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En un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos firmó este martes los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas. | Foto: SIG

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Santos firmó los decretos que reglamentan la Ley de Víctimas

"Esperamos transformar un pasado de horror en un futuro de esperanza", dijo el presidente Juan Manuel Santos durante la firma de los decretos en la Casa de Nariño. "Nunca más volveremos a ser indiferentes", aseguró.

20 de diciembre de 2011

El presidente Juan Manuel Santos firmó este martes cinco decretos que reglamentan la Ley de Víctimas, que entrará a regir a partir del próximo primero de enero. En un acto en la Casa de Nariño, Santos dijo que frente al conflicto armado los colombianos eran responsables, al menos, de ser indiferentes ante el sufrimiento de quienes han sufrido los embates de la violencia.
 
"Me da pena decirlo, pero los colombianos sí hemos sido culpables de algo, de haber sido indiferentes (...) o por lo menos no haber hecho lo suficiente" frente a las víctimas, dijo Santos en su discurso tras firmar los decretos.
 
"Por décadas escuchamos sollozar a las víctimas de la violencia y no las abrazamos. Por décadas fuimos testigos de su intenso dolor y no las consolamos. Por décadas vimos en los noticieros a cientos de miles de familias huyendo de sus parcelas, cargando colchones en la espalda, con sus ollas en una mano y con sus hijos en la otra" y no se hizo nada, aseguró.
 
Con la aplicación de la ley, añadió, se espera "transformar un pasado de horror ojalá en un futuro de esperanza para todos".
 
A "los violentos ya le hemos dejado muy claro que nunca más los vamos a tolerar (...) nunca más volveremos a ser indiferentes. Nunca más", dijo el mandatario.
 
La ley de 208 artículos fue aprobada por el Congreso en mayo y sancionada por Santos en junio, en un acto que contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La ley tiene una vigencia de 10 años prorrogables.
 
El texto de la ley, que reúne algunas normas que ya existían y otras nuevas, es el primero en Suramérica que intenta indemnizar a víctimas de un conflicto cuando este aún no ha concluido, según ha dicho el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
 
Los decretos reglamentarios contemplan los mecanismos para procesos de reparación como pagos de indemnizaciones, que serán de un máximo de 40 salarios mínimos mensuales vigentes.
 
Es decir, para las víctimas que reciban su indemnización en el 2012, el monto máximo sería de 22,6 millones de pesos.
 
Miguel Samper, director de justicia transicional del Ministerio de Justicia, explicó que en el primer año de vigencia de la ley se espera indemnizar a unas 130.000 personas.
 
El presupuesto total para cubrir en el 2012 los costos de la ley, desde indemnizaciones hasta devolución de tierras, programas de asistencia social y de salud, entre otros, es de 6,2 billones de pesos, dijo Samper.
 
El funcionario agregó que se calcula que la ley amparará a cuatro millones de víctimas y sus costos totales podrían superar en una década 50 billones de pesos.
 
El presidente Santos reconoció que el monto de las indemnizaciones no es muy elevado, pero era el máximo que podía dar el Estado para cubrir a la mayor cantidad de personas.
 
"Yo sé que eso (el monto de dinero) no compensa en lo absoluto el desplazamiento (...) mucho menos el asesinato de un ser querido", indicó el mandatario. "Quisiéramos darles más, muchísimo más, pero físicamente no es posible" para las arcas oficiales, dijo.
 
Durante el acto de Gobierno, sentado junto a otras víctimas del conflicto, Rodrigo Piamba, un indígena yanacona de 43 años, dijo que la entrada en vigencia de la ley era "una luz de esperanza".
 
"Estamos confiados que cumplan no sólo en palabra, sino en hechos", dijo Piamba, desplazado en el 2002 de su zona originaria de Cauca, al suroeste del país, por amenazas de la guerrilla. "Se necesita voluntad política y recursos económicos para que todo esto se haga realidad", advirtió.
 
En cuanto a la devolución de tierras despojadas a sus legítimos dueños por parte de grupos armados ilegales, Santos destacó que el Estado no parte en enero próximo desde cero porque ya existían algunas normas para la devolución y titular lotes.
 
De allí que sólo en este año se ha logrado titular y restituir más de 750.000 hectáreas de tierras a millares de familias.
 
El presidente dijo que los reglamentos contemplan la creación de juzgados especiales para dirimir en cuatro meses reclamos de robos de tierras y que en el 2012 esperan recibir al menos 13.000 quejas y resolver unas 2.000. En dos años, o en el 2014, cuando concluya su mandato, espera que se hayan fallado y resuelto al menos 80.000 casos.
 
Las autoridades investigan el robo o despojo de entre dos a seis millones de hectáreas, ocurridos desde los años 80 tanto a campesinos como a pequeños y medianos productores por parte de paramilitares, narcotraficantes y guerrillas.
 
Santos ha dicho que la meta del gobierno es devolver dos millones de hectáreas a sus legítimos dueños durante su cuatrienio de gobierno.
 
AP