Se acata el fallo de la CIJ, pero...

Lo más probable es que Colombia termine acatando el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le quitó 80.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe. Así lo ha dejado entrever el propio presidente Juan Manuel Santos en declaraciones.

Toda la polémica que se ha creado en el país alrededor de si se acata o no, hasta ahora parece ser una manera de ganar tiempo y de ir enfriando los ánimos exaltados antes de enfrentar esa dura realidad. Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice claramente: "El fallo es inapelable, hay que cumplirlo. Está dado y se ejecuta de manera inmediata. No hay otra posibilidad ni ninguna otra instancia".

Sin embargo, los arreglos que se deben hacer para acomodar la estructura del Estado a esa nueva realidad son complejos. Por no hablar de los obstáculos con los que se puede encontrar el país o las zonas grises que hay que aclarar.

1. La lidia de pasar por el Congreso

Hay quienes han planteado que la aprobación del Congreso de Colombia es fundamental para acatar el fallo. "En materia de fronteras, el derecho internacional tiene un límite infranqueable: la Constitución de Colombia", escribió el exministro de Defensa y exembajador en Washington Gabriel Silva. El propio presidente del Senado, Roy Barreras, ha advertido que en el Capitolio no van a dar su aval. "El Congreso de Colombia le ha notificado al presidente Juan Manuel Santos que no será este Congreso el que modifique los límites de Colombia. Para nosotros la Constitución es nuestro norte y la Constitución contempla los límites actuales".

¿Podría darse el caso que el gobierno quiera acatar el fallo y el Congreso no lo permita vía la no aprobación de la reforma Constitucional? Podría ser. Y de hecho, en parte por eso el acatamiento del fallo en Colombia podría demorarse. Lo cual no sería extraño en la historia de la Corte, pues hay países que se han demorado 30 o 40 años en acoger la sentencia.

Sin embargo, también hay quienes consideran que no es imprescindible el aval del Congreso para dar por acatado el fallo. "Una sentencia de una Corte internacional vincula al Estado como sujeto de derecho internacional. Lo que haría una reforma es proyectar los efectos del fallo en los instrumentos de derecho interno, no por eso es necesario hacerlo para que la sentencia valga", explica Walter Arévalo, profesor en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Y de hecho, si se lee en detalle el artículo 101 de la Carta da lugar para abrir una polémica. Dice: "Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales (…) y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación", es decir, deja entrever que un fallo como el de la semana pasada podría definir los límites con Nicaragua. Más aún, cuando quedó claro que el Esguerra Bárcenas de 1928 no era un tratado de límites entre los dos países. Sin embargo, un reconocido constitucionalista consultado por esta revista dijo que el fallo de la Corte no puede ser considerado un laudo arbitral. Así que el paso por el Congreso es inevitable. Y es fácil anticipar que congresista que vote a favor de los nuevos límites fronterizos que le recortan mar territorial a Colombia puede sepultar su carrera política.

Más allá de quién tiene la razón, lo cierto es que será muy difícil pasar, por ahora, una eventual reforma que acoja la decisión. Y lo de acatar o desacatar el fallo servirá como bandera para muchos congresistas en tránsito electoral.

2. Los otros límites: el gran dolor de cabeza.

Peter Tomka, presidente de la Corte Internacional de Justicia, fue insistente en decir, al leer el fallo, que la línea fronteriza que estaban trazando respetaba los tratados de límites previamente establecidos: "Nicaragua y Colombia han aceptado que el área de sus derechos sobrepuestos no se extenderá más allá de los límites ya establecidos entre cualquiera de ellos y un tercer Estado".

No obstante, Colombia tendrá eventualmente que revisar los tratados con Jamaica, Panamá y Costa Rica a la luz del fallo de la Corte. De hecho, el tratado que firmó Colombia con este último país no tendría sentido porque según el nuevo trazado ya no se encuentran los mares de los dos países en ningún punto. Y en el caso de Jamaica y Panamá se recorta de manera importante el mar que comparten.

Más allá de los ajustes que se deban hacer a estos tratados -que de paso sí que tendrían que pasar por el Congreso por tratarse de reformas a los límites existentes- hay temor en el gobierno que también aprovechen estos países para reclamar un tamaño más grande de mar. Sobre todo Panamá podría querer irse a la Corte a pedir sus 200 millas.

