Santos no suspendería la destitución de Petro

La suerte del alcalde Gustavo Petro está en manos del presidente Juan Manuel Santos. Tras la decisión del Consejo de Estado, será el jefe del Estado quien tendrá que decretar la destitución ordenada por el procurador Alejandro Ordóñez, pero también quien deberá acatar o rechazar las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente ordenó suspender el fallo.

Esta es la nueva encrucijada que enfrenta Santos. Si acoge la decisión de la CIDH, inmediatamente suspende el fallo de la destitución. Si no las acata y acoge la tesis del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, de que son solo recomendaciones y no son obligatorias, el presidente ejecutaría el fallo de destitución.

De momento, el país político y jurídico se encuentra dividido en estos dos escenarios. Petro dice que sería un error no acoger las medidas cautelares; el fiscal general, Eduardo Montealegre, considera que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, pero de otra parte hay posiciones que advierten los riesgos de que el mandatario acoja las medidas cautelares.

Por ejemplo, el exministro y exconstituyente Jaime Castro considera que de acatarse, se podría abrir un boquete jurídico en el que los más de mil alcaldes y gobernadores destituidos por la Procuraduría podrían demandar al Estado.

El presidente Juan Manuel Santos ha dado pistas de cuál podría ser su posición, aunque estas pueden ser difusas. El presidente ha insistido en que la decisión que tome será ajustada a la Constitución y siempre respetará la "institucionalidad”.

En ese sentido, este miércoles Santos dio nuevas pistas que indicarían que se inclinaría a darle la razón al procurador Ordóñez. Luego de una reunión con congresistas de varios partidos políticos, el caso Petro estuvo en la agenda. Y, en palabras de varios dirigentes conservadores, la sensación es que Santos no acogería las medidas cautelares de la CIDH.

El senador conservador Juan Mario Laserna les reveló a los periodistas que Santos considera que la decisión de la CIDH vulnera la institucionalidad colombiana y que por lo tanto el proceder del Gobierno será no acatar las medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. “El presidente dijo que tocaba respaldar la institucionalidad colombiana”, aseguró el senador tolimense.

Simultáneamente, el partido Alianza Verde, en el que se encuentra el sector Progresista de Gustavo Petro, anunció que le pedirán al presidente Juan Manuel Santos que acepte las medidas cautelares proferidas por el organismo.

“Le vamos a solicitar al presidente de la República que, con fundamento en los compromisos internacionales que ha adoptado el país, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta que la decisión de la CIDH es vinculante para el Estado colombiano, se abstenga de ejecutar la decisión de destituir al alcalde”, dijo Luis Carlos Avellaneda, copresidente de la colectividad.