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| 8/12/2006 12:00:00 AM

¿Se cae el 8.000?

Una victoria jurídica preliminar a favor del ex contralor Manuel Francisco Becerra, concedida por un comité de la ONU, tiene festejando a los otros condenados del proceso.

Todos los condenados del proceso 8.000 que estuvieron en la cárcel están felices. La primera etapa de una batalla jurídica que acaba de ganar Manuel Francisco 'Kiko' Becerra en el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, es la causa de ese regocijo. Ese ente concluyó, en su sesión del pasado 11 de julio, que al ex contralor se le violó el debido proceso en el juicio que lo condenó a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito.

El argumento central que llevó a esta conclusión es que la justicia sin rostro no garantiza los derechos consagrados en la Constitución. Entre otras, porque los acusados no tienen la oportunidad de controvertir a los testigos en su contra. Como todos los procesados durante el proceso 8.000 fueron condenados por esa misma justicia, si la teoría es válida para Kiko, también sería válida para los demás.

Además del argumento de la justicia sin rostro, el comité determinó que se le había violado a Becerra el debido proceso porque la Corte Suprema de Justicia no acató una tutela que lo favorecía. Este punto, sin embargo, es menos importante pues sólo afecta al ex contralor y no a todo el proceso 8.000.

Cuando un individuo considera que un fallo judicial es arbitrario y no tiene más instancias en su país, tiene dos posibilidades dentro del derecho internacional: acudir a la OEA o al comité de derechos humanos de la Naciones Unidas. Becerra descartó a la OEA por considerar que se trataba de un órgano cuyo socio dominante en la práctica era Estados Unidos. En esas condiciones no podría haber objetividad frente a un tema donde estuviera involucrado el narcotráfico. Por eso optó por Naciones Unidas, cuyas decisiones finales en materia de derechos humanos se toman en Ginebra.

La jugada por ahora le está resultando. El comité, después de investigar el caso, le recomendó al gobierno colombiano, dentro de un plazo de 90 días, ofrecerle algún "recurso judicial efectivo" que garantice sus derechos. Igualmente, hacerle una "compensación efectiva".

Nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir lo uno o lo otro. "Compensación efectiva" suena a resarcimiento económico, pero no hay una claridad absoluta. Los abogados de Francisco Becerra dejan saber que su prioridad no es un beneficio pecuniario, sino una reivindicación moral.

En cuanto al "recurso judicial efectivo", esos mismos abogados señalan que, teniendo en cuenta que la acción ya está prescrita y la pena cumplida, no habría lugar a un nuevo juicio y la única posibilidad concreta sería una revisión del proceso para declarar su nulidad.

Por su parte, los abogados y funcionarios que defendieron la posición de Colombia no reconocieron la violación del debido proceso ni están de acuerdo con su contraparte en las implicaciones de esta victoria jurídica preliminar de Becerra.

El meollo del asunto es determinar si la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU es obligatorio. En otras palabras, si tiene consecuencias o no. Existen dos puntos de vista diametralmente opuestos. El argumento de que obliga estaría basado en que Colombia al adherir al pacto de derechos civiles, queda obligado a acatar las decisiones que ese organismo tome en relación con las quejas contra el país. El otro argumento es que es un simple concepto y la decisión final está en manos del Estado que recibe la recomendación.

El chicharrón le caerá dentro de pocos días al nuevo ministro de Justicia, Carlos Holguín. Según la recomendación, tiene 90 días para resarcir a Becerra, moral o económicamente. Si al término de este plazo no se ha pronunciado, el caso podría pasar a la última instancia de la ONU en Ginebra, cuyos fallos son la última palabra. Una condena sería de obligatorio cumplimiento y es de presumir que tendría como base para una decisión la recomendación emitida por el comité investigador, que en este caso favoreció a 'Kiko'.

Ante esta eventualidad, el gobierno tiene que decidir si negocia un arreglo con el ex contralor o asume el riesgo de esperar un fallo de la última instancia. Todo dependerá de si la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU considera su responsabilidad seguir adelante con el proceso. El único antecedente al respecto favorece más al gobierno que a Kiko. El mismo comité de la ONU que consideró que se le había violado el debido proceso a éste, consideró un año antes que se le había violado el proceso a los Rodríguez Orejuela. En ese caso, el gobierno no hizo nada y todo quedó así.
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