Se abre la caja de Pandora

Mientras en la Corte Suprema de Justicia no hay una sola investigación formal contra políticos vinculados a las autodefensas, los colombianos ven con perplejidad cómo los tentáculos de los paramilitares se están tomando la vida política del país.

La mecha se prendió la semana pasada, cuando Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras decidieron coger el toro por los cuernos y expulsaron de sus listas uribistas a cinco aspirantes al Congreso: Jorge Castro, Luis Eduardo Vives, Jorge Caballero, Dief Maloof y Habib Merheg. Los primeros cuatro, todos de Magdalena, fueron vetados por haber participado en una reunión en una finca de Cesar con el comandante paramilitar 'Jorge 40', quien se ha convertido en el hombre más temido de la Costa Atlántica. La reunión era, ni más ni menos, para diseñar la estrategia electoral en los departamentos de la Sierra Nevada. Según testigos presenciales, a esa reunión también asistieron el representante conservador Alfonso Campo Escobar, el candidato a la Cámara Hernando Escobar, el senador Salomón Saade -quien no fue escogido como candidato- y el representante José Gamarra, quien a pesar del ofrecimiento de 'Jorge 40', declinó presentarse a las elecciones. También estuvieron cerca de 20 alcaldes de pequeños municipios. En el encuentro, el jefe paramilitar explicó su estrategia: nada de amenazas ni de intimidación. Sólo penetrar las campañas al estilo del cartel de Cali en 1994.

El último vetado, Merheg, salió por los insistentes rumores que los vinculan con otro comandante paramilitar, alias 'Macaco', bajo cuya égida se están moviendo muchos hilos de la política en Risaralda. ¿Qué hay detrás de todo este escándalo

¿Existen sólo rumores? ¿Hay indicios razonables? ¿Saldrán pruebas? Lo cierto es que la semana pasada se prendió el ventilador sobre una de las grandes preguntas que tiene Colombia: ¿cuál es la magnitud de la infiltración paramilitar en el país?

Las compuertas políticas fueron las primeras en abrirse. Después de los cinco expulsados del uribismo, salieron acusaciones a diestra y siniestra que sacudieron todas las listas. Liberales y conservadores tuvieron que revisar con lupa los antecedentes de sus candidatos. Más aun, otros jefes políticos uribistas como Mario Uribe y Luis Alberto Gil, que se disponían a recibir a los expulsados, tuvieron que frenar en seco cuando el presidente Álvaro Uribe prohibió que estos fueran acogidos en cualquiera de las listas que apoyan su reelección.

Este torbellino político ha abierto una caja de Pandora que podría parecerse a la que vivió el país a mediados de los 90, cuando la infiltración de la mafia en las campañas desembocó en el Proceso 8.000. Hace 10 años fueron los carteles de la droga los que trataron de apoderarse de la política nacional a través de la campaña presidencial. Hoy son los paramilitares quienes tratan de consolidar su poder regional a través de las campañas al Congreso. Y en los dos casos, está la sombra siniestra del narcotráfico. Y en ambos casos los nombres de los involucrados empiezan a caer, uno tras otro, como si fuera un dominó. ¿Cuáles son los nombres más cuestionados? ¿De qué se les acusa? ¿Quiénes más caerán?



Los nuevos caciques

La paramilitarización de la política se da en todo el territorio. En la Costa Atlántica la polémica gira en torno a la omnipresencia electoral y armada de 'Jorge 40'. El episodio de los expulsados es sólo la punta del iceberg. Ya Gustavo Petro desenfundó el sable y acusó a cuatro congresistas de Cesar. Con documento en mano, dijo que en 2001 estos legisladores -cuando eran candidatos- se reunieron con 'Jorge 40' y sus lugartenientes para diseñar la estrategia electoral en ese departamento. Se trataba, según el texto que cita Petro, de dividir el departamento en distritos electorales para que los candidatos no se pisaran las mangueras en materia de votos.

Los resultados electorales demostraron que esa estrategia tuvo éxito en Magdalena y Cesar. Todos fueron elegidos. Por lo menos en 15 municipios algunos de estos candidatos lograron el 90 por ciento de los votos, algo absolutamente atípico en las elecciones en esas regiones.

En la Costa no sólo entre liberales y uribistas se están sacando los cueros al sol. En Bolívar, los conservadores están contra la pared por haber avalado la candidatura a la Cámara del hijo de 'la Gata', una controvertida empresaria del chance que tiene una larga chequera para financiar políticos, y detrás de quien muchos ven la mano invisible de las autodefensas. El propio César Gaviria, jefe del liberalismo, la acusa de "repartir plata y amenazar parlamentarios en muchos departamentos de la Costa". Carlos Holguín, director del Partido Conservador, justificó su decisión diciendo que "a nadie se le puede negar la inscripción, así sea hijo de Al Capone".

