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| 7/28/1997 12:00:00 AM

SE ABRE LA AUDIENCIA

La Procuraduría estrenó la semana pasada un mecanismo constitucional que permite destituir funcionarios en cuestión de horas.

La semana pasada fueron destituidos de manera fulminante por el Procurador General de la Nación dos empleados del Sena por corrupción administrativa. Este hecho no tiene nada de excepcional en sí mismo puesto que esa es la labor del responsable del Ministerio Público. Lo novedoso del asunto es la herramienta constitucional que utilizó para cumplir con su trabajo. "Es la primera vez en Colombia que se utiliza el artículo 278 de la Constitución", dijo Jaime Bernal Cuéllar a SEMANA sin ocultar su satisfacción por haber estrenado el mecanismo contemplado en la Carta desde la reforma de 1991. El artículo 278 trata sobre las funciones que puede ejercer directamente el Procurador. Este puede, según se lee en el ordinal primero del artículo, "desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de la siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones_". En otras palabras, el artículo faculta al Procurador para hacer una especie de juicio privado a los acusados en el cual él actúa como juez. Normalmente, para investigar funcionarios corruptos, se recurría a un proceso disciplinario que podía tardar hasta cinco años.
La audiencia es un mecanismo alternativo diseñado por la nueva Constitución que permite eliminar toda la tramitología del proceso disciplinario y actuar en forma inmediata. Los acusados se presentan directamente ante el Procurador, el cual en un interrogatorio con ellos los confronta sobre las acusaciones y las pruebas que se tienen sobre su conducta. De la forma como se defienda en la audicencia dependerá la suerte del acusado, quien puede ser destituido de inmediato.Y eso fue lo que pasó en el caso del Sena. Miguel Luna Stella, jefe de la División de Servicios Generales y Construcciones del Sena, en Bogotá, y José Daniel Perea Arce, interventor de la institución, fueron denunciados por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo el pasado 9 de abril por el cobro de comisiones ilegales a un contratista. Como se recordará, fue divulgado un casete en el cual Perea hablaba abiertamente del tema con William Rueda, otro contratista, y decía frases tan comprometedoras como "en el Sena se sabe que eso es un diez por ciento", refiriéndose a comisiones pagadas por contratos. Una vez se publicó la historia el caso quedó en manos de la Contraloría y la Procuraduría. El 5 de junio los dos inculpados comparecieron en una audiencia pública _como las que se ve en las películas norteamericanas_, ante el Procurador y el director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Y durante ocho horas intentaron explicar la manera como habían adjudicado y manejado un contrato de construcción de los talleres de artes gráficas de la sede del Sena de Paloquemao. Sus argumentos se estrellaron, sin embargo, contra las evidencias que mostraban que el contrato tuvo un sobrecosto del 46 por ciento, lo cual repercutió de manera negativa en el patrimonio de la entidad estatal. Días más tarde hubo una segunda audiencia, igual a la primera, en la que los incriminados presentaron sus descargos.Por fin, el lunes pasado Bernal Cuéllar entregó su fallo: destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante tres años. La rapidez con que se actuó en este caso le devolvió la esperanza a muchos. En opinión del Procurador, lo ocurrido puede ser visto como "una garantía a los ciudadanos que presenten quejas por corrupción de que la justicia va a actuar. El artículo 278 es una herramienta que tenemos que explotar".
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