Consejo de Estado alivia ‘dolores de cabeza’ de Morelli

Tras el nuevo escándalo que supuso el descubrimiento por parte de la Auditoría General de la República de nueve contratos de la Contraloría General de la República firmados por la excontralora Sandra Morelli, anunciado este jueves cuando se le dio traslado a la Fiscalía General en busca de presuntas responsabilidades penales, el asunto dio un asunto de 180 grados.

De manera sorpresiva, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución mediante la cual fueron asignados a delegados los procesos que se llevan en la Auditoría, puesto que el auditor delegado no tenía las competencias para llevarlos a cabo. Es decir, el tema debía asumirlo directamente la titular del ente fiscal, Laura Marulanda. 

Semana.com conoció en exclusiva la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, indica que la auditora Marulanda, al no asumir la investigación, está vulnerando derechos fundamentales de la excontralora. Sin embargo la decisión no frena los procesos en la Auditoría contra la excontralora Morelli. 

Fue así que ordenó la “suspensión provisional de todas las actuaciones contempladas para la asignación de competencias adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la Auditoría General de la República”.

Para la magistrada García es claro que la auditora delegó al director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva -en primera instancia- y al auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal -en segunda- los procesos contra la excontralora con el conocimiento de que esa función era directamente de su despacho, según la ley.

Para la magistrada, la Auditoría tiene los elementos para necesarios para el cumplimiento de sus funciones, “pero considerar que en virtud de ello puede delegar el ejercicio de la gestión fiscal, para que sean las dependencias del organismo las que conozcan en primera y segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, es sin duda un desprendimiento de las funciones constitucionales y legales que inspiraron la consagración de la figura del Auditor”.

El fallo advierte que: “no obstante, esa distribución organizativa que ha sido adoptada por la Auditora General, no puede reemplazar o contradecir la función de la gestión fiscal que ha sido encomendada, se reitera, por la Constitución y la Ley al auditor general y no a sus delegados o dependencias de la entidad”.

Esta decisión se origina por una demanda de nulidad interpuesta por los juristas que representan a la exfuncionaria Morelli, donde solicitan ‘tumbar’ la resolución que le da dientes a la auditora para delegar funciones de investigación.

Para la defensa de Morelli, la auditora Marulanda, “se usurpó de forma grosera la potestad reglamentaria del Presidente de la República prevista en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, en la cual se definen claramente sus funciones”.

Ahora el Consejo de Estado tiene la última palabra, en el trámite que tiene que definir si definitivamente tumba o no la potestad de la auditora para delegar funciones de investigación. Mientras tanto, Morelli se libra de este dolor de cabeza pero tiene otro: el proceso que tiene en la Corte por las supuestas irregularidades del contrato de la anterior sede de la Contraloría en un imponente centro comercial del occidente de Bogotá.