Sandra Morelli ad portas de nueva investigación por nueve contratos

Nuevos dolores de cabeza se avecinan para la excontralora general Sandra Morelli, que se encuentra en un exilio autoimpuesto en Italia –de allá también es ciudadana-, desde donde señala que no hay para ella un tratamiento equitativo por parte de la Justicia, que la investiga por el polémico contrato del arriendo de la anterior sede del ente de control, ubicada en un elegante complejo comercial del occidente de Bogotá.

Esta semana la Auditoría General de la República presentó a la Fiscalía General nueve presuntos hallazgos fiscales en la Contraloría General para su investigación dentro del ámbito de lo penal. Se trata de igual número de contratos que se firmaron cuando Morelli dirigía la entidad.

El primer reporte de la Auditoría, que ya está en manos de un fiscal, tiene que ver con la provisión de combustible al automóvil personal de la saliente contralora. “A junio del 2014 la suma del suministro ascendió a 1’730.034 pesos”, dice la acusación, que da cuenta de que dicho vehículo no se encuentra en los registros del parque automotor del ente.

Otro de los documentos, el foliado bajo el número 574 y signado con la firma Deloitte Asesores y Consultores Ltda., tuvo como objeto la “actualización del manual de procedimientos” a un costo de 464 millones de pesos. Respecto de este asunto, la Auditoría mostró su desacuerdo con lo pagado, puesto que en el 2012 la entidad había pagado tan solo 13 millones de pesos por un servicio igual.

También se cuestionó un contrato firmado en el 2013 con la misma compañía, para la “prestación de servicios profesionales para análisis y revisión de los procedimientos de la Contraloría General de la República, para la elaboración del presupuesto, ejecución, seguimiento y un análisis del grado de cumplimiento del mismo al 30 de septiembre del 2013”.

Sobre dicha contratación, la Auditoría advierte que no se acreditó la experiencia requerida en los estudios previos de los profesionales de alto nivel y los profesionales adscritos a esa firma para la ejecución del contrato.

Más hallazgos

El ente de control trasladó a la Fiscalía dos contratos más, el 025 y el 213, ambos del 2013, por supuesto incumplimiento de los requisitos de experiencia. Los dos fueron suscritos con la firma Deloitte Advisory S. L. El 025 tenía por objeto: “la implementación de una segunda fase dentro del análisis de la información financiera efectuada por la migración a la versión II del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”.

Aquí se cuestionó que no se pudiera acreditar el título profesional, título en formación avanzada (especialización o maestría), ni la experiencia solicitada de los funcionarios que encargados de esa función. “Sólo se halló un diploma de uno de los funcionarios como licenciado en ciencias económicas”, dice el documento de la Auditoría.

Por otro lado, el objeto del contrato 213 fue para: “la definición y el desarrollo de los procedimientos de conciliación bancaria, cierres contables y gestión de multas administrativas”. La Auditoría advierte que en este caso, respecto de quienes asumieron las funciones, sólo encontró un título en máster en desarrollo de sistemas para el comercio electrónico.

Aparte de lo reseñado, hay cinco negociaciones más bajo el escrutinio de la Auditoría, para un total de nueve. En las restantes se cuestiona la idoneidad de los contratistas, el incumplimiento de los requisitos para las exigencias requeridas, la idoneidad del personal empleado para el cumplimiento del objeto, entre otras.

Ahora, la Fiscalía determinará si estas contrataciones podrían constituir el delito de interés indebido en la celebración de contratos que, como detalle adicional, fueron adelantadas bajo la modalidad de contratación directa. Por lo pronto, Morelli tendrá bastante por qué responder.