El argumento de un trastorno mental obsesivo compulsivo no fue suficiente para que la Procuraduría General sancionara e inhabilitara por diez años a la exsecretaria jurídica de Ibagué Diana Dalila Molano Franco, quien se apropió y gastó $25 millones de pesos pertenecientes al municipio de Ibagué, Tolima.

De acuerdo con la investigación, la entonces funcionaria abrió sin autorización una cuenta de ahorros a nombre del municipio de Ibagué para recibir allí dineros provenientes de remanentes o devoluciones de procesos judiciales. Luego, ella hizo retiros parciales que alcanzaron la suma descrita.

Pero el ilícito no quedó allí. Una vez las autoridades conocieron el manejo irregular de los dineros, la funcionaria presentó documentos adulterados para justificar la consignación de los mismos en la cuenta donde debieron ser depositados los recursos.

La Procuraduría determinó que la exfuncionaria no solo no tuvo un trastorno metal, sino que era responsable del delito de peculado por apropiación.

Para el Ministerio Público es claro que la señora Molano Franco para el momento en que se apropió de los recursos públicos tenía pleno conocimiento de la conducta ilícita y comprensión y determinación de sus actos.

El órgano de control precisó que la valoración médica y científica de la historia clínica de la señora, efectuada por dos psiquiatras y un médico asesor de la dirección de investigaciones especiales de la Procuraduría demostró que el comportamiento no era una transtorno mental, sino que su obsesión era la de "comprar".