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| 3/30/1992 12:00:00 AM

SE ACABO LA LUNA DE MIEL

Después de un año y medio de gobierno, las cosas para el presidente Gaviria están dejando de ser color de rosa.

CUANDO EN EL MANO A MANO ENTRE CÉsar Rincón y Ortega Cano el matador nacional le brindó su primer toro al Presidente, sucedió algo que no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. En lugar de la ovación de que había sido objeto en sus anteriores idas a toros, la mitad de la plaza lo chifló. Una rechifla en la plaza de Santamaría para un Primer Mandatario es común en un país de descontento como Colombia. Sin embargo, el evidente cambio de actitud del mismo público, en la misma plaza, en pocas semanas, confirma lo que se estaba comenzando a rumorar en muchos círculos privados: que la luna de miel de César Gaviria se acabó.
El promedio de las lunas de miel de los colombianos con sus presidentes es generalmente de alrededor de un año. En este sentido, el caso de Gaviria no tiene nada fuera de lo común. La sorpresa radica en que el grado de unanimidad que reinaba en la opinión pública alrededor de las bondades del Presidente, su joven equipo y el revolcón era de por sí excepcional y hasta hace pocos días constante. De la noche a la mañana y sin que hubieran cambiado dramáticamente las circunstancias del país, el sentimiento generalizado es que Colombia está muy mal, y todo indica que va a empeorar.
Que el país va mal, no hay la menor duda. De quién es la culpa, es otro debate. La gravedad de la situación es evidente al pasar revista a lo que está sucediendo en el panorama económico, político, social, laboral y de orden público. Ninguno de los problemas en estos frentes es totalmente nuevo ni inesperado. Lo inusual es que se hayan presentado en todos al tiempo y con la intensidad con la cual se registraron al cierre de la semana pasada. De hecho, los titulares de los noticieros de televisión del fin de semana eran sintomáticos. La secuencia no podía ser más aterradora: policías involucrados en la masacre de Caloto, movilización cafetera en protesta contra el Gobierno, paro de trabajadores oficiales organizado por la CUT, racionamiento de energía eléctrica, atribuido entre otras causas al descontento laboral.
Como Colombia es un pais propenso al pesimismo y a la dramatización de las situaciones, es conveniente desmenuzar lo que está sucediendo para establecer la dimensión real de los problemas. En otras palabras, ¿qué tan grave es lo que está sucediendo en el frente político, en el laboral, en el económico, en el de orden público?

UN MUNDO DIFERENTE
Cualquiera que estuviera presente en el Senado de la República el jueves en la noche, habría palpado un ambiente tan diferente al de finales del año pasado, que hubiera podido pensar que se trataba de un país distinto. En una junta de parlamentarios del partido de gobierno, la mayoría actuaba como si fuera de miembros de la oposición. En la plenaria del Senado se repetía una escena similar pero con representantes de todos los partidos políticos.
Hasta hace pocos días, el único sintoma de una posible oposición era el debate solitario del senador Rodrigo Marín sobre la política económica del Gobierno y sobre el desarrollo de las negociaciones de límites con Venezuela. Teniendo en cuenta que el parlamentario del Movimiento de Salvación Nacional representa un grupo de apenas cinco senadores, y que el jefe de ese movimiento, Alvaro Gómez, acaba de aceptar la embajada en París, el brote de oposición parecía apenas una aventura personal. Más tarde el asunto pareció ponerse más serio, cuando a instancias de los senadores Alberto Santofimio, Roberto Gerlein y Andrés Pastrana fueron citados al Senado los 14 ministros del gabinete, para someterlos a un análisis crítico de todos los aspectos del Gobierno. Ahora aunque por razones más emocionales que racionales, la mayoría del Congreso está en un estado de ánimo parecido al de Marín. Este cambio de ánimo repentino tuvo su origen en la discusión de un proyecto de ley de reformas laborales para el sector estatal presentado por el Gobierno, que terminó con la declaratoria de la emergencia económica y social. El último día de sesiones del año pasado, el Gobierno había presentado a estudio del Congreso un Proyecto de ley que consideraba fundamental. Se trataba del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, que además fijaba las prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. A través de este estatuto se buscaba aliviar las cargas prestacionales que genera ese sector. El 14 de enero de este año, al reanudarse las sesiones, el proyecto empezó en forma su recorrido por el Congreso. La Comisión Primera del Senado había modificado sustancialmente el contenido del proyecto original y lo que el Gobierno buscaba convertir en un alivio prestacional para la administración pública, los miembros de la Comisión lo vieron como un inaceptable desmonte de los derechos adquiridos de los trabajadores del sector público. El 19 de febrero, el mismo día en que la Comisión se disponía a someter a votación el proyecto, el Gobierno envió un mensaje de urgencia para el trámite del mismo. Ahi fue Troya. Los parlamentarios entendieron este mensaje como un acto inamistoso por parte del Ejecutivo, en la medida en que daba a entender que el Congreso no estaba trabajando con la celeridad que el caso requería. Y para los congresistas, la imagen ante la opinión pública es uno de sus flancos más sensibles.
