llamados hampones de cuello blanco". Fue una estocada previa al gran golpe histórico de una condena para un alcalde de la capital.

El juez le dijo, mirándolo por momentos, que falló en la confianza de los capitalinos que lo eligieron y también puso en riesgo la salud pública: “Para adjudicar este negocio se pagaron sobornos y comisiones y hubo una cooptación burda de la estructura del Estado, en medio de un contrato que era para la prestación de servicios de salud en Bogotá".

Después llegó el gran golpe para Moreno: 18 años de prisión con un elemento adicional demoledor. El administrador de justicia le impuso una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos. En ese momento Samuel bajó la cabeza y escribió sus notas. Era la muerte política.

La suerte estaba echada, y el funcionario judicial remató su decisión contra Moreno Rojas al notificar al Inpec que debía trasladarlo de la Escuela de Caballería de la Policía, donde estuvo recluido durante más de cuatro años, a un centro penitenciario: La Picota.

Al final de la audiencia, con la voz entrecortada, Samuel Moreno anunció ante el estrado que apelaría el fallo. Cuando ya la decisión era un hecho, sólo atinó a preguntar a los fiscales del caso que cuándo se iniciaba el próximo juicio en su contra. Recibió la lacónica repuesta: el 7 de abril.

Este otro proceso corresponde al presunto cobro y al pago de comisiones que habría hecho el exmandatario para la asignación de obras, como mejoras y ampliaciones de la malla vial de la capital.

Por estos hechos la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión (cobro de comisiones ilegales). Un proceso más para un hombre que se acostumbró a la gloria, pero que ahora afronta su peor infierno.

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