Otro lío para el exalcalde Samuel Moreno

El año termina y los problemas para el exalcalde Samuel Moreno no acaban. Ahora le salió una nueva ‘pata’ a sus líos judiciales, puesto que la Fiscalía lo comprometió con el proceso en el que están enredados varios concejales y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano. Se trata del famoso contrato de 67.000 mil millones de pesos que se firmó para la prestación de servicio de ambulancias en la capital del país.
 
Según se conoció, la Fiscalía le imputará a Moreno el delito de cohecho propio porque, al parecer, recibió junto con otros de los implicados el 9 % del monto del contrato, es decir, por cerca de 6. 000 millones de pesos.
 
Este nuevo proceso en contra del exmandatario capitalino se suma a los otros dos que lo mantienen privado de la libertad. En su primera investigación, Moreno fue indagado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, peculado por apropiación y concusión. En el segundo proceso se le indaga por las conductas de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
 
La primera imputación
 
En la primera imputación hecha el 19 de septiembre del 2011, Moreno no aceptó ninguno de los cargos y aseguró que no ha sido "autor ni participe, ni tampoco determinador, de conducta delictiva alguna. De los cargos que se me imputan no se infiere ninguna responsabilidad por parte mía".

Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que en las etapas precontractuales, de las cuales es responsable la administración, fueron adulterados los pliegos, se presentaron varias empresas en los procesos de contratación con el objetivo de conseguir los contratos y se aprovecharon las relaciones familiares para concentrar la contratación.
 
El entonces fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Ricardo González recordó que la investigación del ente acusador permite explicar cómo Samuel Moreno terminó involucrado en compromisos de contratos a las mismas personas.
 
Se refirió entonces a su hermano Iván Moreno y la votación para el Congreso que logró en Sahagún (Córdoba). "En su primer periodo sacó un voto allí, pero para el periodo 2010-2014 fue de 3.800 votos", sostuvo el fiscal.
 
El representante del ente acusador subrayó que se creó una comisión de éxito diseñada "por un abogado muy cercano" con el objetivo de garantizar la adjudicación de los contratos. Recordó que para la adjudicación de los contratos 071 y 072 de la malla vial se cobraban comisiones de entre el ocho y el diez %.
 
González señaló que el entonces alcalde tuvo un interés indebido en “la cesión de los contratos”, refiriéndose a la caducidad de los mismos. Estos fueron los al final destaparon el escándalo.
 
Según el ente acusador, para su campaña Moreno recibió dinero de los principales contratistas que para entonces tenía la ciudad, Emilio Tapias y Julio Gómez. Esto a cambio de la entrega de los contratos.
 
Sobre el delito de peculado, el fiscal habló de la Fase III de TransMilenio y de la cesión del contrato a Conalvías. "En febrero del 2010 Conalvías de manera unilateral radica una propuesta al IDU para que se le tuviera en cuenta como posibles cesionarios".
 
El peculado es, según el fiscal, de 218.000 millones de pesos y se configura en el favorecimiento a contratistas (Conalvías).
 
Sobre el delito de concusión, el fiscal hizo referencia al encuentro ocurrido el 13 de mayo del 2010 en la sala VIP de Avianca, en el que según el fiscal, Moreno habría solicitado una suma de 5.000 millones de pesos a Miguel Nule.

El segundo proceso
 
El 27 de noviembre del 2011 la Fiscalía le realizó la segunda imputación ante la delegada de la Corte Suprema de Justicia. Ese día le entregó una detallada descripción de los hechos por los que se le abrió la indagación a Moreno.
 
En cuanto al delito de concierto para delinquir, el fiscal aseguró que desde los meses de diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer los delitos contra la administración pública.

En cuanto al delito de peculado por apropiación agravado, el fiscal aseguró que Moreno conoció el contrato IDU No 137 de 2007 entregado a la Unión temporal Transvial del Grupo Nule (Fase III de TrasMilenio) con el que se hicieron actuaciones administrativas que permitieron que la empresa se apropiara de 190.266 millones de pesos.

Según la Fiscalía se consiguieron documentos en las oficinas del abogado Álvaro Dávila que probaban no sólo la cercanía entre este y Samuel Moreno, sino un manuscrito en el que el jurista relaciona a los ‘Moreno’ con un porcentaje de comisiones del Grupo Nule.

La Fiscalía también aseguró que Emilio Tapia, uno de los que participaron en el descalabro de las finanzas distritales, “era importante como intermediario ante los funcionarios del IDU”, para el logro de los propósitos de este grupo de funcionarios y contratistas.

Semana.com estableció que la Fiscalía no descarta más adelante, abrir otra indagación contra Moreno, por hechos que también lo vinculan a irregularidades durante su mandato y que se encuentran en indagación.