Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 2013/08/21 00:00

¿Se asoma la bacrimpolítica en las regiones?

Crecen indicios sobre la penetración de bandas criminales en el poder público en algunas zonas.

En la foto (izq) Benjamín Palacios. (Arriba) Wilmar Ramírez. (Abajo) Danilo Palomino. Foto: Especiales.

A sólo siete meses para las votaciones al Congreso, el país apenas está conociendo la magnitud de las amenazas que enfrentarán esas y otras elecciones en varias regiones.

Así como el mundo del narcotráfico mutó, y de grandes capos con poder desmesurado se pasó a ‘babies’ mafiosos al frente de pequeños carteles, eso mismo ocurrió en la política. Ahora la meta de los narcotraficantes no es tener de su lado a congresistas o gobernadores, ya se conforman con reclutar o financiar a concejales y, en algunos casos, alcaldes.

Eso es lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país al amparo de las temidas bandas criminales como Rastrojos y Urabeños. A la sombra de esas organizaciones se configuró una nueva forma de penetración en el poder público regional, con tentáculos inimaginables y cuyo propósito además de buscar proteger sus actividades ilícitas, estarían influyendo en la política local. El modus operandi parece calcado: comprar policías corruptos y a través de concejales y reclutar a otros funcionarios.

SEMANA investigó los casos más emblemáticos en manos de las autoridades y encontró detalles inéditos que salpican a un alcalde, una excandidata y cinco concejales. Esos hechos, ocurridos en Valle, Antioquia, Chocó y Sucre, están bien documentados por la Unidad Contra Bandas Criminales de la Fiscalía, y algunos de esos procesos se encuentran en juicio o ya se dictó condena; “son siete alcaldes y diez concejales los que investigamos”, precisó el fiscal Luis González, jefe de esa unidad.

El problema se multiplicó tanto, que la Fiscalía decidió trabajar conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para avanzar en las investigaciones que comprometen a funcionarios con fuero, como gobernadores y congresistas.

Aunque las cifras oficiales sobre investigados parecen un chiste frente a los 32 gobernadores, 1.105 alcaldes y 10.546 concejales elegidos en el 2011, lo importante es que esa caja de pandora se empieza a destapar y, al igual que la parapolítica, podría desencadenar escandalosos episodios de la política regional, si tenemos en cuenta que hoy se estima que las bacrim hacen presencia en más de 400 municipios de 30 departamentos.

El asesor y la bacrim

“Este muchacho tiene madera. En el tono de voz se le siente. Usted será un excelente concejal”. Esas fueron las palabras exactas pronunciadas por el actual presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, durante el lanzamiento de campaña de Carlos Mario Obando Vélez, que en el 2011 aspiró y ganó una curul al Concejo de Envigado, Antioquia. Todo está en un video que publicó Noticias Uno.

Esos elogios entre políticos habrían sido un acto más de campaña, de no ser porque el viernes 12 de julio de este año la Policía capturó 25 personas señaladas de pertenecer a una temida banda expendedora de droga en varios sectores de Envigado. Entre ellos estaba el concejal Obando Vélez, del partido de La U, sindicado por la Policía de ser el asesor de la banda y financiar sus actividades. Los cargos que le formularon fueron concierto para delinquir y cohecho.

Cuando en La W Radio le preguntaron a Posada por su pupilo el concejal, reconoció que su partido falló a la hora de otorgar el respectivo aval y aclaró que fue al lanzamiento de campaña porque se lo pidió el parlamentario andino William Vélez, tío del concejal Obando.

El opositor de Guaranda

Danilo Palomino no sólo es concejal de La U en Guaranda (Sucre), sino que de los 11 legisladores locales, es el único que le hace oposición al alcalde de su propio partido, Nolberto Beltrán.

Palomino fue capturado el 5 de julio pasado junto a otras seis personas, acusados de pertenecer a la banda criminal los Urabeños. Pese a las pruebas que presentó la Fiscalía ante el juez de garantías, enfrentará el juicio en libertad. Las autoridades tienen audios de llamadas interceptadas donde el jefe de la banda, alias 'Maicol', conversa con Palomino sobre tumbar al alcalde actual y que para ello un exmandatario daría 50 millones de pesos.

Pero, más grave aún es que la Fiscalía lo acusa de ser el encargado de señalar a los Urabeños, a qué ganaderos o agricultores podían extorsionar. En defensa del concejal Palomino, el abogado argumentó que su cliente conoció al jefe de esa banda porque en el pasado ellos lo amenazaron de muerte y necesitaba protección.

