Miércoles, 22 de octubre de 2014

| 2013/04/06 10:00

¡Se acaba el paraíso fiscal!

El gobierno alista un duro decreto que pondrá en cintura a los centros financieros ‘offshore’.

Las medidas que está tomando el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, están en sintonía con la preocupación mundial sobre la forma como se evaden impuestos por medio de los paraísos fiscales. El tema fue portada de ‘The Economist’ hace un mes, y el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) comenzó la semana pasada el denominado Offshore Leaks al desclasificar millones de documentos con información de estos lugares.

Cientos de adinerados colombianos han puesto por años a prueba la famosa frase de Benjamín Franklin según la cual lo único seguro en la vida es la muerte y pagar impuestos. Ellos, por años, han logrado evadir esto último gracias a que manejan sus negocios en los llamados paraísos fiscales. Así es como se conocen los lugares en el mundo que se han especializado en una particular actividad: mantener en secreto a los dueños de las compañías que albergan en sus territorios y no cobrarles impuestos.

El tema cada vez provoca mayor debate en el mundo. El más reciente envión se dio la semana pasada cuando el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), una organización global con sede en Washington, reveló el contenido de miles de documentos sobre quiénes son y cómo operan centenares de estas compañías en lo que ya se conoce como los Offshore Leaks, entre otras porque el volumen de información desclasificado es mayor a lo que en su momento fueron los cables de Wikileaks. También, hace poco, el semanario británico The Economist dedicó su carátula y un informe de 14 páginas al tema, algo inusual en esta prestigiosa publicación.

No se trata de que se pusiera de moda un tema. La preocupación es de gran calado pues los países desarrollados están viendo cómo por cuenta de estos paraísos están dejando de recibir toneladas de dinero en impuestos, lo que cada vez los hace más débiles como Estados. Mientras esto sucede, los multimillonarios del mundo y las grandes corporaciones usan todos los servicios que hacen viable un país como su capacidad institucional, su infraestructura y sus garantías de seguridad física y jurídica, pero se llevan las utilidades para otro lado.

Para el caso colombiano, el solo hecho de tener una cuenta en uno de estos lugares no convierte inmediatamente al poseedor en delincuente. De hecho, puede haber casos en los cuales se decide ubicar en ellos empresas o recursos para facilitar la operación. Lo que sí es irregular es que esos recursos en el exterior no se declaren ante la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian), pues entonces se configura la evasión tributaria. 

Esto se agrava cuando se hacen una serie de maniobras con las que se sacan masivamente recursos disfrazados de transacciones comerciales que en realidad son jugadas para desembolsar utilidades de las compañías sin pagar el impuesto de renta. El tema toma ribetes penales cuando no se logra justificar el origen de los recursos, en cuyo caso se presume una operación de lavado de activos que puede estar relacionada, por ejemplo, con temas de narcotráfico o de corrupción, pues por el nivel de secreto que manejan estos lugares se convierten en verdaderos paraísos para estas transacciones.

Hoy es imposible saber cuántos de los recursos que hay en esos países están legalizados. Pero es una señal de alerta que en los últimos 20 años al menos el 34 por ciento de las inversiones extranjeras en Colombia provinieron de estos lugares y que al menos el 30 por ciento de las inversiones de colombianos en el exterior se hicieron a esos destinos, según cálculos hechos por SEMANA con base en los registros del Banco de la República. 

Es por esto que el gobierno elaboró un decreto que está próximo a expedir, con el que se reglamenta una ley que llevaba dormida más de diez años, bajo el cual se publicará una lista de países con los que cambiará la forma de hacer negocios. 

¿Cómo funciona? Por ejemplo, una empresa que tiene cuentas en estos lugares y quiere evadir impuestos en Colombia, hace lo siguiente. Si tuvo utilidades por 1.000 millones de pesos, en vez de declararlas como tal y pagar el impuesto de renta del 33 por ciento, expide unas facturas de pago de servicios desde los paraísos fiscales o dice que tiene una deuda por pagar en estos sitios y de esa manera, las ‘utilidades’ se van por la vía legal al exterior y la empresa solo tributa en Colombia hasta un 10 por ciento por concepto de retención en la fuente, o incluso nada si se trata de una deuda.

Según los cálculos del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, cada año están evadiendo más de 15 billones de pesos en impuestos por cuenta de los paraísos fiscales. Es decir un 15 por ciento de lo que hoy se recauda al año en impuestos. “Después de Haití y El Salvador, Colombia es el país que menos recaudo tiene proporcionalmente en el continente y en parte es por estas laxitudes. ¡Pero eso va a cambiar!”, dice enérgico Ortega. 

El decreto elaborado por la Dian ya está en el escritorio del ministro de Hacienda para su visto bueno con lo que pasaría a sanción presidencial. Aunque no se conoce cuál es la lista definitiva de países, SEMANA supo que serán cerca de 60, también conocidos como centros financieros offshore, a los que se les aplicarán las estrictas medidas. 

Definir cuáles son es un trabajo de filigrana tributaria, pues no se trata solo de lugares comunes como Islas Vírgenes, Islas Caimán, Bermudas y Anguila, pues incluso hay países como Estados Unidos e Inglaterra que tienen jurisdicciones que se han especializado en ofrecer estas gabelas. Es el caso del estado de Delaware o del distrito financiero de Brickell en Miami. De ahí que una de las incógnitas será si esos destinos financieros están dispuestos a colaborar con Colombia.

En el país se tiende a justificar la excesiva confidencialidad financiera con los problemas de seguridad. Otros han aprovechado la falta de definición de la norma para abusar de ella. De hecho prestigiosas firmas de abogados se han especializado en buscar cada vez más esguinces a la ley y por esta vía evadir el pago de impuestos a cambio de millonarias comisiones sobre lo que logren que sus clientes dejen de pagar.

Pero las cosas están cambiando. Una prueba es, por ejemplo, la situación en la que están muchos de los inversionistas de los fondos en el exterior que tenía InterBolsa. En total la comisionista logró que 440 de ellos participaran de sus negocios en los centros financieros de Luxemburgo y Curazao. Ya se comenzó la investigación de 128 casos en los que se indaga si las inversiones habían sido reportadas en Colombia. En caso de que no, estos inversionistas tendrán que enfrentarse a duras sanciones por parte de la Dian, además de haber perdido sus recursos en el descalabro bursátil. 

Esto es apenas el comienzo. Pero si el gobierno logra que las nuevas medidas funcionen, quienes tenían como hábito acudir a los paraísos fiscales tal vez comiencen a vivir una suerte de infierno, en beneficio del país que podrá contar con más recursos para funcionar mejor.

Parecen más el infierno

Es sorprendente la masiva presencia de paraísos fiscales en el Top Ten tanto de las inversiones extranjeras en Colombia, como de los destinos donde los nacionales colocan su dinero en el exterior. 

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