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| 6/20/2017 1:45:00 PM

Cuatro leyes le costarían al Estado más de 4 billones de pesos anuales

La disminución de semanas para pensión para mujeres y la reducción de aportes de salud a pensionados serán objetadas por el Gobierno.

La semana pasada el Congreso aprobó cuatro proyectos que puede que no terminen convertidos en ley.  Uno, del senador de La U Mauricio Lizcano, le restaría 150 semanas de cotización para pensión a mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos. Otro, del senador del Polo Democrático Alexander López reduciría el aporte a la salud del 12 al 4  por ciento para pensionados. El tercero, de la representante a la Cámara uribista Margarita Restrepo, implementaría el examen de tamizaje neonatal; y por último otro incorporaría un tratamiento de fertilización en el Plan Obligatorio de Salud, presentado por varios representantes y senadores del Partido de la U y Cambio Radical.

A pesar de que los proyectos fueron muy bien recibidos por la opinión pública y generan beneficios para miles de colombianos, es muy probable que no se conviertan en una realidad por su alto costo fiscal. Según cálculos que entregó el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, las cuatro iniciativas aprobadas podrían costarle al país más de 4 billones de pesos anuales, cifra cercana al 70 por ciento de lo que el Gobierno piensa recaudar a finales de este año con la reforma tributaria. 

El proyecto de reducción de las semanas de cotización para las mujeres es un buen ejemplo de la magnitud de esos costos. Según un concepto que envió el Ministerio de Hacienda al Congreso, se estima que la aplicación que la disminución de 150 semanas generaría "un pasivo pensional con impacto fiscal adicional con un valor presente de 66,2 billones de pesos de 2017 (7,29 por ciento del PIB)...5 por ciento. Dicho impacto inicia beneficiando a 1.809 mujeres en 2018 para estabilizarse en 2060 con alrededor de 178.108 mujeres y un impacto anual de 2.5 billones de pesos a precios de 2017".

Con esas cifras, el Gobierno sostiene que no se cumple el requisito de sostenibilidad fiscal que debe tener cualquier ley aprobada. Recuerdan que según la 819 de 2003, de Responsabilidad Fiscal, cuando una norma plantea un gasto adicional o una reducción de ingresos, esta “deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. El viceministro Escobar le dijo a Semana.com que el Gobierno advirtió que no existían los recursos para financiar esta norma y que aún así fueron aprobados por el Congreso.

Puede leer: Pensionados, a seguir pagando un 12 % por salud 

En los proyectos de salud, como el tamizaje neonatal y con los tratamientos de infertilidad, el argumento es otro. El Ministerio considera que como existe una ley estatutaria que define el proceso para que esos temas se incluyan o no dentro del paquete de beneficios, no es necesaria una disposición adicional.

La inminente objeción presidencial de esas normas ha generado críticas en sus autores en el Congreso de la República. La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, calificó de “irresponsable” y “decepcionante” la decisión por parte del Ministerio de Hacienda. Según ella, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud acompañaron su proyecto, lo cual evidencia la descoordinación entre los entes del Gobierno.

Lo que viene 

Hay dos posibilidades para que el presidente objete estas leyes: por inconveniencia y por inconstitucionalidad. Si el presidente Santos opta por el primer camino, el proyecto se devuelve al Congreso para que este resuelva la objeción presidencial. Si se da el caso de que los senadores o representantes a la Cámara no aceptan las objeciones de inconveniencia, le reenvían el proyecto de ley al presidente para que lo sancione, sin formular nuevas objeciones. Si el Gobierno se niega a hacerlo, la última palabra la tiene el presidente del Senado o de la Cámara.

Si el Gobierno decide objetar un proyecto por inconstitucionalidad, el Congreso tiene la posibilidad de estudiarlo y ajustarlo. Si rechaza esas objeciones, los proyectos irían a la Corte Constitucional. 

¿Qué dicen los autores de los proyectos?

Margarita Restrepo, Centro Democrático: “Tenemos un atraso de 50 años con respecto a otros países de América Latina en la implementación del tamizaje neonatal. 168 niños colombianos mueren semanalmente por no haber sido diagnosticados a tiempo y 11 millones de niños en el mundo mueren cada año por enfermedades evitables o tratables, entre ellas las que se pueden detectar a través del Tamizaje Neonatal”.

Mauricio Lizcano, Partido de la U: “Yo aseguro que el Gobierno nunca asistió a las comisiones ni a las plenarias. Nunca vi a los ministro de Hacienda ni del Interior. No puede ser que el Gobierno no ponga la cara y al final se oponga a esta leyes que benefician a miles de colombianos. Esto no es un tema populista, ni es por conseguir votos. Hay una inequidad enorme: un hombre tiene 62 años para conseguir 1.300 semanas para pensionarse, las mujeres solo 57 años para cumplir 1.300 semanas y poderse pensionar. Esta ley está focalizada y es para las mujeres que ganan menos de dos salarios mínimos en su patrimonio familiar”.

Alexander López, Polo Democrático: “La objeción es un irrespeto al Congreso por parte del presidente Santos. Ahora resulta que él es quien define la agenda social. El ministro de Hacienda dijo que retiráramos esa propuesta de la Reforma Tributaria porque él le daba todo el aval al proyecto que estaba siendo debatido en Comisión Séptima de Senado. Ahora no puede venir a lavarse las manos, ni a tratarnos de populistas”.

Alfredo Deluque, Partido de la U: “No se trata de entrar en una pelea con el Gobierno frente a la ley que incorpora un tratamiento de fertilización en el Plan Obligatorio de Salud. Lo cierto es que tenemos que sentarnos para mirar cómo la financiamos y no tumbar este proyecto que beneficia a los que no tienen recursos y por eso no pueden acceder a este tipo de planes”.

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