3. ¿Cómo cruzarán corbetas y pescadores de San Andrés a Quitasueño y Serrana?

El gobierno de Colombia ha anunciado que utilizará el recurso de aclaración a la Corte. Y una de las preguntas que tiene para hacerle es cómo se respetarán los derechos de los raizales a su 'espacio ancestral', que no es otra cosa que el mar en el que han pescado de generación en generación y que ahora le fue entregado a Nicaragua. Así mismo, muchos tienen la inquietud de cómo será el tránsito entre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cuatro cayos que quedaron separados de ellas por el fallo de la Corte.

En teoría hay libertad de navegación entre San Andrés, los cayos de Quitasueño y Serrana para barcos civiles y embarcaciones militares, siempre y cuando estas últimas tengan izada la bandera y estén en función de vigilancia y no de ataque. Pero por ahora solo se puede transitar -lo que en Derecho Internacional se conoce como 'Paso Inocente'- pero no pescar. Para ello se necesitará un acuerdo entre los dos países.

En cuanto a los aviones ocurre algo similar. Si son civiles, pueden sobrevolar el mar nicaragüense, pero si son militares, deberán pedir permiso.

De todas maneras, tal y como quedó la nueva geografía, en particular el trazo desigual del límite, sin duda hará más difícil la convivencia entre los países. La manera como quedó dibujada la línea, una tajada de mar de Colombia y dos corredores de Nicaragua, obliga a tener una muy buena coordinación entre los dos países, cosa que no ha sido fácil hasta ahora.

4. Petróleo nica versus fauna colombiana

¿Qué pasa, por citar un ejemplo, si Nicaragua decide empezar en las próximas semanas a hacer exploración petrolera en ese mar? La respuesta por ahora no está clara. En teoría, lo puede hacer porque la Corte ya dio su dictamen. Sin embargo, no cabe duda de que, por lo menos, en Colombia se podría recibir como una provocación. De hecho ya comenzaron a darse los primeros rifirrafes. El ministro de Energía y Minas de Nicaragua, Emilio Rappaccioli, decía a periodistas en Managua que "lo más probable es que van a venir unas cuantas empresas petroleras ahora con más seriedad, con más confianza a solicitar un permiso de exploración". Pero en Bogotá, la senadora Alexandra Moreno Piraquive fue enfática en decir que ya Nicaragua tiene desde 2008 claros los sitios de exploración en el mar que le acaba de dar la Corte.

El interés de Nicaragua de sacar petróleo en esta zona viene desde 1969, precisamente en ese entonces se originó el litigio cuando Colombia se dio cuenta que estaba licitando para exploración áreas que eran consideradas colombianas. Y el interés de los nicas no ha cesado. El gobierno de ese país otorgó, en abril de 2008, dos contratos de exploración y explotación de petróleo y reservas de gas natural en el mar Caribe nicaragüense a una firma estadounidense, y según el ministro Rappaccioli, una de las empresas "ya está cerca de confirmar un reservorio".

Esa actitud contrasta con la de Colombia que decidió no permitir la exploración de petróleo en esa área. Entre otras cosas porque allí se encuentra un área declarada en 2000 por la Unesco como de Reserva de la Biosfera. La reserva de Seaflower mide 350.000 kilómetros cuadrados, y en 2005, Colombia convirtió 65.000 kilómetros de esa reserva en área marina protegida con más de 400 especies de peces, corales, medusas, moluscos, crustáceos, reptiles y aves. Ahora, el tijeretazo de la Corte le entregó a Nicaragua el 54 por ciento del área de esa reserva que estaba a cargo de Colombia. Tanto los científicos como los defensores del medio ambiente están pendientes de cómo se va a resolver el dilema entre petróleo y conservación. Y sobre todo, cómo se va a concretar esa alianza entre científicos colombianos y nicas para preservar la integridad de la biosfera.

El fallo es de obligatorio cumplimiento, pero no necesariamente inmediato. ¿Cuánto se va a demorar Colombia en acatarlo? Todavía no es claro. Sin embargo, la lógica indica, que si la decisión es esa, y para evitar choques y conflagraciones, mientras más pronto mejor. La canciller María Ángela Holguín parece tenerlo claro y por eso dijo: "La idea es iniciar un acercamiento con el gobierno de Nicaragua para mirar con ellos acuerdos", en particular, señaló "para que los pescadores artesanales no se vean afectados".