El Gobierno, por su parte, vio el mismo episodio desde un ángulo muy distinto. Para Gaviria y sus ministros, el trámite del proyecto de ley era fundamental para solucionar problemas urgentes, entre ellos un aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Militares y especialmente de la Policía. Según uno de los ministros, la decisión de enviar el mensaje de urgencia no tenía otra finalidad que la de facilitar una agilización del trámite del proyecto, ya que el mensaje de por si permitía que las comisiones de Senado y Cámara sesionaran conjuntamente, en lugar de que hicieran debates sucesivos. Pero el problema ya estaba creado. Al mensaje de urgencia le respondieron con la declaratoria de un receso parlamentario hasta el 10 de marzo. Esta decisión, que finalmente fue echada para atrás, era de alguna manera una pelea bastante frontal entre las dos ramas del Poder Público.
Pero si el mensaje de urgencia mortificó al Congreso, la declaratoria de Emergencia Económica y Social sería recibida como una verdadera bofetada. El gobierno del Presidente Gaviria, a través del ministro de Defensa, Rafael Pardo, les explicó a los congresistas que había una situación social que podía considerarse como una verdadera bomba de tiempo. Un fuerte movimiento de protesta de los trabajadores del sector público amenazaba con ser algo mucho más fuerte que las manifestaciones que organiza cíclicamente ese sector. En esta ocasión se trataba de una protesta más intensa, que presentaba el agravante de que tenía a los agentes de la Policía como un nuevo sector descontento. A las declaraciones del ministro se sumaban los rumores, provenientes de los organismos de seguridad del Estado, según los cuales había grupos clandestinos armados, del corte de las milicias populares de las comunas de Medellín, que se estaban organizando en Bogotá para entrar en acción en una jornada de protesta programada para el jueves pasado.
No es la primera vez que un Gobierno acude a la emergencia económica para intentar solucionar problemas graves. En el 74 lo hizo Alfonso López Michelsen tras el desastre de Quebradablanca, que aisló a los Llanos Orientales del resto del país, y posteriormente Belisario Betancur para afrontar la crisis del sector financiero. La diferencia entre la medida de ese entonces y la nueva es que en la interpretación de la de aquellas épocas no quedaba clara la facultad del Ejecutivo para crear nuevos impuestos en ejercicio de la emergencia. A partir de la nueva Constitución, esa facultad es absolutamente clara y expresa.
La gravedad del cuadro pintado por el Gobierno, sin embargo, no aplacó el ánimo de los senadores. A pesar de que la inmensa mayoría de los congresistas estaba de acuerdo con los motivos invocados por el Gobierno para la declaratoria de emergencia, no sólo no compartía los trámites utilizados para conjurarla, sino que la consideraba una abierta usurpación de las funciones parlamentarias.
Como un elemento adicional, estaba el que en el proyecto de ley del Gobierno se fijaban los sueldos de los propios parlamentarios. Este fue, desde el comienzo del trámite del proyecto, un elemento incómodo para los congresistas puesto que, se mirara como se mirara, siempre quedaba la sensación de que había una zanahoria económica amarrada a la aprobación general del proyecto. Además, otros más suspicaces veían una intención escondida de halagar a los parlamentarios no para la aprobación del proyecto que desató la pelea, sino para la del que contiene la reforma tributaria. Ese proyecto de ley, que seguramente creará o aumentará los impuestos de los colombinos, es el "coco" de la temporada legislativa por la impopularidad que puede implicar sumarse a la paternidad de esa criatura. Por todo esto, el aumento del sueldo de los congresistas, hecho por el Gobierno en medio de la pelea, fue entendido como un acto adicional de agresión. Para los parlamentarios era claro que con la nueva estructura de inhabilidades y restricciones contempladas en la Constitución, ese sueldo estaba muy por debajo de lo que consideraban el mínimo aceptable, y asumían como un hecho que el Gobierno era plenamente consciente de ello.
