El 'sapo' más difícil de tragar para alcanzar la paz

El debate académico en el que el presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, defendió la posibilidad de que guerrilleros responsables de narcotráfico puedan ser indultados reabrió el debate sobre la conexidad de esa conducta con la rebelión.

Para Bustos, es aceptable la tesis del fiscal Eduardo Montealegre de considerar que cuando el tráfico de estupefacientes se convierte en una de las actividades misionales del grupo, por ser fuente de financiación de su accionar, es equivalente al delito político.

Desde el Centro Democrático no se hicieron esperar las críticas  a esta postura, especialmente la del senador Álvaro Uribe; lo propio hizo el procurador Alejandro Ordóñez, para quien el tráfico de estupefacientes podría incluso tener relación con la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Viable en lo jurídico, pero inconveniente en lo político

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry el Congreso no tendría ninguna limitación para establecer esa conexidad que piden Bustos y Montealegre. Sin embargo, considera que se trataría de una decisión política inconveniente.

A su entender, si la eventual decisión de Colombia de permitir que guerrilleros responsables de narcotráfico ejerzan la actividad política estaría blindada por una decisión de Estado de establecer un marco de justicia transicional para terminar con su conflicto interno.

Para él, el marco jurídico para la paz constituye una plataforma legal válida para luego tramitar una reforma estatutaria en la que se reconozca el tráfico de estupefacientes como asimilable al delito político.

No obstante, concluyó que trataría de una decisión inconveniente. Tantos años de atentados y muertes violentas de inocentes que ha sufrido el país por cuenta de ese negocio ilegal, en su criterio, explican el por qué de su oposición.

¿Y los tratados de extradición qué?

Para el exmagistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez, si fuera voluntad del Congreso morigerar las consecuencias penales del narcotráfico, siempre que lo establezca expresamente en la Ley, puede hacerlo sin que pueda considerarse excesivo.

En el caso concreto del narcotráfico como fuente de financiación de la lucha subversiva y que este se cometa en función de la rebelión, cree que la tesis de su excompañero de Sala Leonidas Bustos es razonable.

Pero así el país cree un marco institucional interno que permita juzgar como rebeldes a insurgentes que cometieron este delito, no pueden dejarse de lado los compromisos adquiridos a través de diferentes tratados de extradición, dijo Ibáñez.

Para él, los estados firmantes de ese pacto van a preguntarse qué pasó con los compromisos que asumió Colombia con ellos para permitirles juzgar a sus nacionales; en su criterio, no puede dejarse de lado la discusión sobre una eventual renegociación de los tratados.

El debate apenas se inicia y será primero en La Habana y posteriormente en el Congreso donde se dirima la discusión.