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| 7/31/2013 12:00:00 AM

Santos plantea incautar vehículos a conductores ebrios

Ante el controvertido caso Salamanca, el presidente se mostró a favor de endurecer las penas.

En las últimas horas el caso Fabio Andrés Salamanca ha dado varios giros. Tras conocerse la polémica decisión de la juez, quien no dictó la medida de aseguramiento al joven, su defensa reveló que "hay acuerdos suscritos con los familiares de las víctimas mortales (Diana Bastidas y Ana Torres)".

Tras la declaración del jurista, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al caso durante la primera jornada de la rendición de cuentas de su gobierno.

El jefe de Estado se mostró a favor de endurecer las penas en contra de los conductores alicorados. En ese sentido, planteó que se les incaute sus vehículos.

"Hay acuerdos suscritos con las familias de Diana y Ana"

Amadeo Tamayo, el abogado de Salamanca, reveló en diálogo con Blu Radio que ya hay acuerdos suscritos con los familiares de las víctimas mortales (Diana Bastidas y Ana Torres)". Añadió que este miércoles se discutirá un acuerdo con los familiares de Holman Iván Cangrejo, el taxista que resultó gravemente herido por el ingeniero.

El jurista explicó que si se llega a acuerdos formales con las tres familias, éstas no podrán desistir ante la acción penal debido a que el delito del caso es "investigable". No obstante, aclaró que esa conciliación le daría ritmo al proceso penal, y le permitiría a la defensa del procesado presentar una reparación integral.

Tamayo explicó que la familia Salamanca "está dispuesta a atenuar los daños causados por su hijo", y reveló que su cliente aceptaría el delito de homicidio a título de culpa. "Fabio Andrés está dispuesto a pagar un tiempo de cárcel".

El abogado de Salamanca también dijo que comparte los planteamientos de la juez. "Es una juez de carácter constitucional que protege las garantías del procesado y los derechos de las víctimas".

Y anotó que su cliente reconoce el dolor de las familias de las víctimas. "Solicitamos perdón en nombre de Fabio Andrés, reconocemos y sabemos que se trata de un perjuicio de gran calado, sabemos el dolor y el drama que viven los familiares y el mismo Holman. Entendemos que es un dolor que no se puede cuantificar económicamente".

Finalmente, señaló que ante ese escenario Salamanca contará la verdad y su defensa procurará una reparación integral.

Las víctimas no comparten la decisión de la juez

Sin duda, la decisión de la juez segunda de garantías Carmen Gualteros se convirtió en una discusión nacional. Mientras está libre Salamanca, las familias de las víctimas mortales y el conductor cuestionan a la justicia.


 Holman Cangrego, Ana Torres y Diana Bastidas

Cangrejo aseguró en entrevista con Caracol Radio que no comparte la determinación de este martes. “No estoy de acuerdo con la decisión de la juez”.

A su vez, precisó con una voz débil que Salamanca cometió varios delitos. “Es una persona que no toma las decisiones correctas. Todos los que somos conductores sabemos que el hecho de subirse a un carro en estado de embriaguez es un delito”.

El taxista, quien presenta graves lesiones como trauma cerrado de tórax, contusión renal, paraplejia de miembros inferiores, entre otras afectaciones, contó que su recuperación es “muy lenta... Me toca ir a las terapias”, agregó Cangrejo, quien es padre de dos niños de 5 y 11 años.

La situación económica del conductor es deficiente debido a que sus ingresos provenían de su trabajo como taxista. Relató que el carro no era suyo y pagaba alquiler. “Trabajaba el diario. Ganaba lo que se hace en el día”.

Carmen Gualteros, el centro de la polémica

Quien está en el centro de la discusión nacional, la juez Carmen, aseguró en diálogo con esa misma emisora que su decisión fue jurídica.

“Entiendo el dolor de las víctimas, pero nosotros, los jueces constitucionales, tenemos unos parámetros para afectar el derecho a la libertad, en este caso, del joven imputado”, explicó. Agregó que no tomó la decisión por la presión de la comunidad o los medios de comunicación.

Gualteros aclaró que la Fiscalía dejó claro que existen los elementos probatorios sobre la presunta autoría del hecho, pero erró al argumentar que la medida de aseguramiento correspondía a la protección de la comunidad.

“No es que se esté desconociendo la gravedad del hecho en el que dos personas perdieron la vida, pero es que si la finalidad de la medida de aseguramiento era la protección a la comunidad, como pretendía el fiscal, él (Salamanca) ya tiene la licencia suspendida (...) Si tiene la licencia de conducción limitada esa ya es una barrera. Esta persona no tenía infracciones anteriormente para privarlo de la libertad”, insistió la juez en entrevista con Blu Radio.

En ese sentido, aclaró que por una decisión de la Corte Constitucional en el 2008, la medida de aseguramiento no solo debe aplicarse por la gravedad de la conducta, sino por otros parámetros, los cuales no se dieron en el caso Salamanca. “No sola la gravedad y la modalidad de la conducta son las que determinan la medida de aseguramiento”, insistió.

La juez indicó que la libertad de Salamanca “no significa el fin del proceso”, y explicó que no pensó en la situación económica de los implicados para tomar una decisión.

“Si es pobre o rico, no es para tomar una decisión. Por mi mente nunca pasó la situación económica de las personas. No tengo conocimiento de cuál estrato tiene Salamanca, eso no fue fundamento de la decisión (…) Joven, viejo, rico, pobre o de cualquier otra condición, mi decisión hubiera sido la misma y quiero que eso quede claro. Igual la gente tiene derecho a pensar que seguramente hay intereses o que ‘la justicia es para los de ruana’”.

Piden investigar a la juez

Juan Carlos Montoya, quien desde hacía siete años era el novio de Ana, relató que fue “indignante escuchar a la juez”. “Montó todo un circo de protección contra el asesino Fabio Andrés Salamanca, aludiendo que él es un buen niño y no quería hacerle daño a nadie”, dijo.

Finalmente, pidió que la funcionaria judicial sea investigada, porque, según él, “cada vez se hace más notorio el poder que tiene el dinero para interferir en la justicia colombiana”.

Al respecto, la juez respondió: “Si deben investigarme, pues que lo hagan. Estaré dispuesta a responder, no tengo inconvenientes sobre eso”.

La escandalosa decisión de la juez fue apelada por la Fiscalía y la Procuraduría. Un juez del circuito la revisará en segunda instancia.
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