Otra de las particularidades que tuvo el episodio de la declaratoria de emergencia fue el de sacar a flote un sentimiento que venía creciendo subterráneamente entre los parlamentarios, y muy particularmente entre los liberales. Lo que hasta la semana pasada nadie se atrevía a decir públicamente era que, para muchos de los miembros del Congreso, el gobierno de César Gaviria se comportaba con ellos con una actitud distante, indiferente y, para no pocos, despectiva. Lo que se oía a nivel de murmullo en los pasillos del Congreso era que muchos liberales no se consideraban representados políticamente en el gabinete y que el Gobierno se había vuelto sordo a sus solicitudes de participación burocrática. Desde hace algunos días el secretario general de la Presidencia, Fabio Villegas, se ha convertido en el malo del paseo para muchos políticos, por ser él el encargado de organizar el sofisticado ajedrez nacional de la milimetría burocrática. Sin embargo, el jueves de la semana pasada esas protestas dejaron el nivel de los rumores para convertirse en un tirón de orejas oficial. Durante cuatro horas seguidas la junta de parlamentarios liberales, reunida en el recinto de la Comisión Primera del Senado con los ministros de Gobierno y Hacienda, se convirtió en un verdadero memorial de agravios unánime y acalorado. "Acepto los reclamos con resignación republicana", fue lo que dijo a la salida de la reunión el ministro de Gobierno, Humberto de La Calle Lombana. De ahí salió conformado un grupo de 30 senadores liberales, llamados "los independientes" quienes en un manifiesto leído en la plenaria del Senado declararon su "independencia crítica" frente al Gobierno de Gaviria y su neutralidad en materia de candidaturas presidenciales. Este no-alineamiento en esa materia hay que entenderlo como un agrupamiento parlamentario contra la candidatura de Ernesto Samper, y contra el Gobierno sólo en la medida en que algunos congresistas creen que la aspiración del embajador en España es impulsada desde la Casa de Nariño.
Es muy posible que en estos incidentes se estén viendo algunos síntomas de las modificaciones que la nueva Constitución va a producir en la política colombiana. Buena parte de lo que los parlamentarios cosideran "ingratitud burocrática" del Gobierno puede consistir en que su capacidad para repartir puestos se ha rebajado considerablemente. La elección popular de gobernadores le quitó al Presidente de la República su mayor despensa en esta materia, y es muy posible que la inconformidad parlamentaria sea el resultado de una física falta de plazas disponibles para repartir. Pero así como la nueva Constitución le rebaja la cuota burocrática que los gobiernos solían repartir entre los parlamentarios, también su capacidad para manejar las eventuales rebeldías parlamentarias mediante este mecanismo se ha rebajado notablemente. Y hay que tener en cuenta, como motivación para la oposición parlamentaria al Gobierno, un hecho fundamental: el proyecto de ley que provocó la polémica buscaba aligerar las cargas laborales del sector estatal, principal reducto electoral en Colombia, y todo el proceso se está adelantando en visperas de elecciones. Es muy probable que la semana entrante, cuando el factor proselitista haya desaparecido, la carga contra el Gobierno puede ser también más débil.

Es difícil prever desde ahora hasta dónde puede llegar este enfrentamiento que ha dejado la sensación de que la luna de miel política del presidente Gaviria ha terminado. A juzgar por el ánimo del Congreso, el asunto podría llegar lejos. Algunos parlamentarios están empezando a sugerir que así como el Gobierno estrenó el mecanismo de la Emergencia de la nueva Constitución, puede que el Congreso inaugure el del voto de censura y provoque la caida de alguno de los ministros. Nadie ha tomado esto muy en serio, pero que se está diciendo, se está diciendo.

EL MITO DE LA APERTURA
En el campo económico, los dardos aislados que ha recibido el gobierno de Gaviria giran alrededor del proceso que concentra toda la atención del país: la apertura. Con este tema ocurre que los sectores inmediatamente afectados manifiestan de manera airada sus protestas, mientras que quienes se deben beneficiar en el futuro, que son los ciudadanos rasos, constituyen un sector silencioso.
Hasta el momento, se han escuchado las voces de algunos empresarios a quienes el súbito ingreso al mercado internacional ha golpeado de una manera más fuerte. Y las de los exportadores, que se han visto castigados por el manejo de la política económica. Pero aparte de eso, y desde que se empezó a mencionar la posibilidad de la apertura, no se han dejado de escuchar los augurios en torno del impacto social negativo que generan este tipo de medidas durante un período relativamente prolongado. En Colombia, sin embargo, estos análisis pesimistas aún no han dejado el terreno de los vaticinios.