Pero a los liberales no sólo les tocó mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Esa viga se llama Vicente Blel, a quien Gaviria tuvo que expulsar de su lista a Senado porque está siendo investigado en Estados Unidos por haber recibido dinero del cartel de Cali.

Los liberales también tienen un enredo en Córdoba. En presencia del propio Presidente de la República, dos reconocidos caciques en campaña se acusaron mutuamente de tener acuerdos con paramilitares de la zona. El uribista Miguel de la Espriella acusó al senador liberal Juan Manuel López de haber hecho tratos clientelistas con Salvatore Mancuso: ni más ni menos que entregarle las secretarías de Hacienda y Salud, mientras su hermano fue gobernador. Y, a su vez, López acusó a De la Espriella de haber salido elegido gracias a la presión de los fusiles impuesta por el propio Mancuso. Mientras los caciques se despluman, lo único que queda claro de este enfrentamiento es que, en Córdoba, Mancuso es quien tiene la sartén por el mango en materia política.

La oscura mancha de la para-política se extiende también por las sabanas de Sucre. Quizás el departamento donde históricamente más polvareda ha levantado este tema. Desde guiños de hombres armados a candidatos, hasta políticos vinculados a investigaciones por masacres, como el senador Álvaro García, por la matanza de Macayepo. La Fiscalía tiene en la mira a la representante a la Cámara Muriel Benitorebollo, conservadora que aspira al Senado, y al senador Jorge Enrique Merlano. Los dos por supuestos vínculos con paramilitares de la zona. La lista podría ser más larga. La Armada y la Fiscalía tienen en su poder una lista con más de 100 nombres de funcionarios y políticos de Sucre y Bolívar que recibían plata y desviaban recursos públicos a las arcas del paramilitarismo. Lista que fue encontrada en la finca de Diego Vecino, cuando era el comandante del Bloque Héroes de los Montes de María, hoy desmovilizado.

Si en la Costa llueve, en el resto del país no escampa. En Medellín se siente la presencia casi ubicua de 'Don Berna' en el proselitismo barrial. A pesar de que este peso pesado de los paramilitares ya está desmovilizado -y preso por el asesinato de un diputado en Córdoba- ningún político en sus zonas de influencia toma una decisión sin su venia. Hasta su foto circuló en cuadernos escolares junto a la candidata al Senado Rocío Arias, la flamante política que ha ganado protagonismo por su insólita franqueza al defender las propuestas de las autodefensas.

Este destape está lleno de paradojas y sorpresas. No se explica cómo Rocío Arias y Eleonora Pineda, que para muchos son el brazo político de las autodefensas, siguen campantes haciendo campaña en bikini por las playas, mientras quienes se reúnen con un paramilitar son sacados a sombrerazos de las listas. Al respecto, Mario Uribe, cabeza de Colombia Democrática, movimiento que las inscribirá, dice que "con juicios secretos y tribunales ad hoc estamos sustituyendo a las autoridades judiciales y de control".

En la Zona Cafetera la presencia de los jefes paras se mueve en el eje 'Ernesto Báez-Macaco'. En Pereira varios candidatos, como Piedad Córdoba, han denunciado reuniones de 'Macaco' con aspirantes al Congreso. De ahí que Habib Merheg saliera salpicado la semana pasada.

La bota de Báez se siente en Caldas. Su huella más siniestra es la vinculación al asesinato del alcalde de Aguadas. Baéz, que hizo política de plaza pública hace 20 años, no sólo es el vocero político de las AUC, sino que quienes lo conocen dicen que tiene una clara debilidad por la manzanilla. A él se le atribuye la idea de crear una asociación de municipios amigos de la paz (léase pro-paras), que preside el alcalde de Barrancabermeja, que era del Polo Democrático. Por esta razón, el mandatario local fue expulsado del partido de izquierda.

Si hay un denominador común en todos estos departamentos que revela que esta campaña electoral está más infiltrada que las anteriores es gracias a un indicador que para los políticos no tiene pierde: la cantidad de plata.

