Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/05/21 00:00

Caos en los servicios públicos de Santa Marta

Al decidir revisar los contratos y no renovar los que se van a vencer, el alcalde Martínez ha desatado una batalla política.

En abril se vivió el pico más alto de la sequía en Santa Marta. El alcalde, Rafael Martínez, salió a los barrios a repartir agua en carrotanques y a protestar por el deficiente servicio que presta Metroaguas. Foto: Cortesía Oficina de Prensa Distrito de Santa Marta

Los samarios están agotados y desesperados con la calidad de los servicios públicos, los mismos que desde los años noventa la ciudad entregó a empresas nacionales e internacionales. Por cuenta de eso, los particulares manejan acueducto y alcantarillado, alumbrado público, recolección y disposición final de las basuras, mantenimiento de la malla vial y amoblamiento urbano. Son tan deficientes, que muchos están pidiendo que el Distrito reasuma el control para decidir qué hacer.

Y esa parece ser la línea que tomará el alcalde Rafael Martínez, uno de los hombres de confianza del saliente mandatario Carlos Caicedo, quien dio una dura batalla por recuperar para el Distrito el manejo del cobro de los impuestos, que también había sido entregado en concesión.

Martínez anunció que abrirá una nueva licitación para entregar el acueducto en 2017 en condiciones favorables para el Distrito y para los samarios. Es decir, que pondrá fin a la concesión más antigua y polémica de Metroaguas, que a decir verdad es un arrendamiento de redes, modificado en siete ocasiones en favor de los operadores.

Que varias concesiones terminen durante su administración o que el alcalde haya anunciado revisar las vigentes ha desatado una guerra a muerte, con un sector de la clase política local que ha estado en la sombra de esos negocios millonarios. Incluso algunos aseguran que están buscando sacarlo por medio de escándalos mediáticos y procesos en los organismos de control.

El tono de la confrontación ha ido creciendo. Esta semana, la Alcaldía publicó una campaña que muestra parques reconstruidos, nuevos puentes, vías rehabilitadas y el emblemático Liceo Celedón, reacondicionado. La campaña dice: ‘Yo quiero que Santa Marta siga cambiando. ¿Y tú?’.

Una muestra de lo que el alcalde Martínez quiere hacer está en la dura batalla judicial que la ciudad libró con la firma Recaudos & Tributos (R&T), cuyo principal accionista es Inassa, filial de Canal de Isabel II, que opera el acueducto de Madrid. Su principal directivo, Edmundo Rodríguez Sobrino, fue descabezado de la junta por estar en los Papeles de Panamá.

En 15 años, R&T no cumplió lo que prometió y dejó un hueco en las finanzas públicas, pues a duras penas recaudaba al año el 32 por ciento de lo facturado (85.000 millones). Cuando la Alcaldía entregó esta concesión en 2002, la cartera era de 100.000 millones, y al terminar el contrato el año pasado ascendía a 390.000 millones de pesos. Un año después de recuperar este monopolio, el recaudo llegó a 112.000 millones de pesos y la ciudad ya decretó 800 embargos contra deudores de impuesto predial por valor de 130.000 millones de pesos.

También han sido liquidadas las concesiones para el servicio de grúas y patios y la del edificio del Mercado Público. En este último caso, el Distrito pudo reubicar a una gran cantidad de comerciantes y despejar las calles y andenes de una congestionada zona céntrica.

Historia negativa

Ahora, la nueva batalla de la Administración se centra en recuperar el manejo del agua, entregado en concesión en 1989 cuando el entonces alcalde, Alfonso Vives Campo, decidió liquidar Empomarta y con los activos crear una nueva empresa de economía mixta llamada Metroaguas. Actualmente, esta tiene como socios a Inassa (35 por ciento), Termotécnica Coindustrial S. A. y Eléctricas de Medellín del empresario William Vélez (33 por ciento) y el Distrito de Santa Marta (28 por ciento). El resto es de inversionistas locales.

