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| 10/24/2013 12:00:00 AM

Gobierno no se rinde ante caída de fuero militar

Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter señaló que insistirá en la iniciativa.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos insistirá con su proyecto de reforma del fuero penal militar después que la Corte Constitucional declarara inexequible la propuesta presentada al congreso.

La decisión de la Corte Constitucional fue aplaudida por los activistas de derechos humanos y cuestionada por los uniformados.

La reforma, aprobada por el Congreso en diciembre, fue impulsada por Santos como una forma de blindar a los militares en los estrados de justicia en medio de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, recibió fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos que afirman que los cambios, como crear un nuevo tribunal de garantías para los uniformados, dejan la puerta abierta para que crímenes cometidos por soldados y policías queden en la impunidad.

"Nuestras Fuerzas Armadas tienen todo el respaldo y gratitud del pueblo colombiano y continuaremos abogando por su seguridad jurídica", dijo Santos el jueves en su cuenta de Twitter.

El ministro de Justicia Alfonso Gómez agregó que tras la decisión de la Corte Constitucional sigue vigente el fuero penal que ya existía en la carta magna desde 1991 y adelantó que el gobierno presentará un nuevo proyecto de reforma.

Pero "es posible que no haya tiempo para sacarlo... en lo que falta de sesiones del Congreso" que culminan el 16 de diciembre, indicó Gómez.

Dijo además que ésta decisión está siendo evaluada por parte del Ministerio de Defensa y que las determinaciones finales serán tomadas en un Consejo de Ministros.

"Vamos a ver qué opina sobre esto el Ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón), si se presenta una ley estatutaria o ver qué se presenta. Pero lo esencial es que como tal el Fuero Penal Militar no ha desaparecido", aseguró.

La reforma al Fuero atribuía a la Justicia Penal Militar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y deja en manos del sistema ordinario los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.

Por estas razones, la Corte argumentó "vicios de trámite" en el acto legislativo que aprobó los cambios en el Fuero Penal Militar.

La Corte, máxima instancia para dirimir asuntos de la constitución, examinó la reforma luego de que un grupo de congresistas y activistas denunció que el proceso de aprobación del proyecto había tendido "vicios" en su trámite en el Congreso.

Los magistrados aceptaron los argumentos de los demandantes y la reforma quedó anulada.

La decisión de la Corte fue aplaudida por grupos no gubernamentales, pero criticada por voceros de agrupaciones de militares.

El fallo "fue de un simbolismo enorme... estamos en el momento de la terminación del conflicto y no en su prolongación", dijo León Valencia, director de la no gubernamental Paz y Reconciliación. Destacó que era casi imposible la aprobación de una nueva reforma porque se acercan las elecciones parlamentarias, previstas para marzo, y los congresistas estarán concentrados en sus campañas.

A su turno el analista y columnista Pedro Medellín indicó que lo que está en juego en las negociaciones con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es "el sistema de juzgamiento a los guerrilleros y a los militares, cuáles van a ser, si van a ser diferenciados o los mismos".

Medellín insistió en que cualquiera sea ese sistema debe respetar normas internacionales: "Eso de ni un día en la cárcel no es posible", dijo. Las FARC no reconocen la legalidad del sistema judicial colombiano y mantienen que no irán a prisión y que en tal caso deben ir todos los representantes del Estado a los que acusan de graves violaciones a los derechos humanos y de iniciar su alzamiento armado desde los años 60.

Pero para las organizaciones de militares en retiro como la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro, el fallo fue un golpe moral a las tropas porque la señal a los uniformados es que están sin protección judicial. "No queremos impunidad, queremos justicia, queremos que los que están siendo procesados sean debidamente procesados, que sean vencidos en juicio" y no por lo que llamó una "justicia politizada", dijo a la AP el titular de esa Asociación, el general en retiro Jaime Ruiz.

En uno de los artículos de la reforma se enumeraban siete delitos que nunca podrán ser juzgados por las cortes castrenses: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Militares en retiro y activistas de derechos humanos han criticado por igual ese aparte, aunque por diversas razones.

Los militares en retiro consideran una ofensa a las filas incluir en la constitución tal enumeración de delitos, mientras para los grupos de derechos humanos el listado deja fuera otros crímenes -como homicidio de persona protegida y detenciones arbitrarias, por ejemplo-, por lo que en el futuro se corre el riesgo de que sean juzgados por las cortes castrenses, más lentas y de pocas condenas, y así queden en la impunidad.

Con información de AP y EFE
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