¿Se acaban las filtraciones?

En un mundo donde las redes terroristas y del crimen organizado tienen en jaque a muchos países, nadie cuestiona que las labores de inteligencia que buscan proteger la supervivencia de las democracias estén amparadas por el secreto. Pero la experiencia ha demostrado que cuando la reserva se convierte en un mecanismo para encubrir abusos de los funcionarios, el mejor antídoto es la filtración de estos secretos al público a través de los periodistas. Eso ocurrió en Estados Unidos con el caso Watergate, que dejó al desnudo los métodos usados por la campaña de Richard Nixon para hacerse a la Presidencia. Pasó en Perú para demostrar el papel de Vladimiro Montesinos en el régimen de Alberto Fujimori y ha servido en Colombia para demostrar que el DAS se convirtió por varios años en un verdadero Frankenstein del espionaje.

Ese equilibrio entre la necesidad del secreto y la de que se quebrante es el que podría romperse con la nueva ley de inteligencia que acaba de ser radicada en el Congreso, que ya levantó una polvareda entre los periodistas, pues contempla el aumento de penas para quien "divulgue" información reservada.

Esta ley no es tan nueva. De hecho, es una versión revisada del texto aprobado por mayoría absoluta en 2008, que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma, pues debía ser una ley estatutaria ya que afecta derechos fundamentales. En su momento obtuvo gran respaldo porque después de los abusos cometidos por muchos agentes de inteligencia, encubiertos por la reserva, era obvio que se necesitaba un marco legal.

Ese es el lado bueno del proyecto actual, pues es claro en que la inteligencia debe obedecer a un plan, crea un sistema de controles internos y también civiles, pues una comisión del Congreso sería parte de él, y obliga a que cualquier tipo de seguimiento o vigilancia sea autorizado por un juez. El proyecto incluye también dos nuevos elementos que corrigen fallas del pasado. Por un lado, instaura una comisión liderada por el Procurador y con participación de la sociedad civil, para que recomiende los mecanismos para depurar los archivos de inteligencia. Además, exonera a los funcionarios que filtren información que ha sido recaudada de manera ilegal.

No obstante, el proyecto tiene aspectos muy preocupantes, como el que deja la puerta abierta para que los periodistas sean judicializados si publican información reservada. Si bien es cierto que este artículo está contenido en el Código Penal, también lo es que la Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias que quien responde por estas filtraciones son los funcionarios y no la prensa. "Eso se va a aclarar en la ponencia, sin ninguna duda", dice el senador liberal Juan Manuel Galán, ponente y defensor del proyecto.

Otro aspecto cuestionable es que la reserva está contemplada por 40 años, los cuales el presidente puede prorrogar por 15 más. El estándar internacional y lo que contempla hoy la ley de archivos es 30 años. La facultad de levantar la reserva es exclusiva del jefe de Estado y el gobierno determinará también los niveles de reserva de la información. Este punto merece mayor definición en la ley. Los cables de WikiLeaks han demostrado que a los funcionarios les encanta usar el sello de top secret para rotular incluso conversaciones de coctel. Por eso el contrapeso a tanto secreto lo dan leyes de acceso a la información que permiten desclasificar documentos parcial o totalmente, como el caso de los Foia de Estados Unidos.

Si bien corren tiempos de grandes riesgos de seguridad para las democracias, también son tiempos donde las demandas de información son mayores. Por eso la reserva debe reducirse a la mínima expresión, especialmente en un contexto donde muchos crímenes y actos de corrupción se han encubierto bajo el manto del secreto, sin que aún se hayan corregido radicalmente o castigado de manera ejemplar estos abusos.