Porque lo cierto es que, por ahora, las críticas más contundentes no han girado alrededor de la apertura misma -que casi todo el mundo considera necesaria-, sino de la manera de aplicarla. Tal es el caso del debate promovido en el Senado por Rodrigo Marín Bernal, que se puede considerar el aviso de largada para la oposición a este Gobierno.
El catálogo de críticas al manejo de la economía es muy variado. El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para controlar la inflación, sacrificando incluso el crecimiento de la economía, y sin embargo los índices sobre costo de vida siguen siendo altos. A pesar del éxito relativo del año pasado, las estadísticas de los dos primeros meses de 1992 son bastante desalentadoras. Y todo hace pensar que, de nuevo, la meta del 22 por ciento fijada para este año no pasará de ser una utopía.
Por otra parte, las reservas internacionales siguen creciendo. Algunos expertos preven un incremento de 1.500 millones de dólares en.1992, lo que quiere decir que el sector externo seguirá siendo expansivo. Y buena parte de tales ingresos corresponderían a filtración de dineros mal habidos (no exclusivamente del narcotráfico) que están compitiendo en el espacio monetario con las exportaciones legales.
Desde el punto de vista fiscal, al Gobierno le toca, como algo prácticamente obligatorio, generar un superávit del 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual significa, en plata blanca, que tendrá que aumentar los ingresos y ajustar los gastos en una cifra que ronda el billón de pesos. De esta cantidad, 400 mil millones, por lo menos, deberán salir del bolsillo de los contribuyentes.
Para quienes critican desde el ángulo económico a la administración Gaviria, los índices actuales corresponden a equivocaciones en las decisiones relacionadas con las medidas que acompañaron a la apertura. Para unos, el aceleramiento del proceso de apertura y los bandazos en esta materia pueden hacer que el impacto de la internacionalización de la economía colombiana sea más fuerte de lo que hubiera podido serlo en otras circunstancias.

EL VERDADERO ASUNTO
Más graves, sin embargo, son los problemas en materia de orden público. Y no precisamente los que están apareciendo en los titulares de los periódicos: secuestros, amapola, paros cívicos, fuego cruzado en el Magdalena Medio, etc. Todos estos son, al fin y al cabo, la continuación de situaciones que venían de atrás y con las cuales, mal o bien, el país ha aprendido a convivir. Lo nuevo, lo verdaderamente grave y lo que los colombianos todavía no han captado es el cambio de estrategia que se ha producido durante las últimas semanas por parte de la guerrilla. Esta, en la práctica, ha tomado la decisión de mantener al país en guerra y en una guerra más sangrienta que en la que lo había mantenido en el pasado. A esta decisión se llegó en una cumbre de comandantes que tuvo lugar a comienzos de año en el campamento del ELN en el norte de Santander. Allí, representantes de todos los grupos guerrilleros -menos el EPL- acordaron, según consta en el documento de conclusiones, reactivar la guerra introduciendo en ésta elementos nuevos.
Uno de ellos es generalizar la guerra en Colombia, atacando las principales ciudades y concentrándose en los núcleos de conflicto económico y social, como Barrancabermeja y el Magdalena medio.
Otro propósito es el de cambiar el interlocutor de las negociaciones, de tal suerte que en lugar de ser sólo el Gobierno sean muchos más estamentos del Estado y de la sociedad. La meta es negociar simultáneamente con el Congreso, los gobernadores, los industriales, los militares, etc. Esto significa, en vez de una negociación coordinada y unificada, ramificarla en el mayor número de vertientes para enredar al máximo el proceso.
Buscar que el interlocutor sea más representativo de la sociedad de lo que es el Gobierno tiene como prerrequisito que la sociedad sea la enemiga. Es decir, que los blancos ya no serán estrictamente militares y que la presión se sentirá en los puntos más vulnerables. El secuestro de Lorenzo Kling atribuido al ELN es uno de los pasos en esta dirección.
Otra meta inmediata es acompañar los conflictos laborales con acciones guerrilleras. Eso está sucediendo en Barranca, y no son pocos los observadores que ven detrás de mucho paro cívico la mano del comandante de la zona.
