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| 4/23/2011 12:00:00 AM

San Andrés en la mira

SEMANA estuvo en las islas y fue testigo del miedo que dejaron 24 homicidios el año pasado, ocasionados por la pelea entre bandas de la región que trabajan para Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos.

El 9 de junio a las 5:30 de la tarde sonaron las sirenas en San Andrés. Siempre suenan cuando matan a alguien. Dos personas en moto habían parado frente a un gimnasio sobre la avenida Francisco Newball, una zona residencial frente al mar en la mitad de la isla. Uno de ellos se bajó y descargó su arma contra José Ramos, un exvigilante del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Cerca de él estaba Jonathan Gutiérrez, un niño de 15 años que estaba haciendo ejercicio. "¡Hey, por qué lo matas!", protestó el joven. El sicario también lo mató.

El año pasado, la isla registró 24 homicidios como este, una cifra exagerada si se compara con los diez que en promedio hubo entre 2003 y 2009. Y en el 'continente', como ellos le dicen al interior del país y de donde vienen la mayoría de turistas a estas playas, se registraron 12 asesinatos de isleños.

San Andrés y Providencia llevan más de 30 años viendo cómo pasa por aquí la droga que va hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos. Los isleños conocen las casas, los hoteles y los puertos donde el cartel de Cali anidó en los ochenta. Pero el año pasado el negocio sufrió un cambio dramático: tres bandas de isleños aprendieron cómo es el negocio del narcotráfico y ahora trabajan para Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos, las mismas bandas emergentes que en el 'continente' se disputan territorios para sacar la droga y que son ahora el nuevo enemigo de la fuerza pública.

Esas tres bandas de isleños son las de 'Chiqui', Los Mellos y 'Palma', quienes hasta finales de 2009 tenían acuerdos para manejar las rutas del narcotráfico. Pero 'Chiqui' ascendió en el negocio y comenzó a cobrarles a los otros por las rutas. De ahí las muertes. "También es porque se quedan con plata de los narcos, o porque se pierden con el cargamento", dice el trabajador de una posada que habló con SEMANA y pidió la reserva de su nombre, por seguridad. El statu quo se rompió y por eso esta ola de asesinatos, que generó incluso una masiva manifestación de protesta, el 4 de marzo, de los pobladores atemorizados.

La Policía asegura que la mitad de los 24 homicidios de 2010 fueron de tipo sicarial y por ajustes de cuentas entre estas bandas. Y lo mismo sospecha de buena parte de los 12 isleños asesinados en el 'continente'.

Cuando aparecieron los crímenes, las autoridades comenzaron los operativos. En los últimos ocho meses, la DEA y la Policía capturaron 28 personas, seis de ellas sanandresanas con fines de extradición. La detención más importante fue la de Paola Padrón, 'la Gordita', quien conseguía las cartas de navegación en la Armada de Cartagena y las trazas de aviones americanos para vendérselas a las organizaciones criminales hasta por 12 millones de pesos. Los operativos y las incautaciones comenzaron en mayo y en agosto se dispararon los asesinatos. "Comienzan a acusarse entre ellos de quién los aventó con las autoridades", dijo a SEMANA un policía que investiga el caso.

"Aquí los que se han lucrado con el negocio de la droga son de bajo perfil. Personas que construyen su casa de dos pisos, con acabados bonitos. De pronto se compran un carro lujoso y ya", dice el general Óscar Gamboa, comandante de la Regional 6 de Policía que llegó a la isla al día siguiente de la marcha y quien trajo 100 hombres más para reforzar a los 500 que ya había.

A los casos de corrupción en la Armada se suman los de la Policía y la justicia. SEMANA conoció investigaciones a agentes que presuntamente venden armas y cuadran crímenes. Al parecer, en un asesinato del pasado 22 de noviembre está involucrado un uniformado que recibió seis millones de pesos por avisarle al sicario dónde estaba la víctima. El general Gamboa confirmó que hasta el momento van 52 policías trasladados, de los cuales 35 están investigados disciplinariamente y a 20 se les abrieron procesos.

En mayo pasado se capturaron cuatro personas con casi trescientos kilos de coca cerca de Nicaragua. Y aunque aceptaron los cargos, el juez las dejó libres. Después se descubrió una grabación en la que un abogado dice que pagó 20 millones de pesos al juez por la liberación de los detenidos.

Partida en dos

La zona turística de San Andrés es imponente. A un lado, el mar Caribe de azules vivos. Al otro, turistas eufóricas que acaban de descubrir la nueva tienda Victoria's Secret; familias cargadas de paquetes con productos que consiguieron hasta 40 por ciento más baratos que en el resto del país, dada la condición de puerto libre que le dio a la isla Rojas Pinilla en los años cincuenta. "La seguridad que sientes aquí no la sientes en ninguna parte de Colombia", le dice Melba a su novio gringo.

Pero en la otra parte del archipiélago, la de los raizales, hay silencio sobre las muertes del año pasado y de las tres en lo que va de este. Un investigador de la Policía Judicial que tiene en sus manos el caso del crimen en el gimnasio no ha podido encontrar quien atestigüe contra el asesino. "Aquí se ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa, pero ni pagando consigue uno información", dice. Hasta la fecha, solo están capturadas tres personas por dos de los 12 homicidios selectivos del año pasado. Solo una de ellas está condenada.

Ese silencio es síntoma del miedo y la desconfianza. En un espacio de 26 kilómetros cuadrados en el que habitan unos 100.000 habitantes (30 por ciento raizales), todos se conocen con todos. Y por eso nadie habla de nadie. Pero algunos raizales se justifican. Un viejo pescador artesanal dice que el narcotráfico lo trajeron los continentales. Asegura que varios compañeros suyos salieron de la cárcel de Tampa, donde incluso hay un pabellón de San Andrés con un afiche de Bob Marley (hay unos trescientos sanandresanos presos en cárceles de Estados Unidos). "Las autoridades nos tienen estigmatizados. Yo confiaría más en un policía que hablara mi idioma, que hubiera nacido aquí", dice.

SEMANA estuvo en Providencia y allí el ambiente es similar. Aquí los homicidios no han llegado, pero el 19 de febrero de 2010 se encontraron cinco maletas en Santa Marta con los cadáveres de dos providencianos y de una sanandresana. Uno de los jóvenes tenía antecedentes por narcotráfico. El padre Benito Huffington, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, dice que aunque en Providencia hay cero analfabetismo, los jóvenes tienen poco que hacer después de graduarse del colegio. "Aquí no hay bandas criminales, pero se sabe quiénes son los que pasan la droga. ¿Cómo es posible que las autoridades no cojan a nadie?", dice.

Aunque las islas tienen el índice más bajo de desempleo del país, de los 700 bachilleres que en promedio se gradúan al año en San Andrés y Providencia, solo 100 alcanzan la educación superior. El resto se queda trabajando de manera informal en la pesca, el comercio, en los hoteles, en un cargo público o en un crucero.

Ahora la gran pregunta es si el reciente refuerzo policial y la actividad de un cuerpo élite que desde Bogotá viene cerrándoles el camino a las llamadas bacrim evitarán que más inocentes como Jonathan sigan cayendo en esta guerra de grupos organizados que asuela regiones enteras de Colombia, y que ya llegó a la que era su esquina más pacífica.
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