Santos y su tercer intento por reformar la Justicia

Aunque la Justicia colombiana atraviesa por uno de los peores momentos de su historia, el presidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de las altas cortes, durante el encuentro de la jurisdicción constitucional que se celebró este viernes, en la ciudad de Pasto. “En vez de desprestigiar las instituciones, debemos defenderlas y fortalecerlas para que puedan actuar siempre con más eficacia y contundencia”, fue uno de sus mensajes.

Sin embargo, por primera vez desde que estalló el escándalo de corrupción que tiene tras las rejas a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Santos  planteó salidas a la crisis institucional. “No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”.

El mandatario confesó la impresión que le causó la foto del exmagistrado Francisco Ricaurte cuando fue reseñado por el Inpec en la cárcel de La Picota en Bogotá.

Pese a ello, Santos rechazó propuestas que calificó de populistas, como revocar o fusionar las cortes. “Los escándalos de corrupción tienden a lesionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y en muchos países se ha convertido en caldo de cultivo para debilitar la democracia y darle espacio a los extremismos de izquierda o de derecha”.

Por eso pidió a las ramas del poder público obrar con cabeza fría, pero con total contundencia. “Con mano de hierro y guante de seda (…). No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”.

Ante los magistrados de las altas Cortes, y en general la cúpula del poder judicial, Santos propuso un gran Acuerdo Nacional para reformar la administración de justicia. Dicha reforma se concentraría en cuatro temas.

Primero, revivir el Tribunal de Aforados. Aunque esta propuesta ya se incluyó en la reforma política que se viene debatiendo en el Congreso, probablemente pasaría a la nueva reforma que se está diseñando.

Las altas cortes y la Fiscalía, precisó Santos, estarían a favor de este tribunal, a pesar de que este se cayó precisamente en la Corte Constitucional, donde se tumbaron algunas disposiciones de la reforma al equilibrio de poderes del 2015.   

Las dudas que existen en la materia es si este tribunal de aforrados tiene relación con el conflicto armado para poder tramitarlo en la reforma política, pues podría caerse de nuevo en una revisión constitucional. “De pronto es mejor incluirlo en la reforma que estamos construyendo”, confesó Santos a los magistrados.  “La idea es conservar el antejuicio político, pero fortalecer la etapa de investigación para hacerla más rigurosa y garantista”, aclaró.

El segundo punto de la reforma a la Justicia sería el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes. Para  Santos ese pudo haber sido uno de los errores de la Constitución del 91 al permitir la politización de las cortes, uno de las causas que habrían originado situaciones como las que hoy tienen en tela de juicio a la Justicia.

“Este es un punto clave. Habría que buscar el mayor consenso posible sobre una de las mil fórmulas que existen, todas con sus más y sus menos”, explicó Santos.

El tercer punto de la reforma tendría que ver con las fórmulas para la eficacia de la Justicia, y para ellos se piensa no solo en un plan de descongestión judicial, especialmente en el caso de las tutelas, así como medidas de seguimiento a la gestión de los despachos, mejoramiento de infraestructura, y transparencia.

El último eje de la reforma, según Santos, tendría que ver con la enseñanza del Derecho. “El país debe tener profesionales idóneos, no solo desde el punto de vista técnico sino también ético y moral y eso incluye a quienes trabajan en el sector público y en el privado”.

Aunque fueron dos intentos por reformar la Justicia en su Gobierno, en 2011, cuando se le colgaron micos al proyecto, y en 2015, cuando la Corte Constitucional tumbó varios artículos, Santos confía en que a la tercera será la vencida. Pero admite que a estas alturas, cuando le quedan 10 meses de mandato, solo podría tener éxito si hay pleno consenso entre las instituciones.

Por eso invitó al que llamó el Gran Acuerdo Nacional no solo a la rama judicial, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los partidos políticos, a las facultades de Derecho, a la sociedad en general.    

De momento, Santos admitió haber encontrado voluntad en las cortes y en los organismos de control para reformarse. Incluso el propio presidente de la Corte Constitucional, que se ha mantenido al margen de estas discusiones, está dispuesto a participar y contribuir en ese empeño.  “Si logramos ese consenso sobre el fondo, pasaríamos a ver la forma más expedita de ponerla en práctica”.