Samuel Moreno podría quedar en libertad

Han pasado casi cuatro años desde cuando Samuel Moreno fue suspendido de la Alcaldía de Bogotá; más de tres desde cuando la Fiscalía lo vinculó a la investigación por el carrusel de la contratación que se robó los recursos de la ciudad y más de cinco meses desde cuando la misma Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra. Desde entonces, la justicia ni siquiera ha empezado el juicio. Y a pesar de ello, el exalcalde de Bogotá podría recuperar la libertad.

La cosa parecería de no creer, pero la llave a libertad del exfuncionario y exdirigente del Polo Democrático estaría en una sentencia de la Corte Constitucional, la C-390 de junio del 2014. En ella, el alto tribunal advirtió sobre un “vacío jurídico” en el Código de Procedimiento Penal, pues no señala con precisión si los términos para decretar la libertad por vencimiento de los mismos, se deben contar en el momento en el que la Fiscalía presente su escrito de acusación, o si debe ser a partir de la audiencia de imputación de cargos.

Para llenar ese vacío, la Corte Constitucional, en primer lugar, señaló que los términos se deben contar a partir del momento en que la Fiscalía radique el escrito de acusación, y le dio plazo al Congreso de reglamentarlo de esa forma hasta el próximo 20 de julio. Si el Congreso no expide la ley, los jueces estarían en la obligación de dejar en libertad a quienes se les haya vencido los términos.

Actualmente, el Código de Procedimiento Penal señala que cuando hayan trascurrido 60 días, contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, y no se haya dado iniciado a la audiencia de juicio oral, los procesados pueden pedir su libertad, salvo en casos de graves delitos.
 
A la luz de la ley, y por los efectos de la mencionada sentencia de la Corte, Samuel Moreno podría reclamar su libertad. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exalcalde el pasado 24 de octubre. Hasta la fecha, han pasado siete meses (210 días) sin que se haya iniciado el juicio.

En la misma situación estarían otros detenidos. Comenzando por varios implicados en el carrusel de la contratación, y hasta dirigentes políticos como el exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez, a quien incluso un juez, en una decisión cuestionable, lo puso unas horas en libertad.

Ante estas circunstancias, y tras la sentencia de la Corte, el Gobierno presentó un proyecto de ley para reglamentar las medidas de aseguramiento y evitar una salida masiva de presos. Lo hizo el año pasado, con el propósito de que antes del 20 de julio fuera aprobado por el Congreso.

En el texto, el Gobierno propone que ya no sean 60 días para el vencimiento de términos, sino ampliarlo hasta 120 días.

Sin embargo, cuando apenas faltan ocho días hábiles de sesiones, al proyecto le faltan dos debates para que se convierta en ley. El problema para el Gobierno es que los dos debates que restan debe adelantarlos la Cámara de Representantes, que en estos días está bastante ocupada con la reforma al equilibrio de poderes.

Si esa ley no se expide, el próximo 20 de julio podría haber una masiva excarcelación en el país, de la que se podrían beneficiar dirigentes políticos como el exalcalde de Bogotá.

De lo contrario, la Fiscalía o los jueces deberán demostrar que el juicio no se ha podido adelantar por maniobras dilatorias de la defensa, que sería el único recurso para que Moreno se mantuviera en prisión.

En otras palabras, la libertad del excongresista del Polo estaría en manos del Congreso, si no alcanza a expedir la ley que evitaría tales excarcelaciones.