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| 9/2/2014 12:00:00 AM

Imputación a Sandra Morelli sigue su curso

La Fiscalía no aplazará la diligencia de este 4 de septiembre pese a que la excontralora salió de país.

La salida del país de la excontralora general de la República Sandra Morelli no será impedimento para que la Fiscalía siga con los planes de imputarle cargo a la exfuncionaria por el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales el próximo 4 de septiembre.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que durante la diligencia que se llevará a cabo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, solicitarán que se declare a Morelli en contumacia (como persona ausente) y así continuar con la indagación aún en ausencia de la funcionaria.

El ente investigador también ofició para que la Defensoría del Pueblo le nombre un abogado público a Morelli que la represente en la diligencia que se adelanten. Además señalaron desde la Fiscalía que no se solicitará medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra la excontralora.

Por su parte, Juan Carlos Prias, el abogado que ha venido representando a Morelli, dijo este martes que nunca le sugirió a su representada salir del país, por lo que afirmó que se vio sorprendido con la noticia.

La Fiscalía le imputará cargos a Morelli por presuntas irregularidades cometidas desde su cargo, tales como el arrendamiento de la nueva sede de la entidad.

En primera medida, la Fiscalía considera que Morelli desconoció el principio de planeación porque presuntamente no se adelantaron los estudios técnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de Bogotá, en los cuales funcionaba anteriormente la Contraloría, presentaban fallas estructurares que impidieran que la entidad siguiera allí.

“Este punto resultaba esencial para decidir si era urgente o no el traslado de sus funcionarios a otras sedes propias o arrendadas”, puntualizó el fiscal Camilo Burbano.

El ente investigador argumentó como segunda irregularidad la posible violación del principio de transparencia, exigido en este tipo de casos y que los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son “simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural objeto de tales edificaciones. Adicionalmente en ninguno fue sugerido el cambio de sede de tal entidad”, dijo el fiscal.

Como tercer punto citado por la Fiscalía está el que presuntamente existieron “graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos mencionados”. Estas se realizaron, según Burbano, con fundamento en una comparación de precios extraídos de una página web. “No fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre sí y que guarden relación con las necesidades de la Contraloría General de la Nación”, explicó el funcionario.

Como cuarta razón, la Fiscalía aseguró que pudo afectarse también el principio de selección objetiva “que desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismos la adquisición de ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliarios, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o en todo caso, al momento de darse por terminado el caso”.

Burbano explicó que con la anterior figura la Contraloría se obligó a llevarse en caso de terminado el contrato, varios elementos de los que compró.

Por último, se señaló que la contralora pudo haber violado el principio de economía porque aun existiendo ofertas más favorables por parte del mismo contratista, el convenio se habría suscrito con un sobrecosto cercano al 10 %, respecto de la oferta inicial recibida por el órgano de control.
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