Santos llamó a Cortes a “ponderar” la aplicación de la justicia

El presidente Juan Manuel Santos llamó este jueves a las Altas Cortes a la “ponderación” en sus fallos judiciales para que no se afecten derechos tan importantes como el derecho a la seguridad y el derecho a la verdad por parte de las víctimas”. Su pronunciamiento se dio en el lanzamiento de la campaña institucional 'Fe en la causa' del Ejército Nacional.
 
Según el mandatario, su petición conduce a “considerar cuidadosamente un asunto; en este caso, la conducta, actividad y operaciones de los miembros de la Fuerza Pública, para analizarlas en su apropiado contexto. Entender e incluir como un factor dentro de la ecuación de sus fallos la dinámica del conflicto armado que sufre el país”.
 
Santos, al reiterar su respeto por las decisiones judiciales, planteó algunas reflexiones en medio de “una situación de conflicto interno armado que demanda criterios sensibles a nuestra compleja realidad; criterios modernos de interpretación que se desprenden de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de las normas internacionales”.
 
Así mismo, explicó la importancia, como Comandante Supremo de la Fuerzas Militares, de referirse a algunas decisiones de la justicia, en particular, a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que negó validez probatoria a los archivos encontrados en los computadores de alias ´Raúl Reyes’.
 
Ello implica, según dijo el Presidente, “que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y exigir justicia”.
 
Santos se quejó de que si se logra “dar un gran golpe a los terroristas, y encuentra y ocupa unos de sus campamentos, desde donde ordenan secuestros, atentados y homicidios, resulta que la evidencia hallada, y adecuadamente custodiada, no se puede usar en juicio a pesar de que la operación militar o de policía se haya desarrollado de acuerdo con las normas vigentes”.
 
De igual forma, se refirió a la sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional como responsables de los daños ocasionados a los militares que defendían la base de Las Delicias, cuando fue atacada por las Farc en agosto de 1996.
 
“Nuestro dilema hoy es el siguiente. ¿Cómo le vamos a decir a un comandante militar o de policía, entrenado para combatir a los enemigos de la paz y la seguridad de Colombia, que no siempre puede enviar a sus soldados o policías a proteger a la población civil o la infraestructura nacional en zonas de riesgo?”, dijo el Mandatario.
 
Y agregó que “si los envía, según parece, expone a la Nación y se expone él mismo, personalmente, a una condena en caso de que sus soldados mueran o salgan heridos por una acción ofensiva del enemigo. Si no los envía, puede ser acusado de omisión por no cumplir con su deber constitucional de proteger a la población”.
 
Santos Calderón también destacó los avances que en materia de seguridad se registran en los primeros diez meses de Gobierno. En ese lapso, entre bajas y capturas, se neutralizaron a más de 1.570 miembros de grupos armados ilegales, y se han desmovilizado más de 1.600.
 
“Vamos ganando la batalla militar. La guerrilla no tiene aceptación ni favorabilidad en el 97 por ciento de la población colombiana, que repudia sus actos”, puntualizo, a la vez que sostuvo que han disminuido los actos terroristas en un 10 por ciento y se han capturado 2.400 miembros de las bandas criminales. 

El Mandatario recordó que los soldados cuentan con el respaldo del Estado y la sociedad en su conjunto, y mantienen el privilegio de portar las armas para defenderla, libertad que impone “altísimas responsabilidades”, dijo. 

Por esta razón, dijo, se les exige “transparencia, disciplina, compromiso firme con los derechos humanos, liderazgo social y lealtad a los principios fundadores de la Patria. Yo sé que los miembros de nuestra fuerza pública están y estarán a la altura de estas responsabilidades”.

Así mismo, el Presidente expresó la preocupación del Gobierno ante las denuncias de la Fiscal General Viviane Morales, acerca de "demoras injustificadas" en procesos que cursan contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones de derechos humanos o al infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Al igual que ella, el Gobierno y las Fuerzas Armadas queremos que en estos y otros casos similares haya justicia pronta y cumplida, y condenas para quienes las merezcan", expresó.
 
"Porque los militares y policías de Colombia, óigase bien, quieren la justicia, demandan la aplicación de una justicia ponderada, pero no quieren impunidad. Quien manche el honor militar o policial, que pague las consecuencias”, añadió Santos.