El cese al fuego, que hasta finales del año pasado era el objetivo inmediato, ha dejado de serlo. Ahora es considerado la etapa final del proceso. Pero, ¿cuáles son las etapas previas? Extraer concesiones del Estado en materia económica y, concretamente, sabotear la apertura económica, que la guerrilla considera nefasta para el pais. En otras palabras, la prioridad de la guerrilla en la actualidad es hundir el proyecto central de César Gaviria. Atrás quedaron las épocas cuando los guerrilleros decían que sólo aspiraban a un cambio de reglas de juego en materia política, entendiendo que bajo esas nuevas reglas se librarían las batallas económicas en un marco democrático. Ahora que Gaviria cambió las reglas del juego con la Constituyente, el mensaje es que no basta, y que las concesiones económicas se han convertido ahora en condición previa a un cese al fuego. Cese al fuego que, por primera vez en mucho tiempo, no ofrecen ni siquiera para las próximas elecciones.
La consecuencia de todo lo anterior es que el proceso de paz no va para ninguna parte. En el fondo, ni el Gobierno ni la Coordinadora, creen que la reanudación de las conversaciones en México desemboquen en nada. Las dos partes, por razones estratégicas, tienen interés en mantener el concepto del diálogo, pero ninguna de las dos tiene fe.
Una de las explicaciones de esta evolución negativa es el precedente creado por el acuerdo firmado en El Salvador entre el Gobierno y la guerrilla. Este, en lugar de incitar a los grupos insurgentes colombianos a pactar, los ha llevado a la conclusión de que si logran "salvadorizar" el proceso, pueden acabar cogobernando. Como Colombia aún no se acerca a la situación salvadoreña, el propósito de la subversión es acercarse a ella.
Todos estos elementos están contenidos en un documento firmado en la última cumbre guerrillera al cual algunas personas han tenido acceso. El Gobierno es consciente de este viraje, pero la opinión pública todavía no. De lo que no hay duda, es que los principales dolores de cabeza de César Gaviria y del Gobierno colombiano van a venir por ese lado.
Nadie puede calificar al Gobierno como el responsable de todos estos males. La popularidad del Presidente puede haber bajado, pero su prestigio entre los analistas calificados sigue en alto. Si algo ha demostrado César Gaviria es tener claridad acerca de hacia dónde quiere ir y comprensión de los problemas del país. Los ministros, a pesar de su juventud, conforman un gabinete que la mayoría considera de lujo, pero aún así la magnitud de los problemas intimida. La situación del país es delicada, pero sería exagerado considerar que ha llegado a tal punto que estamos al borde de un caracazo. El frente económico, el más importante, está experimentando las consecuencias previsibles en todo proceso de apertura. Incluso, a pesar de las críticas, se puede decir que ha estado por debajo de las expectativas. El cambio de un modelo de desarrollo por otro no puede suceder sin traumatismos, como se ha visto no sólo en Chile sino en la Unión Soviética. Aquí, a pesar de los bandazos y de las dificultades de algunos gremios el país en materia económica no ha cambiado gran cosa. Las grandes cosas en este campo -las buenas y las malas- están por verse.
En el campo político lo que se está viviendo es el ajuste a las nuevas realidades creadas por la Constitución del 91. De esta salió un Congreso fuerte y beligerante con unos partidos débiles y anárquicos. En otras palabras, un Congreso de individuos. Como dice Santofimio, no hay ni partido de gobierno ni gobierno de partido. Tampoco hay partido de oposición. Lo que hay es inconformismo colectivo por razones de susceptibilidad parlamentaria. Aunque este sentimiento simboliza el final de la luna de miel, el hecho de que se presente no quiere decir que sea preocupante. Posiblemente estamos ante las primeras manifestaciones de un fenómeno al que el país se debe ir acostumbrando. Un Congreso fuerte y beligerante, menos dependiente del Ejecutivo que antes, compuesto por múltiples islotes más que por partidos políticos organizados, y fluctuante ante las circunstancias coyunturales. Ese es el sistema político que salió de la Constituyente y lo que ahora es interpretado como un final de luna de miel puede constituir el estreno de una nueva relación entre poderes.
Pero más importante que el final de la luna de miel del Presidente con el país va a ser el final de la luna de miel del país con la guerrilla. Esto puede ser lo que probablemente acabe deteriorando más la imagen presidencial. La ilusión de una Colombia pacificada como consecuencia del final del narcoterrorismo fue efímera. El país vuelve a lo mismo de antes, incluyendo su escepticismo y su resignación. El presidente César Gaviria no podía ser la excepción: después de las ilusiones de la luna de miel comienzan las realidades del matrimonio. -
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