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| 4/25/2014 12:00:00 AM

Gobierno no se resigna con la orden de reintegrar a Petro

Presidencia impugnará la orden de un magistrado que devolvió a su puesto al alcalde de Bogotá.

Cuando pocos esperaban una reacción del Gobierno en el tema del retorno de Gustavo Petro al poder, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió con el anuncio de que la Presidencia impugnará la orden de un magistrado de retornar al alcalde electo de Bogotá a su cargo.

En declaraciones a BluRadio, Santos explicó que sí presentará el recurso porque la decisión del Tribunal de Bogotá “pone en tela de juicio una decisión del Gobierno”.

Cuando acató la orden de los jueces y firmó la restitución del alcalde Petro, Santos no se refirió a si apelaría o no la decisión. Con esta impugnación, ya son dos los pesos pesados que se unen para buscar que el mandatario de Bogotá sí sea destituido. 

El pasado jueves, la Procuraduría enfiló sus esfuerzos para pedirle a la Corte Suprema que deje en firme la destitución de Petro.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, indicó que uno de los principales argumentos del recurso está relacionado con la competencia del Ministerio Público para sancionar funcionarios. “Los abogados de la Procuraduría trabajan en una tesis jurídica muy reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura respecto a las competencias que nuestra Constitución confiere a la Procuraduría para ejercer el control disciplinario a los funcionarios elegidos popularmente”, sostuvo.

El argumento principal que expondrá la Procuraduría, en concordancia con el gobierno nacional, está relacionado con el papel de la Comisión en Colombia, el cual para el Ministerio Público es complementario y alternativo, por lo cual sólo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno.

Igualmente se deja claro que Petro tuvo todas las oportunidades de defenderse en los tribunales colombianos con más de 300 tutelas, y tuvo todas las garantías en su proceso disciplinario en la Procuraduría.

Otro argumento estará enfocado a los precedentes de las anteriores decisiones que señalan que no se ha vulnerado de ninguna forma el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala que solamente mediante sanción penal puede ser destituido un funcionario de elección popular.

Para la Procuraduría es claro que no se ha generado vulneración alguna a los derechos políticos del alcalde Petro y mucho menos de los ciudadanos, y en particular de Óscar Augusto Verano, quien fue la persona que interpuso la tutela que devolvió a la vida política al alcalde Gustavo Petro.
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