Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1980/12/11 00:00

Se agua la fiesta

Si el Consejo de Estado respalda la prohibición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la fumigación de cultivos ilícitos el gobierno tendría que buscar otra manera de luchar contra el narcotráfico., 60181

Se agua la fiesta

Nunca, en los casi 20 años que se llevan fumigando los cultivos ilícitos en Colombia, se había logrado un semestre más exitoso. Las autoridades erradicaron por medio de la aspersión aérea 73.552 hectáreas de plantas de coca y 1.658 hectáreas de amapola. Esto supone, en el caso de la coca, un aumento de 27 por ciento con relación al mismo período de 2002, cuando fueron rociadas por los aviones 53.717 hectáreas. En una declaración de victoria anticipada Paul Simons, secretario de Estado adjunto en funciones para asuntos internacionales de narcóticos y ejecución de la ley, dijo a comienzos del mes de julio ante una comisión de la Cámara de Representantes: "Planeamos rociar toda la coca y la adormidera de Colombia para fines de año". El gobierno de Alvaro Uribe está jugado a lograr este objetivo y así lo han repetido él, su vicepresidente, Francisco Santos, y el ministro del Interior, Fernando Londoño. Sin embargo un inesperado palo jurídico en la rueda podría aguar la fiesta.

En 2001, cuando se reactivaron las fumigaciones en el Putumayo y en el sur de Bolívar, la abogada Claudia Sampedro, especialista en derecho internacional del medio ambiente, presentó en cinco ocasiones una acción popular contra el Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades gubernamentales para que pararan las fumigaciones y se impidiera el deterioro a que estaban siendo sometidos diversos ecosistemas por esta causa. A la quinta vez fue la vencida y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción popular. En junio de este año los tres magistrados que conocieron el caso ordenaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) suspender transitoriamente las fumigaciones en Colombia. Argumentaron que buscaban proteger los derechos de los colombianos a la seguridad, la salubridad pública y al goce de un ambiente sano, y que aplicaron el principio ambiental de precaución que estableció la ley 99 de 1993 (según el cual no hay que esperar a que los daños ocurran para tomar medidas). La prohibición cesaría cuando se diera cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto por el ministerio del ramo desde 2001 y hasta que el Ministerio de Seguridad Social efectuara estudios médicos y científicos que determinaran con exactitud el efecto que tiene la fumigación sobre la salud en las condiciones en que se lleva a cabo en el país.

La noticia dejó en una encrucijada al gobierno, que apenas un mes antes había sido obligado por una sentencia de la Corte Constitucional a consultar a las autoridades indígenas antes de fumigar en sus territorios. Por una parte tiene que acatar la normatividad jurídica nacional. Por otra, no tiene cómo decirle a Estados Unidos, su principal aliado y proveedor de recursos en la lucha contra el narcotráfico, que hay que ponerle freno momentáneo a la que considera su herramienta más exitosa en la guerra contra las drogas, justo ahora que está demostrando ser tan exitosa. El mes pasado la DNE y el Ministerio de Seguridad Social intentaron cortar de tajo el proceso y adujeron supuestas nulidades para anularlo, pero el Tribunal las rechazó por extemporáneas. Ante esto la DNE y el Ministerio del Interior apelaron la decisión ante el Consejo de Estado. Si bien es cierto que desde que se iniciaron las fumigaciones en Colombia en 1984 han intentado detenerlas por medios judiciales, también lo es que ningún fallo había hecho un examen tan juicioso y riguroso como el que efectuaron los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los 53.000 folios del proceso. En particular, los magistrados se apoyaron en dos antecedentes puntuales.



Lo mismo que antes

En 1981 se levantó en Estados Unidos la prohibición para que el gobierno de ese país apoyara programas de fumigación de cultivos ilícitos en el extranjero. Tres años después, y como reacción al asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno colombiano comenzó a fumigar los cultivos de marihuana con glifosato. En ese momento se convocó un comité de expertos en herbicidas para que evaluaran los posibles daños que iba a provocar la aspersión aérea en la salud humana. En sus primeras reuniones el comité dejó en claro su posición sobre el tema: "Desde el punto de la salud humana y el impacto en el medio ambiente, el método químico debe ser el último en considerarse". En encuentros posteriores emitió nuevos conceptos mucho más precisos sobre los herbicidas que se utilizarían. Del glifosato, en particular, los expertos dijeron: "No se recomienda su uso por vía aérea en la destrucción de cultivos de marihuana y coca".

El comité creía que no existía suficiente literatura científica sobre los efectos de este herbicida y por eso, ante la duda, preferían abstenerse. Pero la realidad política se impuso y el gobierno fumigó. Entre 1984 y 1985 cayeron 11.418 galones de glifosato sobre los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta. María Elena Arroyabe, médica toxicóloga de la Universidad de Surrey, con maestría en epidemiología y bioestadística de la Universidad de McGill, hizo parte del comité de expertos en 1984. Casi 20 años después el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una declaración suya juramentada en la que, como experta, ratifica lo que ya dijo en el pasado: "Como médica toxicóloga y epidemióloga considero que se tiene la obligación moral de hacer un alto en el uso del glifosato y solicitar toda la información y todos los estudios que permitan hacer una evaluación del producto para poder decidir en consecuencia". Como quien dice dos décadas después, salvo la persistente lluvia de glifosato que ha regado el suelo colombiano para contener la epidemia de cultivos ilícitos que se extendió sobre el país, nada ha cambiado.

El otro dato que el Tribunal consideró relevante fue un estudio que llevó a cabo la empresa Ecoforest Ltda. en 1988, por petición del Consejo Nacional de Estupefacientes, sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Corinto, Cauca. En su informe dice que el glifosato es el producto más recomendable para llevar a cabo las aspersiones pero desde helicópteros. Aconseja no hacerlo desde aeronaves de alas fijas, como los turbo-trush con los que se fumiga actualmente, porque "causan considerable daño a las áreas anteriores y posteriores a la banda del tratamiento, son tratamientos muy contaminantes de las fuentes de agua, no son recomendables por el efecto deriva para la aplicación de productos de acción sistémica y baja tensión de vapor, existe mayor peligro de afectación para humanos y formas vivientes de la fauna y la flora silvestre". Esta apreciación tampoco ha sido tenido en cuenta.

El fallo del Tribunal abunda en este tipo de detalles técnicos que soportan la decisión jurídica que tomó. Hay que reconocer que fue una decisión independiente, tomada en derecho, pese a las críticas que podía acarrear por la sensibilidad que produce este tema. Aunque es claro que la fumigación ha mostrado ser una herramienta efectiva en la lucha contra el narcotráfico, también es evidente que es la medida que afecta al eslabón más débil de la cadena. En el triunfalismo de los resultados actuales no se ha sopesado el precio que se está pagando a mediano y largo plazo. Ahora el Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión final sobre este caso. De una vez por todas se debería dilucidar ante los colombianos si la forma más efectiva de acabar con el narcotráfico es atacar a los campesinos pobres que siembran coca -y no a los intermediarios que se quedan con el verdadero lucro del negocio-. Y si, en esa obsesión no se está dejando sin salidas al campesino, que recibe glifosato donde siembra y glifosato donde no siembra.

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