Durante 27 años Metroaguas ha pasado dificultades para prestar el servicio. Inicialmente la manejaron las familias políticas tradicionales, pero no pudieron y en 1997 entró un socio operador, Inassa. Desde 1990 hasta 2007, el contrato ha sido modificado siete veces, generalmente en detrimento del Distrito. Este inicialmente recibiría el 33 por ciento de los ingresos brutos por el arriendo de las redes, hasta que el alcalde Jaime Solano Jimeno, que había sido gerente de Metroaguas, regaló en 2000 el 31 por ciento y después decidió que la rentabilidad de los activos se invertiría en infraestructura. Es decir, según un experto, las mismas familias políticas que hoy se oponen a la terminación del contrato menguaron los intereses del Distrito. Tanto, que otro alcalde suprimió la cláusula que permitía terminar contrato unilateralmente y creó otra que compromete a Santa Marta a pagarle al concesionario las inversiones a pesar de estar incluidas en la tarifa.

Durante dos décadas, las relaciones entre los alcaldes y la empresa se manejaron con guantes de seda, pero cuando asumió Carlos Caicedo en 2012, el diálogo cambió. Los dos últimos años los reclamos han caracterizado las relaciones entre la empresa y el Distrito. El alcalde le exigió a la empresa hacer inversiones, pero ella respondió que las ha hecho y que la ciudad le debe 50.000 millones.

Otras dos concesiones en capilla para entrar en proceso de terminación son las de alumbrado público, que vence en 2017, y la de la malla vial, que vence en 2020. El alcalde dice que también las va a licitar.

Los gremios ven con preocupación la costosa factura que pagan por alumbrado público. Se trata de un impuesto de 9 por ciento sobre el consumo de energía para los usuarios de estratos 4, 5, 6 e industrial y comercial, y del 7 por ciento para los estratos 1, 2 y 3. A mayor consumo, más se paga. A los samarios les molesta que el grueso del ingreso, más de 14.800 millones de pesos al año, no se usa en mejorar el servicio pues queda en manos del operador. El alcalde Martínez ha dicho que el alumbrado público debe tener luces led y alimentarse de energía solar para bajar el costo. En las oficinas de la empresa en Medellín, Bogotá y Santa Marta, nadie dio explicaciones.

En el caso de la malla vial, los empresarios del turismo, tenderos, asociación de empresarios y Fenalco se quejan por el mal estado de las vías. El contrato que el alcalde Jaime Solano suscribió en 2000 estipuló como inversión la suma de 13.900 millones de pesos, una duración de 20 años y un ingreso esperado de 75.000 millones en 2020. A la fecha, de acuerdo con un informe de la fiducia al Distrito, la concesión ha recibido un poco más de 80.000 millones. Y ahora el alcalde afirma que en los próximos cuatro años el concesionario recibirá cerca de 50.000 millones, pero solo ofrece invertir 1.500 millones.

Jaime Massard, representante legal del consorcio, dijo que de acuerdo con los ingresos la concesión debe terminar en 2019 y aclaró que ellos le han manifestado al alcalde que si quiere terminarla anticipadamente se les reconozcan los créditos pendientes con los bancos y las utilidades esperadas. Massard dice que la obligación que la concesión adquirió fue sobre algunas calles, pero han ido más allá, a medida que los alcaldes les han pedido más y más obras.

Los samarios tienen claro que llegó la hora de revisar las concesiones y tomar decisiones de fondo, pues en estos 30 años -además de no haber recibido beneficios- la ciudad se retrasó en su desarrollo y tiene comprometida su competitividad. Esto porque los inversionistas potenciales revisan en primer lugar la calidad y los costos de los servicios públicos, y los de Santa Marta, además de deficientes, son caros.

La mayoría aplaude que la Alcaldía recupere las concesiones, pero se pregunta si deben quedar en poder de la ciudad, si deben ser entregados de nuevo en concesión o si se debe buscar un nuevo esquema. Por lo pronto, la batalla por el control de los servicios públicos de Santa Marta está que arde.

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