“ETB no descarta los tribunales de arbitramento”

La disputa jurídica entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la multinacional Claro cumple 17 años y parece que llegará a la mayoría de edad porque no se vislumbra una solución a mediano plazo.

La controversia comenzó en 1998 por unos cobros de interconexión entre operadores, ha tenido más de un centenar de capítulos y aún existen vacíos para la opinión pública. El episodio más reciente resultó paradójico.

La Corte Suprema se pronunció sobre esta disputa y ambas partes se declararon ganadoras, por supuesto, desde sus interpretaciones.

Semana.com habló con el presidente de la ETB, Saúl Kattan. El ejecutivo explica desde su perspectiva este espinoso caso. No duda en señalar que Claro ha promovido un proceso de desinformación frente al caso.

Además, explica los alcances de los avisos publicitarios que la entidad ha pagado sobre este tema.

Semana.com: ¿Por qué consideran que con el pronunciamiento que profirió la Corte Constitucional, Claro está obligado a pagarle a la ETB?

Saúl Kattan: El fallo de la Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela que ya había sido negada y reabierta por insistencia del hoy reintegrado magistrado Alberto Rojas Ríos. Esta tutela buscaba anular el fallo del Consejo de Estado que es la columna vertebral del proceso. La Corte fue consecuente y negó esta pretensión de la multinacional.

ETB ha sido clara en respetar y acatar las decisiones judiciales al respecto, como las que en su momento le obligaron a pagar los dineros a la multinacional. Comcel (Claro) no lo es porque lleva más de 16 recursos judiciales para dilatar y alargar el proceso y los ha perdido todos. ETB quiere que se cumpla la justicia, porque el fallo del Consejo de Estado le dio cinco días hábiles a la multinacional para que devolviera la plata que ETB ya le pagó. Vamos para tres años de emitido el fallo y no la devuelve.

Semana.com: De acuerdo con la ETB, ¿a cuánto asciende la deuda de Claro?

S.K.: La suma que ETB pagó ascendió en su momento a 134.000 millones de pesos. Con el fallo del Consejo y posteriormente con indexaciones, el monto ratificado por los tribunales es de 153.000 millones de pesos. Con intereses de mora, como lo ordenó la misma justicia, la deuda supera hoy los 259.000 millones de pesos. Los fallos en su integridad son públicos y conocidos por la opinión pública. No sé de dónde sale esa cifra de 106.000 millones de pesos que ha circulado en los medios. No es correcta.

Semana.com: ¿ETB descarta que tribunales de arbitramento en el sector estudien, evalúen y sentencien sobre este pleito?

S.K.: ETB no descarta los tribunales de arbitramento. Los seis tribunales convocados por la multinacional, acogiendo ahora sí lo que en un principio negó ella misma, como contar con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya han estado fallando al respecto. El primero fue a favor de ETB, es decir, el tribunal se declaró no competente para dirimir esta disputa e indicó que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones la que debe definir el tema.

ETB reiteró su indignación por el fallo, presuntamente ilegal, proferido en su contra por un segundo Tribunal de Arbitramento, por haberse fundado en normas derogadas y por la violación de disposiciones legales
internas e internacionales como las de la Comunidad Andina que no se tuvieron en cuenta.

Semana.com: ¿Qué medidas tomarán en caso de que Claro se siga rehusando a pagar los activos que ustedes aseguran les deben?

S.K.: Las medidas avanzan. Emprendimos un proceso ejecutivo contra la multinacional para recuperar los dineros de los bogotanos y de los colombianos. El fallo del Consejo de Estado fue transparente: Comcel (Claro) debe devolver el dinero que ETB le pagó. Si yo tengo una obligación y no la cumplo, es una deuda. Además, la representante legal de Comcel reconoció la deuda en audiencia pública del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 9 de abril del 2014. Allí están las grabaciones. Se puede verificar fácilmente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia a favor de continuar con el proceso ejecutivo. Estamos a la espera de la decisión final por parte del Consejo de Estado al respecto, para proceder a recuperar el patrimonio de los bogotanos y de los colombianos.

Semana.com: ¿Cómo califican el actuar de las autoridades regulatorias colombianas ante este pleito?

S.K.: ETB ha insistido desde hace años en que en Colombia hace falta más regulación. Colombia es el segundo país más concentrado del mundo en el sector de las telecomunicaciones después de México, país de origen del actor dominante en el país, como Claro, y declarado así desde el 2009 por las mismas autoridades regulatorias nacionales.  

Semana.com: ¿Cuáles son sus argumentos para asegurar que “algunos sectores de la prensa han mentido” sobre los detalles de este pleito con Claro?

S.K.: El desconocimiento del proceso que demuestran algunos sectores de la prensa es evidente. Se confunden términos, detalles del proceso, no hay contexto, etc. Es cierto que este caso es complejo, pero ahí es donde debe estar la maestría del periodista, del reportero, de los editores para llegar al fondo del caso, tomar todas las versiones, conocer que la parte más importante de un fallo es el “resuelve” y no sólo la argumentación, como se ha intentado desviar la atención en las decisiones tomadas por la justicia. Insisto, más de 16 recursos interpuestos por la multinacional no han fructificado.  

Semana.com: ¿Consideran que han tenido el suficiente respaldo del Gobierno en este pleito jurídico con Claro?

S.K.: ETB insiste en que falta más regulación y no hemos oído un pronunciamiento del gobierno nacional al respecto.

Semana.com: ¿Qué opinión les merece el posible contrato que suscribiría la alcaldía de Cali con una de las empresas de Carlos Slim?

S.K.: Cada ente ejecutivo en el país es autónomo y puede celebrar los contratos que quiera. ETB no se pronuncia al respecto. Sí llama la atención que aunque la norma es clara e indica que una empresa –cualquiera sea su origen o composición– si tiene deudas con el Estado colombiano, estaría impedida para contratar de nuevo. En ese caso concreto la norma se obvió.