Se busca

Los colombianos se acostumbraron hace mucho tiempo a que las recompensas son tan habituales en la vida nacional como los carteles de 'Wanted' ('Se busca') del lejano Oeste. Afiches en aeropuertos, ofrecimientos televisados y anuncios oficiales que prometen efectivo a cambio de pistas sobre narcos, guerrilleros y criminales son rutina. Sin embargo, por 'normal' que luzca, una pregunta está por responderse: ¿cómo se fijan los montos que se pagan por esta práctica que recuerda la del "vivo o muerto" del siglo XIX en California?

Las recompensas pueden clasificarse en dos amplios tipos. Unas son las que se ofrecen por jefes guerrilleros y de grupos narcotraficantes y del crimen organizado, algunas de las cuales llegaban hasta hace poco a los 5.000 millones de pesos, por un personaje como Alfonso Cano. Otras se anuncian al calor de las circunstancias, ante crímenes que sacuden a la sociedad, como el asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, en Córdoba, en enero, por cuyos autores el presidente Santos ofreció 500 millones de pesos. O el de Silvia Mora y Juan Carlos Ariza, estudiantes de la Universidad de Cartagena y del Sena, asesinados un mes después, en ese departamento, y por el que el mandatario ofreció 100 millones.

Mientras para el pago por narcos y guerrilleros hay criterios precisos, cuando se trata de otros crímenes todo depende de factores aleatorios, como la visibilidad pública de las víctimas o la atención de los medios.

Las recompensas por los primeros venían siendo reguladas por directivas secretas del Ministerio de Defensa. El pasado 5 de julio una directiva reservada, la 021, las redujo a la mitad. "Estamos trabajando para tapar el déficit que tenían algunas fuerzas en el tema de recompensas. Hay pagos atrasados desde 2009. Pero ya nos estamos poniendo al día, la reducción de los costos ayuda", dijo a SEMANA el general Javier Fernández, jefe de Inteligencia del Comando de las Fuerzas Militares, quien está a cargo del tema.

La directiva ofrece un vistazo a las reglas que rigen el opaco mundo del pago de recompensas. Un comité, integrado por los jefes de Inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, el CTI y el DAS, ha estado tradicionalmente a cargo de definirlas (la nueva directiva dejó a los dos últimos solo como invitados en el comité). Hay tres niveles de 'tarifas', determinadas en salarios mínimos mensuales. En el primero están los miembros del Secretariado de las Farc, por los que se ofrecen hasta 4.700 salarios mínimos (unos 2.500 millones de pesos). En el segundo nivel hay otros 41 comandantes guerrilleros y jefes de grupos como Los Rastrojos y Los Urabeños, por los que se pagan hasta 1.200 millones. Y en el tercero, 97 jefes de estructuras más pequeñas, por los que se entregan hasta 750 salarios mínimos (400 millones).

Se sigue pagando por entregas de armas, municiones o laboratorios de droga, pero se eliminaron las recompensas por computadores o teléfonos celulares; ahora se retribuye de acuerdo con la información que contengan los equipos. El dinero sale directamente del Ministerio de Hacienda. Por otros delincuentes de menor categoría, cada fuerza cancela de sus fondos de gastos reservados. En los últimos tres años, por la captura o la muerte de guerrilleros importantes se han entregado, en total, 90.000 millones de pesos en recompensas.

Además del Ministerio de Defensa, las alcaldías, gobernaciones y la Presidencia también cuentan con fondos para recompensas que podrían llamarse 'no reguladas', en la medida en que no existen criterios escritos precisos para determinar su monto. Las cifras van de unos pocos millones a varios cientos y, más que de regulaciones predeterminadas, el monto depende de la categoría de las víctimas o de la visibilidad que el caso adquiera en los medios. En esto, Colombia no es excepción: moralmente es injusto pagar más por el asesino de un político conocido que por el de un líder campesino o de derechos humanos, pero la práctica generalizada es que a la cabeza de Osama bin Laden se le ponga un precio mucho mayor que a la de terroristas menos notables. El resultado es que, frente a los delitos que cobran notoriedad pública, las recompensas, a fin de cuentas, las deciden las autoridades 'a ojo'.

El pago de recompensas no ha dejado de generar polémica en el país. Hubo obvios excesos en el pasado reciente, como el del tristemente célebre Rojas, el guerrillero que apareció con la mano cortada del cuerpo de su jefe, Iván Ríos, en macabra demostración de que era acreedor al premio de 2.400 millones de pesos ofrecido por ese miembro del Secretariado de las Farc. Aunque se dijo entonces que se había pagado por la información que el desertor había entregado sobre el frente 47, el país se quedó con la imagen de que se lo había premiado por un cadáver. Figuras como los Lunes de recompensa, cuando se veía por televisión a comandantes del Ejército entregar fajos de billetes a informantes encapuchados, también fueron polémicas.

Todo ello recuerda la estrategia de "Se busca vivo o muerto" en el lejano Oeste, más que una política integral para promover la confianza en las autoridades y crear conciencia de que la denuncia es una responsabilidad ciudadana y no una oportunidad de negocio. En Bogotá, por ejemplo, la Alcaldía optó por no ofrecer recompensas. Hace dos meses, cuando dos hermanas de 8 y 15 años fueron asesinadas en Kennedy, en el sur de la ciudad, fue la Policía la que ofreció 20 millones de pesos por encontrar a los culpables. "Las instrucciones de la alcaldesa Clara López son claras: hay que buscar la colaboración voluntaria de los ciudadanos, estimular el sentido colectivo de la seguridad, fomentar el sentido de pertenencia. No se pagan recompensas", señala Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana.

Otro problema es que, como las recompensas pertenecen al mundo secreto de los fondos de gastos reservados, el riesgo de corrupción siempre está presente. La Contraloría, que audita esos pagos, adelanta varias investigaciones preliminares por desembolsos irregulares y abrió una investigación formal a miembros del Ejército que pagaron 140 millones pesos por tres guerrilleros -Albeiro Córdoba, Byron Yepes y el Campesino- supuestamente muertos en combate entre 2005 y 2009, pero que, se descubrió, seguirían activos en el Bloque Oriental de las Farc.

En el fondo, sin embargo, el narcotráfico, el conflicto armado y, también, el discurso de mano dura del pasado gobierno han instalado con fuerza en Colombia la cultura del "Se busca", a la cual no se recurre aquí, como se hace en otras latitudes, en casos excepcionales o de especial interés público, sino de forma rutinaria. Con resultados, sin duda: a la vista están delaciones premiadas que han conducido a operaciones como la muerte de Raúl Reyes, para no mencionar sino un caso entre docenas. Pero con costos. Como dice Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, "al país le falta confianza en las autoridades, solidaridad con los demás, reconocer las normas; apropiarnos del espacio para delatar voluntariamente al que viola la ley". La falta de conciencia ciudadana sobre el deber de denunciar: este es, quizá, el costo más significativo que acarrean las recompensas en Colombia.