Santos no posesionaría a Rojas Ríos

El presidente Juan Manuel Santos se abstendría de posesionar a Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional. Al menos, hasta cuando aclare la nueva tacha que le salió a su hoja de vida apenas a 72 horas antes de su posesión: los señalamientos por fraude procesal y falsedad en documento público.

Aunque Casa de Nariño no ha confirmado si la posesión se mantendrá en la agenda del presidente Santos, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció que esta sólo se producirá cuando Rojas Ríos le aclare al Gobierno los señalamientos que le aparecieron. “Estamos esperando cuáles son sus argumentos. Él (Rojas Ríos) tiene derecho a defenderse. Esperaremos hoy y mañana a ver cuál es la decisión que se toma”, dijo al final del consejo de ministros de la tarde de este lunes.

Los partidos políticos que escogieron a Alberto Rojas Ríos dejaron en manos del presidente Santos la decisión de posesionarlo o no y no quisieron interferir en la decisión que se tome. Aunque  el parlamentario Constantino Rodríguez (La U) anunció que si la posesión se produce, recibiría al nuevo magistrado con una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual preside.

Palacio aún no ha anunciado oficialmente si la posesión sigue en pie mañana. El ministro Carrillo también confirmó que hasta el mediodía de este lunes el Gobierno aún no había tenido comunicación con Rojas Ríos.

El caso que enreda a Ríos

Aunque Rojas Ríos contó con el respaldo de 61 senadores para llegar a la Corte Constitucional, una investigación de Noticias Uno le 'embolató’ su posesión, luego de revelarse que en el 2004 la Fiscalía le dictó a Rojas una resolución de acusación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y que el próximo magistrado se habría valido de múltiples jugadas y dilaciones para que le precribiera su proceso, tras vencerse los términos de la acción judicial.

La historia es esta: el 2 de enero de 1991, un accidente de tránsito en Funza, Cundinamarca, terminó con la vida de un padre de familia. Un abogado le ofreció a la viuda colaborarle para reclamar a ese municipio la indemnización correspondiente. Tiempo después, el jurista le entregó el caso a Alberto Rojas.

En diálogo con ese medio, la viuda Isabel Cristina Marín precisó que el fallo de la indemnización “por sus derechos como viuda y madre de tres hijos menores de edad” se emitió el 6 de octubre de 1995 por 116,8 millones de pesos, dinero que -asegura la mujer- hasta hoy no ha recibido.

El informe señala que "aunque el Municipio no demoró en reconocer la reparación, la comunicación con el abogado Rojas comenzó a ser difícil porque el abogado dejó de contestar el teléfono desde el día de la audiencia".

Ante la ausencia de Rojas, la mujer asegura que debió trabajar para mantener a su familia, pedir ayuda y endeudarse.
Años más tarde, en el 2001, la viuda conoció un documento que registraba que Funza “giró un cheque a favor del abogado Alberto Rojas, luego de que él exhibió el original de un poder firmado supuestamente por ella”.

Dos años y medio después, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó que el documento de cesión de derechos que Rojas usó para cobrar la indemnización era falso y que “la notaria que supuestamente autenticó las firmas no trabajaba en ese despacho el 20 de octubre de 1995”.

“El 20 de octubre estuve hospitalizada cuando el doctor Alberto Rojas dijo que había ido a una notaría -recordó la mujer-. Le puse una denuncia ante la Fiscalía porque reclamó la plata y no me la dio”, insistió la mujer.

Tras la denuncia de Noticias Uno, la Corporación Excelencia en la Justicia pidió más rigor en la elección de funcionarios y solicitó al presidente Juan Manuel Santos sentar un precedente y no posesionar al magistrado. Así lo afirmó su presidenta, Gloria María Borrero, en entrevista con Caracol Radio.

Una persona con esos antecedentes “va ha hacerle mucho daño a la Corte Constitucional”, reiteró Borrero al asegurar que presionarán con el fin de cerrarle el paso a la posesión. Sugirió que el Consejo Superior de la Judicatura debe abrir una investigación que podría terminar en la suspensión de su tarjeta como abogado.