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SE BUSCA UN ACCIONISTA

Lo que Ecopetrol requiere, más que un gran presupuesto,es que los colombianos le exijan <BR>resultados.

15 de febrero de 1999

El clima laboral del país se calentó significativamente la semana anterior. El inicio de la
negociación del pliego laboral de Ecopetrol con la USO, el sindicato más fuerte del país generó, como ya es
habitual, gran controversia. A este conflicto laboral se sumó la percepción de discrepancias importantes
entre el ministro de Minas, Luis Carlos Valenzuela, y el presidente de Ecopetrol, Carlos Rodado Noriega,
respecto tanto al manejo de Ecopetrol como a la definición de política petrolera. Sin duda este año, con la
depresión en los precios del petróleo, el proceso de paz en curso y la situación de austeridad fiscal, las
negociaciones estarán como para alquilar balcón.
Sin embargo la realidad es que tanto el conflicto laboral como las presuntas diferencias entre los dos
funcionarios no son más que cortinas de humo que obnubilan la visión de la opinión pública y no le
permiten percatarse de un problema de una magnitud infinitamente superior: la total incapacidad del Estado
colombiano de manejar correctamente su principal patrimonio, sus depósitos petroleros.
Un análisis concienzudo de las cifras indican que el manejo del tema petrolero en Colombia ha sido un
absoluto desastre. Según fuentes consultadas por SEMANA, en los últimos 10 años la Nación le ha
trasladado a Ecopetrol aproximadamente 1.600 millones de barriles en reservas de crudo. Esta cifra,
utilizando el margen promedio (diferencia entre el precio del petróleo y el costo de extraerlo) que obtiene una
petrolera internacional, que actualmente es de 5,50 dólares por barril, implica que la Nación en este
período ha realizado aportes de capital a Ecopetrol por aproximadamente 8.800 millones de dólares (cifra que
a su vez es conservadora si se tiene en cuenta que hoy en día el precio del crudo está en uno de sus niveles
más bajos de los últimos 25 años). Esta infusión de capital _al final del día el traspaso de reservas de la
Nación a Ecopetrol es exactamente eso_ hace que las capitalizaciones de la Caja Agraria parezcan
dinero de bolsillo.
No obstante los sustanciales aportes de la Nación a Ecopetrol, en el presupuesto original entregado al
Ministerio de Hacienda para 1999, esta empresa presentó una utilidad operacional negativa de 220.000
millones de pesos, lo cual parece inaudito si se tiene en cuenta que este será el año de mayor producción
de crudo en la historia del país.
Si Ecopetrol funcionara como una empresa privada sus accionistas estarían indignados ante la
perspectiva de recibir rentabilidades negativas sobre su inversión y llamarían a rendir cuentas a los
responsables de su gestión. Sin embargo a los propietarios de esta empresa, es decir todos los
colombianos, parece que la situación los tuviera sin cuidado. Como el país no ha tomado conciencia del
hecho de que Ecopetrol no genera valor en relación con los dineros que se han invertido en ella, los
colombianos no le exigen resultados ni a sus ejecutivos ni al gobierno. Las magnitudes son tales que si la
empresa petrolera rentara un 10 por ciento sobre su patrimonio _porcentaje similar al que generan empresas
del sector como Exxon y Shell_ no hubiera sido necesario realizar la más reciente reforma tributaria. De esta
manera todos los colombianos terminan pagando a través de mayores impuestos y menor inversión social la
ineficiencia de Ecopetrol.
Dentro del esquema imperante, cuando la Nación le exige resultados a Ecopetrol los responsables de la
gestión de la empresa ponen el grito en el cielo. Eso es lo que parece haber pasado con el ya famoso
recorte presupuestal de Ecopetrol que, en opinión de su presidente y su sindicato, le anulan toda
viabilidad operativa. Lo que no se conoce de este caso es que en el presupuesto original que la empresa
entregó al Ministerio de Hacienda sus ingresos crecían en un 21,9 por ciento mientras que sus gastos lo
hacían en un 36,5 por ciento. Esto implicaba que en su pico de producción histórica la utilidad operacional
de la empresa disminuía en más de 300.000 millones de pesos frente a los resultados de 1998. A pesar de la
pobre rentabilidad el presupuesto contemplaba un incremento en inversión del orden del ciento por ciento
respecto al programado para 1998.
Ante estas cifras, y considerando las limitaciones fiscales del gobierno central, un recorte al
presupuesto presentado era imprescindible. Sin embargo esto ocasionó en la empresa y el sindicato la
indignación que no causó entre sus accionistas el desastre operacional. Además dio pie a un gran nivel
de desinformación que llevó a muchos a asegurar que la reducción no permitiría realizar inversiones
críticas como las que se requieren para aumentar la producción de Cusiana. SEMANA logró establecer
que, incluidos los ingresos por titularización de petróleo de Cusiana, el presupuesto de inversión de Ecopetrol
para este año será del orden de 1,2 billones de pesos, lo que le permitirá cumplir plenamente sus
compromisos. Para dar una idea de la magnitud de esta cifra cabe anotar que el presupuesto de inversión
(estrictamente formación bruta de capital fijo) del gobierno central, que representa casi la totalidad del gasto
social para el mismo año, ascenderá a 1,2 billones de pesos. Es absurdo que en un país con las profundas
necesidades de Colombia se adjudique un presupuesto de tal magnitud a una empresa cuyos beneficios
sociales son a lo menos cuestionables.

