SANCIONES A LA VISTA

En la madrugada del jueves pasado había vientos de victoria en la presidencia del Congreso. Después de cuatro meses de discusión, más de un centenar de horas de debate en comisión e incontables reuniones informales, todo parecía indicar que por fin gobierno, Fiscalía, y comisiones primeras de Senado y Cámara habían llegado a un acuerdo para sacar adelante el primero de los proyectos antinarcos: el que busca impedir que los delincuentes puedan disfrutar las propiedades adquiridas con dineros ilícitos. Tras una agotadora jornada que se había iniciado a las seis de la tarde del día anterior, finalmente los principales protagonistas del debate habían llegado a un acuerdo que les permitiría votar al día siguiente sin mayores contratiempos prácticamente la totalidad del proyecto, con excepción del artículo referente a la retroactividad, sobre el cual se había pactado que las diferencias se dirimirían a voto limpio.Sin embargo, la dicha duró poco. Habían pasado apenas unas cuantas horas cuando empezó a hacerse evidente que el acuerdo logrado la madrugada anterior no iba a ser siquiera flor de un día. La sesión citada para las 10 de la mañana sólo pudo empezar a las tres de la tarde, cuando finalmente se completó el quórum y tuvo que levantarse dos horas más tarde, sin haber logrado la aprobación siquiera de la mitad del articulado. Aunque a la legislatura le quedan todavía cuatro semanas, con lo sucedido el jueves pasado en el Congreso, el fantasma de las sanciones económicas de Estados Unidos ha vuelto a rondar. Son pocos los que apuestan a que, después del fallido intento del jueves, todavía sea posible ganar en el Congreso la batalla por aprobar las leyes antinarcos que podrían detener las sanciones. Y en cuanto a la posibilidad de que sean expedidas por facultades extraordinarias o mediante mecanismos de excepción, los pronósticos también resultan poco favorables, aunque hay unos cuantos que creen que aún podría producirse un milagro. El eventual fracaso de los proyectos en el Congreso tiene varias explicaciones. En un principio se creyó, algo ingenuamente, que por el hecho de que el aumento de penas no pudiera aplicarse a los narcotraficantes ya detenidos, éstos iban a permanecer distantes de la discusión. Esto fue un error. No sólo hay todavía libres muchos narcos con capacidad de influir en el Congreso, sino que además quienes se encuentran en prisión no están dispuestos a perder sus bienes sin dar la pelea. Una cosa es pasar varios años en prisión pero salir con parte de la fortuna intacta, y otra salir sin un peso ni para ellos ni para sus familias.Un segundo error fue creer que la mayoría que había apoyado a Samper en el juicio iba a hacerlo también con los proyectos de ley. Lo que pocos sopesaron es que mientras en el caso de la exoneración al Presidente coincidían los intereses de los sectores que influyen más fuertemente en el Congreso _el gobierno, los grupos económicos y los narcotraficantes_ en el de los proyectos, esa comunidad de intereses se rompió. Los grupos estuvieron totalmente ajenos al debate y los narcotraficantes, obviamente, ejercieron su influencia en contra de las iniciativas. A esto se suma el hecho de que aquellos parlamentarios que tienen rabo de paja sienten que podrían verse afectados por las nuevas normas y han desarrollado una intensa campaña por obstaculizarlos, o han decidido retirarse para dejar entrar a sus suplentes. Otro grupo de parlamentarios confesó a SEMANA que no está dispuesto a aprobar la extinción de dominio hasta que no se llegue a un acuerdo sobre normas que favorezcan a los congresistas detenidos. "Si el gobierno no considera la gradualidad de las penas, nosotros no le jalamos a los proyectos", dijo uno de ellos.En cuanto a la posición del gobierno, la sensación que reina dentro del Congreso es que si bien al ministro de Justicia Carlos Medellín le sobró convicción, le faltó experiencia; aunque la mayoría le reconoce que fue mucha la que ganó por el camino. No se puede decir lo mismo del ministro del Interior Horacio Serpa, cuyos mensajes contradictorios y actitud poco decidida contribuyó en buena medida a desorientar a los parlamentarios amigos del gobierno, quienes permanecieron prácticamente ajenos al debate. Una prueba clara de que al gobierno y en particular a Serpa les falló el manejo de sus mayorías parlamentarias es el hecho de que quienes más han apoyado los proyectos han sido los conservadores no lentejos y los liberales independientes. Con estos antecedentes es muy poco probable que en esta semana las comisiones primeras de Senado y Cámara logren sacar a flote los proyectos. Frente a esta perspectiva, el Presidente ya anunció que el gobierno está dispuesto a presentar el próximo martes una solicitud de facultades extraordinarias. Aunque en teoría ésta podría ser una salida, en la práctica tiene serios inconvenientes políticos y jurídicos. Resulta poco probable que el Congreso no apruebe proyectos que aunque no le gusten contienen normas concretas, y sí esté dispuesto a girarle un cheque en blanco al gobierno para que los expida como quiera. Ni siquiera quienes han estado apoyando las iniciativas, como los conservadores oficialistas, están dispuestos a ello. En opinión de uno de los miembros de las comisiones primeras "es más fácil que salga la ley de extinción de dominio con retroactividad, que el Congreso apruebe las facultades extraordinarias". Adicionalmente, es poco clara la viabilidad jurídica que tendría esta alternativa. Constitucionalmente está prohibido expedir o reformar códigos o leyes estatutarias mediante facultades extraordinarias y eso es lo que en la práctica se estaría haciendo de convertir los proyectos en decretos. El gobierno es consciente de estas limitaciones y ha estado analizando otras alternativas. Entre ellas, la posibilidad de expedir las normas por conmoción interior o emergencia económica y social. En el primer caso, aun si la Corte llegara a aceptar la pertinencia de la conmoción, lo único que estaría haciendo el gobierno sería comprar algo de tiempo, pues las normas expedidas sólo tendrían efecto mientras durara la conmoción. En cuanto a la emergencia económica y social, aun cuando hay juristas que la descartan de plano, hay otros que no la consideran descabellada. En opinión de varios constitucionalistas consultados por SEMANA, tal y como quedó definido este tipo de estado de excepción en la nueva Constitución, podría argumentarse que la perspectiva de las sanciones económicas de Estados Unidos constituyen una "amenaza grave e inminente del orden económico y social del país", que justificaría la declaratoria de emergencia y la expedición de las normas tendientes a conjurar esa amenaza. En lo que difieren los expertos es en si la emergencia podría decretarse ahora o habría que esperar hasta que se produjeran las sanciones.De todos modos el futuro jurídico de cualquiera de estas perspectivas es bastante incierto. Lo suficiente como para que quienes hasta la semana pasada se habían mantenido relativamente optimistas, incluido el gobierno norteamericano, estén de nuevo escépticos. Según una fuente del Departamento de Estado consultada por SEMANA "para nosotros es claro que el esfuerzo del gobierno colombiano no ha sido uniforme. Y tenemos la impresión de que en últimas lo que está buscando es lavarse las manos para que sean otros los que tengan que tomar la decisión por él". Si los malos augurios se cumplen, es muy probable que, tal y como se ha venido anunciando, los colombianos empiecen el nuevo año no sólo descertificados, sino además con sanciones económicas por parte de Estados Unidos, cuyo alcance está muy lejos de tener la insignificancia que han querido darle algunos sectores del gobierno.