MEDIO AMBIENTE
La multa imposible a la Drummond
El 2013 estuvo plagado de escándalos ambientales como el derrame de carbón de la Drummond en Santa Marta, que despertaron la indignación ciudadana. Sin embargo, no se impusieron castigos ni se tomaron decisiones.
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La sanción a la Drummond se ha convertido en un mito en el mundo ambiental. Cuando el presidente Santos anunció indignado la suspensión de la operación de cargue de la segunda empresa carbonera de Colombia “simple y llanamente para sentar un precedente”, se creía que el caso iba a ser un referente de la protección de los recursos naturales frente a la locomotora minera.
El caso estuvo enredado durante meses porque Drummond interpuso acciones jurídicas para aclarar quién debía resolver el asunto, si la Dimar o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). El Consejo de Estado aseguró que ambas entidades eran competentes.
El caso es que casi un año después del incidente la sanción a la Drummond parece cada vez más incierta. Además, la empresa anunció que por cuenta del paro que enfrentó la compañía no podrán cumplir con la exigencia de realizar el cargue de carbón de forma directa que empezará a regir en enero del próximo año.
También quedó pendiente…
Otras importantes decisiones ambientales quedaron este año en el tintero. Estas son algunas de ellas.
La delimitación de Santurbán. Después de más de dos años de puja, todavía no hay consenso sobre cuál es la línea donde empieza el páramo de los santandereanos. Por cuenta de este debate ni la industria minera, ni los habitantes de los municipios de Vetas y California, ni los ambientalistas saben qué se puede hacer y qué no en este ecosistema sagrado.
Con la piedra afuera. El pasado 29 de julio, el 99 por ciento de la población de Piedras (Tolima) le dijo “NO” al proyecto minero La Colosa, que busca explotar uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. Aunque hubo un gran debate sobre si los habitantes pueden decidir sobre su subsuelo, este todavía no tiene punto final.
¿Fin de las corridas? La Corte Constitucional dejó pendiente la decisión sobre si es legal la prohibición del alcalde Gustavo Petro de las corridas de toros. En un fallo anterior, esa corporación sostuvo que estas eran válidas si hacían parte del patrimonio cultural de las ciudades.