Martes, 17 de enero de 2017

| 1984/08/13 00:00

SE AGITA LA COSA

Acusaciones a diestra y siniestra como secuelas del "narco diálogo"

SE AGITA LA COSA

La ola de indignación que se desató por las revelaciones inicia les de los contactos que tuvieron lugar en Panamá entre el ex presidente López Michelsen y el Procurador General de la Nación con los "narcos", ha venido cobrando nuevas dimensiones. De los excesos y algo de histeria que inicialmente enmarcaror la polémica, fueron surgiendo gradualmente elementos que produjeror un cambio en la percepción genera del asunto. Del 99 contra lo que parecía repudiar inicialmente el diálogo con los narcotraficantes, se pasó, según el telesondeo del "Noticiero Promec", a un 52-48% al final de la semana.
Este cambio de tono, sin embargo, parecía limitarse a la opinión pública en general, porque, en términos de manipulación política, el debate seguía al rojo vivo. En esto se vio un poco de todo. Desde proclamas de tinte sectario por parte del ex presidente Pastrana, hasta arremetidas anti-lopistas de El Espectador, pasando por pronunciamientos moralistas del senador Galán, que invocaban una vez más el asesinato del Ministro Lara.
¿Cuales fueron los elementos que hicieron que se produjera un viraje en la opinion publica? Principalmente, que algunas afirmaciones del Procurador, que inicialmente tropezaron con escepticismo, fueron posteriormente confirmadas por los hechos. En primer lugar, el contenido del memorando. De éste surgía que lo que inicialmente llegó a considerarse una negociación con los asesinos de Lara Bonilla, era más bien una propuesta unilateral de rendición de un grupo de narcotraficantes, cuya principal motivación era la de dejar en claro que no eran los asesinos de Lara Bonilla. En segundo lugar, quedó demostrado que las conversaciones del Procurador con los narcotraficantes no eran nuevas, y que de ellas ya había tenido alguna información la opinión pública a través de un "CONFIDENCIAL" aparecido hace nueve meses en SEMANA.
El Procurador utilizó el programa "Canal abierto" de Jorge Enrique Pulido, para hacer de conocimiento público esta noticia que nadie parecia recordar: "El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez habría realizado intensas gestiones calificadas como de paz frente a los grandes del narcotráfico en el país.
(...) El Procurador habría sostenido varias entrevistas con las cabezas visibles de este gremio. El resultado de éstas fue una especie de "paz pactada" en la cual se acordó el retiro de los narcotraficantes de la actividad política" (18-X-83).
Esta revelación, no obstante haber pasado relativamente inadvertida, dejaba en claro que las conversaciones del Procurador con la mafia no eran ni nuevas, ni clandestinas. Lo que parecía evidente era que lo que hace nueve meses no había producido la menor reacción, ahora desataba una tormenta por factores emocionales originados en el asesinato de Lara.
Otro elemento que clarificó malentendidos iniciales fue el hecho de que el Procurador, acusado por el Presidente Illueca de haber entrado clandestinamente a Panamá, produjo la documentación que desvirtuaba categóricamente tal acusación: pasaporte con los sellos de entrada y salida en regla, y autorizaciones para el vuelo charter que realizó.
No obstante haberse aclarado estos puntos, subsistía el debate sobre si el Procurador habia violado alguna ley al haber adelantado los llamados "narcodiálogos". Al respecto, las opiniones estaban divididas, pero más en términos políticos y morales que jurídicos. Solamente dos argumentos legales fueron esgrimidos. El primero hacia referencia a que el contacto y el memorando representaban una confesión y que, por lo tanto, los interlocutores del Procurador debian ser denunciados penalmente. El segundo argumento era sobre si la Procuraduría tenía o no total autonomía frente a la Presidencia de la República, como para adelantar contactos de esa naturaleza por iniciativa propia.
Aún cuando la última palabra la tiene el Congreso, ninguno de los dos argumentos parecía tener mayor validez.
El primero, porque el memorando no llevaba firmas y Escobar, Ochoa y compañía tuvieron la precaución de presentarse eufemísticamente, tanto ante el Procurador como ante López, como agentes de terceras personas que si serían narcotraficantes. El hecho de que la opinión pública diera por descontado que eran ellos los grandes capos, no tenía validez jurídica por cuanto contra ellos, en ese momento, no cursaba proceso alguno ante la justicia, por ausencia de pruebas.
