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| 5/1/2014 12:00:00 AM

“Aún no hay rastros de los 20 desaparecidos”

A esta cifra se suman tres muertos en la tragedia. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos en esta región.

El país aún no se repone de la explosión ocurrida al interior de una mina ilegal en el municipio de Buriticá, Antioquia, que dejó cuatro muertos y 90 personas intoxicadas, cuando de nuevo otra tragedia enluta a ese sector.

Pese a que desde muy temprano de este jueves 1 de mayo cerca de siete máquinas retroexcavadoras se unieron a las labores de búsqueda y rescate, hasta el mediodía los organismos de socorro no habían hallado los cuerpos de los 20 mineros que presuntamente quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina.

Así lo aseguró Víctor Claros, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao, municipio caucano que desde la noche de este miércoles está de luto, tras la tragedia ocurrida en una de sus minas cuando un derrumbe de lodo y piedra cobró la vida de tres personas y causó heridas a otras cinco.

“Los únicos cadáveres que hemos sacado son los tres de anoche, que fueron remitidos hacia la morgue local”, precisó el comandante bomberil, tras aclarar que el número de desaparecidos lo calcularon de acuerdo con las personas que se acercaban a preguntar por sus parientes.

El coronel William Suárez, comandante del batallón Pichincha, aseguró que a la zona llegaron cerca de 2.000 personas entre curiosos y familiares de las posibles víctimas atrapadas en el derrumbe.

Por su parte, Feliciano Valencia, consejero y coordinador de la guardia indígena del norte del Cauca, manifestó que hacen un censo para establecer si la tragedia dejó víctimas dentro de su comunidad.

“Nuestro temor surge porque en ese territorio existen tres cabildos indígenas (Guadualito, La Concepción y Las Delicias) y algunos de sus integrantes practican la minería artesanal”, explicó.

La emergencia se presentó en la vereda San Antonio, un caserío ubicado a 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao donde desde hace un par de años cerca de 5.000 personas desarrollan la explotación ilegal de oro en el lecho del rio Quinimayó.

En ese sitio existe un socavón que las autoridades calculan tiene un área aproximada de 400 metros cuadrados y una profundidad de 20 metros. Fue allí donde ocurrió el derrumbe que arrastró cerca de 80 toneladas entre lodo y piedra y que no dio aviso a los mineros quienes realizan esa actividad en horas de la noche para no ser detectados por las autoridades.

Precisamente la práctica la minería ilegal en el norte de Cauca ha sido uno de los dolores de cabeza para las autoridades. Allí se conocen cuatro zonas donde se practica a gran escala y en forma clandestina: San Antonio, El Palmar, La Toma y Arboledas.

Frente a la emergencia, el propio gobernador Temístocles Ortega no guardó calificativos para responsabilizar al Gobierno de la tragedia. Según él, la catástrofe sucedió por "por ineficiencia del Estado", ya que en varias oportunidades denunciaron la existencia de esa mina y no fue cerrada.

Menos de un día después de la tragedia, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que reclama intervención estatal para frenar tragedias en minas de explotación aurífera. 

El problema se está saliendo de control en esa región del país, a tal punto que en menos de medio año se hicieron dos operativos infructuosos para el cierre de minas ilegales.

El primero se llevó a cabo el 11 de diciembre del 2013 en la vereda El Palmar, pero allí casi un millar de mineros artesanales se enfrentaron a las autoridades que desarrollaban el operativo. Y el pasado 11 de febrero la Policía intentó, en el mismo sitio de la tragedia actual, cerrar la mina y decomisar las ocho retroexcavadoras que había en el lugar, pero solo lograron sacar cuatro, porque la comunidad se 
opuso nuevamente.

Las autoridades creen que detrás de esa presión social se encuentran las bandas criminales, que son finalmente los que mueven el negocio de la minería ilegal en dicha región del país.


Redacción Cali.
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