El concejal y los Urabeños

A través de un agente encubierto la Sijín Valle infiltró en la facción de los Urabeños que controla territorialmente el norte del Valle y Eje Cafetero. Entre los objetivos de la banda estaba el reclutar entidades como la Personería, la Registraduría y la misma Policía de Ansermanuevo (Valle). Además, tenían en la mira a un alcalde de la zona.

Lo increíble es que el encargado de esa misión era Wílmar Alberto Ramírez Montoya, un joven concejal activo de Ansermanuevo que llevaba cuatro períodos en la curul y en el pasado ocupó la presidencia. Fue avalado por el Partido Conservador.

Entre las pruebas recogidas en la investigación hay videos de las reuniones entre el agente encubierto, el concejal y un hombre con el alias de 'Chatarra', quien al parecer era el jefe de la banda, “quiero presentarle unos amiguitos del pueblo que lo quieren conocer. En estos momentos ellos tienen el control del municipio y lo están haciendo muy bien”, le dice el concejal al policía encubierto.

En otra de las citas el concejal le aclara al agente encubierto que cree estar reclutando, “lo único que quiero es mantener en calma el municipio, ya que en meses anteriores, cuando estaba la otra gente (los Rastrojos), el pueblo estaba muy complicado”. Le promete que por sus servicios a la organización criminal, “mensualmente se puede ganar entre cinco y seis millones de pesos”.

El alcalde y los Rastrojos

Aunque parezca increíble, desde agosto del 2012 Benjamín Palacios Martínez, alcalde liberal de Medio Baudó, Chocó, fue imputado por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante; pese a ello sigue en el cargo.

Sus problemas arrancaron el 21 de marzo del 2012 cuando Miguel García, alias 'Juan Carlos', exintegrante de los Rastrojos en Chocó, declaró ante la Fiscalía que él presenció tres encuentros en los que el entonces candidato Palacios Martínez se reunió con sus jefes para pactar apoyo político y logístico a su campaña, “nuestro comando Pérez nos dio la orden de obligar a la gente votar por el candidato Benjamín Palacios, o si no se tenían que ir de la zona”.

Aseguró que en otra de las reuniones previas al día de elecciones, el señor Benjamín subió en lancha a la zona “para ratificar lo prometido; dijo que si le ayudaban a llegar a la alcaldía, él se comprometía a retirarnos la fuerza pública del río para que nosotros podamos transitar sin ningún problema”. Y agregó que “una semana después de haber llegado a la alcaldía, el señor Benjamín entregó 40 millones de pesos a Lisinio para que se los llevara a alias 'Pérez', quien nos pagó un mes de sueldo”.

Al respecto, el alcalde Palacios argumentó que “todo son especulaciones de contradictores políticos que pagaron a testigos falsos”. Y cuando se le indagó si trabajó políticamente con el exrepresentante liberal por Chocó Carlos Alberto Escobar Córdoba, capturado y acusado por la Corte Suprema por sus presuntos nexos con el bloque Élmer Cárdenas de las AUC, dijo “dejémoslo ahí; no hablemos más” y colgó el teléfono.

Los condenados

Una excandidata y dos concejales son las condenas aplicadas a funcionarios por Bacrimpolítica.

La condena contra Adriana Alzate Sierra, alias la 'Doctora', excandidata de Amalfi (Antioquia) avalada por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) en las elecciones del 2011, se produjo luego de que aceptó un preacuerdo y fue sentenciada a cuatro años de prisión por concierto para delinquir, tras integrar una banda criminal. Al momento de su captura en octubre del 2011, era jefe de la Casa de Justicia en Bello.

Por su parte, los concejales Aristides Pacheco Benítez y Óscar de Jesús Sánchez Valencia, de Nuquí (Chocó), y Tarazá ,(Antioquia), respectivamente, fueron acusados por concierto para delinquir. Pacheco fue capturado en mayo del 2011 junto a otras 24 personas, señalados de pertenecer a los Rastrojos. Según la investigación, Pacheco era el encargado de reclutar a otros funcionarios. Mientras que a Sánchez Valencia lo acusaron de ser informante de los Urabeños. Ambos concejales fueron elegidos para el período 2008-2011.

Una de las quejas más recurrentes de los fiscales contra las bandas criminales es que varios de los procesos se quedan en los despachos judiciales en zonas donde tienen influencia los investigados con poder político. Quizá por eso se presentan casos tan insólitas como el del alcalde de Medio Baudó, que pese a los cargos tan delicados que le imputaron, un juez de Quibdó consideró que puede enfrentar el juicio desde la comodidad y el poder de su investidura como mandatario.

Si esa tendencia de penetración criminal en el poder público local no se detiene a tiempo, el país vivirá otro penoso escándalo político que ya asoma sus tentáculos: La bacrimpolítica.

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