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| 11/19/2013 12:00:00 AM

Los sanandresanos en duelo un año después

Banderas a media asta ondearon en el territorio insular a un año del fallo que le entregó a Nicaragua una porción del mar Caribe.

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EFE
Banderas a media asta ondearon en el territorio insular a un año del fallo que le entregó a Nicaragua una porción del mar Caribe.

Las autoridades de la isla de San Andrés vivieron una jornada de "duelo" por el primer aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que estableció nuevas fronteras marítimas con Nicaragua, pues se sienten perjudicados por esa sentencia.

Las banderas ondearon a media asta y los isleños participaron en una ceremonia religiosa, en obras teatrales y en la lectura de un manifiesto de rechazo al dictamen emitido por la CIJ el 19 de noviembre del 2012, según el diario digital The Archipielago Press.

La gobernadora del archipiélago, Aury Bowie Guerrero, expresó su esperanza en que prosperen las acciones por parte del gobierno nacional para que se dé una revisión del fallo e instó a mantener la soberanía en un territorio "colombiano, que es indivisible y así debe permanecer".

El tribunal de La Haya confirmó hace un año la soberanía del país sobre siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero dejó dos de ellos enclavados y otorgó los derechos de una "zona económica exclusiva" rica en pesca y petróleo a Nicaragua, un área que los isleños entendían como propio.

La antropóloga Inge Valencia, de la Universidad Icesi de Cali, presentó el documental Las caras del fallo, grabado en los últimos 15 días junto con el sanandresano Alfred Robinson, de Native Films, centrado en los testimonios de los habitantes del archipiélago sobre las consecuencias de la sentencia de la Corte de La Haya.

Aunque el Gobierno sostiene que los pescadores tienen plenas garantías para ejercer su actividad y confirman que no se ha cedido un milímetro de mar territorial, la docente ha comprobado que las dinámicas han cambiado para la población, en su mayoría de origen raizal.

Valencia indicó en declaraciones que "de las ocho empresas de pesca industrial que había en la isla, dos están en quiebra y las demás quedaron trabajando con el 30 % de lo que tenían", mientras que los pescadores artesanales de Providencia "ven reducidos los lugares y rutas de faena. La gente ya no sale, por miedo".

Con motivo del primer aniversario del fallo, el comandante de la Armada, vicealmirante Hernando Wills, afirmó en una rueda de prensa con la canciller María Ángela Holguín y con la subsecretaria general de la Presidencia, Paola Buendía, que la soberanía está garantizada en esas aguas.

Incluso informó que en este primer año se han desarrollado 20 operaciones de búsqueda y rescate de pescadores perdidos, se han atacado las mafias del narcotráfico con unas 16 detenciones y no se ha presentado "ningún incidente" con naves nicaragüenses.

Para paliar el deterioro de la situación socioeconómica de los isleños, anclada a un histórico abandono estatal, el Gobierno ha anunciado inversiones por más de 285.000 millones de pesos en una primera fase del llamado Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esta estrategia, que según anunció Buendía tendrá una segunda fase gracias a un crédito de 70 millones de dólares del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), compensó con ayudas a los pescadores.

Pero, a juicio de Valencia, "los auxilios han sido medidas asistenciales" y cortoplacistas que incluso han llevado a algunos pescadores a abandonar sus labores y que no han logrado mejorar las condiciones de vida de una isla en la que "el 40 % de la población tiene el índice de necesidades básicas insatisfechas".

Otro efecto de este fallo ha sido, según la antropóloga, la "reactivación de la discusión alrededor de la autonomía de la población raizal", que reivindica el uso y enseñanza de su lengua, el creole, y la preservación de su cultura más propia del Caribe que de la Colombia continental.
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