En esto coinciden opositores y uribistas, los de izquierda y los de derecha. En Barranquilla, Armando Benedetti, aspirante al Senado, dice que por donde se mueve ve "plata y paras". En Cali, Alexander López, aspirante a la Cámara por la izquierda, asegura que en los barrios están repartiendo entre ocho y 10 millones a los líderes comunales. En Norte de Santander, el senador Juan Fernando Cristo dice que la presencia de los paras se ve en "las altas sumas de dinero invertidas en algunas campañas de los narcos con ayuda de los paras".

Y en Santander parece estar el ojo del huracán que tiene a mucho candidato nadando en dinero y vallas. Los reflectores apuntan en este momento hacia el senador Luis Alberto Gil, mejor conocido como el 'hombre de la mochila', luego de que en un programa de televisión sacó, por descuido, un fajo de billetes de su mochila. Los senadores Germán Vargas Lleras y Hugo Serrano no han ahorrado adjetivos para denunciar las sospechosas excentricidades y las jugosas ofertas económicas para atraer candidatos sin que se sepa la procedencia del dinero. El senador Serrano ha denunciado en la prensa regional a Gil por supuestos vínculos con paramilitares, específicamente con el Bloque Central Bolívar. Denuncias que cobran mayor relevancia dado que Gil lidera un poderoso movimiento que ha crecido vertiginosamente gracias a su sorprendente solvencia económica. En este movimiento hay ex militares como Rito Alejo del Río, ex guerrilleros como Rosemberg Pabón, y personajes tan controvertidos como la fórmula al Senado del hijo de 'la Gata'.

Las suspicacias por el ingreso de dinero de dudosa procedencia también han florecido en Tolima. Un conocido abogado de la región denunció ante la Fiscalía que las campañas del ex presidente del Senado Luis Humberto Gómez Gallo y del candidato a la Cámara Jorge Tulio Rodríguez, estarían siendo financiadas por alias 'el Socio', un célebre narcotraficante de la zona.

¿Dónde está la justicia?

La paramilitarización del país está asomando su rostro en estas elecciones. Las voces aisladas que anticiparon este fenómeno hace unos años se quedaron cortas ante los alcances que ha tenido este flagelo.

Ante la dificultad de tener pruebas que vinculen a candidatos con el paramilitarismo, se ha acudido a decisiones más políticas y éticas a la hora de depurar las campañas. Desde ese olimpo de la moral pública fue que expulsaron a los congresistas la semana pasada. Aunque para muchos, más que una decisión espontánea y a conciencia del Partido de La U y Cambio Radical, fue forzada por un sector de los propios políticos, la prensa y la opinión. Aún así, es saludable y fue bienvenida.

Pero así como este destape puede ser la oportunidad para desenmascarar las mafias armadas que pretenden darle un zarpazo a la política, también se vuelve un terreno fértil para quienes quieren hacerles una guerra sucia a sus competidores y enlodar sus nombres. Para evitar una posible avalancha de calumnias e injurias, la justicia tiene que tomar cartas en el asunto y despejar las dudas. No es muy alentador que a pesar del acervo de denuncias que se han acumulado durante años, no haya investigaciones formales contra congresistas por paramilitarismo. Apenas esta semana, ante una solicitud formal del Procurador, Edgardo Maya, la Corte empezará a recabar en los hechos denunciados durante estos días.

Una dificultad adicional es saber qué quiere decir tener vínculos con las autodefensas. Los tiene, sin duda, quien participa en las estrategias o quien recibe plata de ellos. Pero aquí no se puede ni generalizar ni estigmatizar. No todo candidato que hace política en una región controlada por ellos es un alfil de su causa. Ni tampoco quien se identifica con su discurso antiguerrillero se convierte en un paramilitar.

Lo que está pasando en Colombia es que el narcotráfico logró comprar un ejército para proteger su negocio. Ahora buscan apoderarse de la política para mantener su hegemonía regional. Y armas, dinero y votos son un coctel explosivo en territorios donde el Estado es todavía muy frágil.

¿Refleja todo esto que el poder de los paramilitares va en ascenso o, por el contrario, este escrutinio público de sus tentáculos muestra que son más vulnerables que hace unos años? Es difícil responder. Lo que sí es claro es que conocer su tablero y cómo mueve sus fichas, es un avance en la búsqueda por blindar la democracia de los embates de los violentos y para desarticular sus estrategias clientelistas que socavan la legitimidad del Estado.

Como en la mitología griega, cuando la caja de Pandora se abre, es muy difícil volver a cerrarla. Y no hay duda de que el país necesita conocer muchos de los secretos que hay allí guardados, para poder avanzar.

La justicia tiene la palabra para decirle al país cuáles son esos secretos. n