En cuanto al segundo argumento, sobre si la Procuraduría es o no autónoma frente a la Presidencia de la República, interrogante planteado por el jurista Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, parece poco probable que el Congreso se pronuncie en contra del Procurador, puesto que por un episodio político transitorio, mal podría recortar la independencia del único funcionario con facultades para vigilar la conducta del Presidente de la República. No obstante que Jiménez Gómez cuenta con innumerables enemigos, parece existir un consenso en el sentido de que es mejor, a largo plazo, tener mecanismos para controlar presidentes que procuradores, cuando contra estos últimos, en general, la crítica tradicional es que son "de bolsillo" del Presidente.
En términos generales, se iba configurando una versión coherente y aceptable que disminuía la "monstruosidad" atribuída inicialmente a las conversaciones del Procurador en Panamá. Dos interrogantes subsistían, sin embargo, para la opinión pública. Por un lado, ¿a qué había ido el Procurador a Panamá? Y por el otro, ¿cuánto sabía el gobierno?
La versión de Jiménez Gómez en el sentido de que había viajado a Panamá para adelantar investigaciones relacionadas con el robo de los trece millónes, y de que allí fue abordado por los "narcos", había dejado muchos escépticos. La modalidad del vuelo charter y el sigilo con el que salió del país, hacían pensar que su misión iba más allá de una simple investigación rutinaria. Al respecto, Jiménez Gómez explicó a través de la televisión, que sus precauciones en este viaje obedecían a que en una oportunidad anterior, al haber viajado en un vuelo comercial, el objetivo de su misión se había hecho público tanto en Colombia como en Panamá, lo que había determinado el fracaso de la misma. Por otro lado, a su favor estaba el decreto presidencial que autorizó su viaje a Panamá "para practicar diligencias de Policía Judicial", que fue motivado ante el gobierno expresamente con el argumento de que se trataba de gestiones relacionadas con el caso de los trece millónes.
El otro cabo suelto era el que más parecía interesarle a la opinión pública. El qué, el cómo y el cuándo de lo que el gobierno sabía al respecto. Para algunos, este punto era de capital importancia, puesto que si el Presidente sabía, todas las acusaciones que se le habían formulado al Procurador cabrían igualmente contra el Presidente.
Que el Presidente sabía algo, no cabe la menor duda. No sólo se sabe que López le informó sobre su reunion en Panamá, sino que, según Jiménez Gómez, cuando apareció el "CONFIDENCIAL" de SEMANA en octubre del año pasado, el Presidente le preguntó que si era verdad el contenido de este. El Procurador le respondió diciendo: "Yo me siento plenamente autónomo en el ejercicio de mis funciones, y creo que puedo hacer, según mi sola iniciativa, lo que o mi juicio mejor convenga a los intereses del país". A esto, según el mismo Procurador, el Presidente habría respondido: "Yo estoy completamente de acuerdo en que usted tiene plena autonomía constitucional". El contenido de esta conversación desvirtuaría el concepto de responsabilidad compartida que los críticos del gobierno han querido atribuírle a éste por el sólo hecho de estar informado.
A partir de ese momento, existían unas reglas deljuego que le permitían al Procurador seguir actuando de manera autónoma. El Presidente, en forma pragmática y prudente, optó por una fórmula que le permitía conservar todas las opciones abiertas, sin involucrar directamente al gobierno Finalmente se produjo la entrega del controvertido memorando.
Pero si bien el Presidente estaba informado, todo indica que el ministro de Justicia no. Por lo menos esto se desprende de las múltiples y contradictorias declaraciones que ha emitido sobre el tema. Para comenzar, manifiesta desconocer la realización del viaje del Procurador a Panamá, cuando él mismo había firmado el decreto que lo autorizaba. En segundo lugar, afirmó que si el viaje se había llevado a cabo, "el Procurador no estaba en cumplimiento de una misión oficial", cuando el mismo decreto especificaba exactamente lo contrario. Además de esto, ordenó abrir una investigación penal contra Escobar y compañía con base en el memorando y en un reportaje de Caracol, otorgándole a éstos calidad de confesión, cuando no la tienen por cuanto que los interlocutores del Procurador en ningún momento aceptaron ser narcotraficantes y en ese momento no cursaba contra ellos proceso alguno ante la justicia. También criticó al Procurador por no haberlos denunciado penalmente, responsabilidad que recaería automáticamente sobre el Presidente desde el momento en que recibió el "memo". Todos estos gaffes lo han llevado a un en*entamiento directo con el Procurador, quien considera que sus críticas han pasado del terreno institucional, al personal.
Sin embargo, la espectacularidad y la politización con las que se ha tratado el tema en los últimos quince días han dejado por fuera la verdadera incógnita de este episodio: ¿Qué pensaba hacer el gobierno con el memorando de no haber trascendido a la opinión pública? -

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