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| 3/3/2012 12:00:00 AM

Santurbán o hasta dónde debe llegar la minería

El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, salió al paso de los señalamientos de que se otorgaron títulos mineros en zonas protegidas, particularmente en lo ateniente al páramo de Santurbán. El problema: esas áreas siguen sin delimitarse.

Esta semana se escribió un nuevo capítulo acerca de la polémica por la expedición de títulos mineros en el páramo de Santurbán, meses después de la lucha que dieron las gentes de los Santanderes para detener proyecto aurífero de la firma GreyStar Resources, al considerarlo lesivo para el medio ambiente y riesgoso para el aprovisionamiento de agua de la región.
 
Tras conocerse señalamientos de que el Gobierno se arrogó el derecho de explorar y explotar áreas de exclusión ambiental en Santurbán a la firma Leyhat Colombia, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestó el viernes en la noche que la operación de minas en zonas de páramo "no va a ser autorizada en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos".
 
Durante un programa de televisión emitido en el canal Institucional, acerca las áreas estratégicas mineras, Cárdenas reiteró que "donde hay páramo no habrá minería" y que de esa posición "no se va a mover" el gobierno nacional, que tiene a la actividad minera como una de sus 'locomotoras' para el desarrollo.
 
Y pese a que se logró -de momento- detener el proyecto de GreyStar (que cambió su nombre a Eco Oro Minerals Corporation para presentar un nuevo planteamiento), la nuez de la polémica continúa: oficialmente -respecto de la minería- no se han delimitado por parte las autoridades ambientales regionales cuáles son las áreas de páramo.
 
"Tenemos que definir, de manera cierta, dónde van los límites de los páramos y, si hay posibilidad de hacer minería, dónde se puede hacer", reconoció Cárdenas Santamaría. "El Gobierno es categórico, donde se defina científicamente (que hay páramo), allí no habrá minería", reiteró.
 
El jueves, la Contraloría Delegada para Medio Ambiente emitió un control de advertencia con destino al Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor) y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
 
Allí, el ente de control advirtió "sobre los riesgos que a nivel ambiental se pueden presentar por la inscripción en el Registro Minero y la consecuente ejecución del contrato de concesión suscrito con la empresa Leyhat Colombia Sucursal S. A., el cual contiene títulos que se superponen totalmente con el área del páramo de Santurbán".

La acusación
 
Según el portal 'Negocios y Movidas', el antiguo Ingeominas otorgó una concesión por 20 años para explotar oro en el páramo de Santurbán a la firma Leyhat Colombia, mientras "en medio de una gran controversia mediática, el Gobierno le negaba (esa misma actividad) a la compañía GreyStar".
 
La nota afirmó que el permiso fue avalado por el exdirector de esa entidad oficial Darío Ballesteros, "quien antes de dejar el cargo le concedió a dicha compañía un periodo de explotación de 20 años y seis meses en un sector de 24 hectáreas y 5.893 metros cuadrados, en jurisdicción del municipio de Vetas, Santander, donde está ubicado este páramo protegido".
 
Así mismo, aseguró que "dicho contrato de concesión ya fue inscrito por Ingeominas en el Registro Nacional Minero". Si a ello se suma que esa empresa contaría ya con el permiso ambiental correspondiente, Leyhat Colombia tendría luz verde para iniciar actividades mineras en la zona.
 
"Una de las razones por las cuales Ingeominas tuvo que acceder a efectuar dicho registro, el cual fue avalado por el ministerio de Minas, es que las áreas que son objeto de exclusión para la explotación minera en el páramo de Santurbán aún no están geográficamente delimitadas por las autoridades ambientales", puntualizó.

Inscripción en el registro minero
 
Según se desprende del control de advertencia de la Contraloría, el título original cuyas áreas -según ese ente de control- se “superponen completamente” con el área del páramo de Santurbán fue adjudicado por el Minminas en 1994 a la Sociedad Real Minera Ltda. (licencia 0050-68). Su término fue ampliado por 10 años en 1997.
 
En mayo del 2010 (Resolución GTRB-087) el titular de la licencia hizo cesión completa de los derechos y obligaciones a la firma Leyhat Colombia Sucursal. En junio de ese año, tras entrar a regir el nuevo Código de Minas, Leyhat pidió actualizar la licencia a contrato de concesión, lo que le fue aprobado a finales de octubre del mismo año.
 
Para perfeccionar el trámite, que le otorga a la minera una concesión por 20 años y seis meses, faltaba su inscripción en el Registro Nacional Minero. Sin embargo, había un inconveniente: no podía haber inscripción porque el nuevo código minero, la Ley 1382 de 2010, reza en su artículo tercero que está prohibida la exploración y explotación minera en zonas ambientalmente protegidas, como los son los páramos.
 
Así las cosas, Ingeominas consultó al Ministerio de Minas sobre la aplicación de esa normatividad, a lo que la cartera contestó en mayo y octubre del 2011 que "no existe sustento jurídico para inaplicar la ley minera y no efectuar la inscripción el Registro Minero Nacional del contrato de concesión minera suscrito por las partes o de los actos sujetos a este, máxime cuando las aéreas que son objeto de exclusión no están geográficamente delimitadas por la autoridad ambiental".
 
Por su parte, la Procuraduría también se pronunció en diciembre del 2010 y pidió a los ministerios de Minas y Ambiente que se reglamente "de manera urgente" el código de Minas para que haya procedimientos claros para delimitar las áreas ambientalmente protegidas, y a las autoridades ambientales locales les pide que delimiten las zonas excluidas de minería.
 
Señaló a dichas entidades que deberán "abstenerse" de entregar o negar licencias ambientales hasta que se sepa cuáles serán las áreas objeto de protección por ser de páramo.
 
No obstante, ese mismo ente de control pasa a contradecirse en septiembre del 2011, cuando indicó su "conformidad con lo señalado por la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energías" dado que la CDMB no ha hecho la delimitación correspondiente. "Recomendamos tener en cuenta lo conceptuado (...), así como dar pronta respuesta a la sociedad concesionaria", puntualizó.

Delimitación
 
En la argumentación para su advertencia, la Contraloría citó a la sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional, que expresó "en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a las exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión se debe inclinar hacia la protección del medio ambiente".
 
De hecho, las zonas de exclusión minera en páramos ya se conocen gracias al trabajo especializado del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, pero habrá espacio para la polémica mientras no sean delimitadas por las autoridades ambientales locales con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.
 
Corponor dijo que en cuanto a su jurisdicción en Norte de Santander, el páramo está "blindado". Afirmó que el año pasado envió al Ministerio de Minas el documento técnico para definir legalmente las áreas que considera deben ser excluidas de la minería, para que las autoridades mineras las incorporen en su sistema y se abstengan de otorgar licencias para la exploración y explotación.
 
Indicó, de igual forma, que trabaja en la propuesta de declaratoria de una nueva área protegida en el páramo de Santurbán en un área de 68.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Villacaro y Cáchira, "para lo cual ya se desarrollaron los estudios técnicos que sustentan la declaratoria y se avanza en el proceso de socialización".
 
Por su parte, la CDMB, en su informe de gestión del 2011 manifestó que desarrolló un diagnóstico del estado actual del páramo de Santurbán en Santander y que se avanzó en visitas técnicas de evaluación de algunos predios.
 
"Adicionalmente se solicitó en el mes de diciembre concepto al Ministerio de Minas y Energía, en el cual se manifestó que toda área protegida debe ser conciliada con los actores inmersos", señaló el texto publicado en febrero pasado.
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