Los paladines del sistema
¿Qué es lo que ha causado que cifras de esta magnitud hayan quedado escondidas en una convención
colectiva y en un farandulizado conflicto de funcionarios públicos pasajeros? En parte, es la forma en que
algunos grupos, utilizando un lenguaje populista carente de mayores fundamentos, han tergiversado el
concepto de lo que es realmente social en el país.
Sorprende, por ejemplo, que los sindicatos, que se proclaman adalides de la causa social, permitan que a
los colombianos les suban los impuestos y se disminuya el gasto social como resultado de los pobres
resultados de Ecopetrol. Por otra parte, es paradójico que los mismos sindicatos ataquen la producción de
Ecopetrol en asociación con petroleras internacionales, cuando son estas operaciones las que permiten
sostener las masivas pérdidas de las refinerías. Si Ecopetrol no tuviera contratos de asociación no le podría
pagar a sus empleados.
Múltiples argumentos han comenzado a aparecer en medio del debate sobre el futuro de la política
petrolera, que va a tomar más y más fuerza a medida que se desarrollen las conversaciones de paz. Algunos
consideran que por motivos estratégicos el país debe tener una empresa petrolera nacional al margen de los
resultados financieros y beneficios sociales que produzca. Para éstos, quienes exigen que la empresa sea
rentable no son más que una banda de neoliberales sin conciencia social. Los defensores de esta posición
son quienes más molestos se encuentran por el hecho de que el Ministerio de Minas haya apoyado
plenamente al Ministerio de Hacienda en su esfuerzo de recortar el presupuesto de Ecopetrol.
Muchas de esas mismas voces han salido a anunciar en tono alarmista la próxima privatización de Ecopetrol.
La verdad es que esta privatización no está en la agenda de nadie, como lo ha expresado el Ministro de
Minas en múltiples ocasiones. Pues más allá del debate filosófico, desde el punto de vista práctico, la
empresa no es privatizable. Lo único que tiene valor en Ecopetrol son las reservas de hidrocarburos, que
por mandato constitucional no pertenecen a la empresa sino a la Nación. Además estas reservas se venden
_o sea se privatizan_ en forma diaria desde hace muchos años y constituyen aproximadamente el 20 por
ciento de las exportaciones colombianas.
Sobre la base de una pérdida operacional (sin incluir las utilidades por contratos de asociación) del orden
de 500 millones de dólares _que es lo que estaba presupuestado para este año bajo la propuesta original
de Ecopetrol_, y utilizando un esquema de valoración estándar para obtener el valor presente de esa utilidad a
futuro, Ecopetrol tendría un valor negativo del orden de 5.000 millones de dólares. Si a esto se le suma un
pasivo pensional del orden de 3.500 millones de dólares, la empresa alcanzaría un valor negativo de 8.500
millones, lo cual desvirtúa cualquier probabilidad de privatización. Lo que sí es preocupante es que una
empresa que ha sido capitalizada en 8.800 millones de dólares en los últimos 10 años termine con un
valor estimado de menos 8.500 millones de dólares.
El argumento frecuente de que la liberación de la gasolina es la privatización de Ecopetrol por la puerta de
atrás tampoco parece particularmente lógico si se tiene en cuenta que las pérdidas de la empresa por este
concepto entre 1993 y 1998 ascienden a 2.500 millones de dólares. Por el contrario, esta medida le genera
el flujo de caja necesario para hacer competitivas sus refinerías sin necesidad de trasladar al resto de los
colombianos, vía menores dividendos de Ecopetrol y por ende menor inversión social o más impuestos, su
ineficiencia operativa.
Por todos los motivos delineados anteriormente el debate que se abrió la semana pasada es todo menos
salarial y su importancia supera con creces las diferencias de estilo y conceptos de dos funcionarios de turno.
El debate debería convertirse en un enjuiciamiento a la responsabilidad del Estado con los ciudadanos
respecto a un patrimonio que, aunque lo ignoren, les pertenece.