Se cae Amagá

Si no fuera porque es la patria chica del ex presidente Belisario Betancur, pocos sabrían en Colombia de la existencia de Amagá. Ahora, sin embargo, oirán ese nombre por una razón menos amable: el pueblo, literalmente, se está cayendo. Los habitantes se han convertido por obligación en albañiles, para disimular con remiendos las grietas que amenazan sus casas. Aunque no se ha hecho un estudio geoeléctrico que determine las razones, la población y las autoridades parecen estar seguras de que las minas de carbón tienen la culpa. El aumento del precio de ese combustible y las nuevas tecnologías para extraerlo parecen estar entre las causas.

Y es que la tradición carbonífera de Amagá es histórica y no hay familia que no tenga un minero. Lo que es relativamente nuevo es el riesgo de que las casas se vayan al piso. Desde hace un año las construcciones de La Esmeralda, un barrio a una cuadra del centro, comenzaron a agrietarse y 60 familias ya tienen orden de desalojar. Otro de los sectores más afectados es la vereda Pasonivel, cuyos pobladores renunciaron a evacuar porque no tienen a dónde ir.

En el municipio hay déficit de vivienda y aunque la Alcaldía ya ofreció pagar el arriendo de los damnificados durante tres meses, no hay casas para tanta gente. "Además -cuenta Aurora, una de las afectadas-, así una encuentre casa o piecita, no se la alquilan porque a nadie le gusta hacer negocios con la Alcaldía por mala paga".

Otoniel Gallego, minero jubilado de Pasonivel, cuenta que la historia comenzó en enero del año pasado, cuando empezaron las explosiones. "Podíamos sentirlas porque no había cama que no saltara -dice-, llegaban a cualquier hora y lo único que podíamos hacer era resignarnos". A partir de ese momento, se dieron cuenta de que la excavación minera, que por décadas evitó llegar hasta su vereda, ahora estaba bajo sus pies.

La mina más cercana es la de San Fernando, fundada hace 50 años, pero adquirida hace menos de tres por una empresa valluna, GenerCauca. Su producción y su personal se han triplicado y hoy extrae 25.000 toneladas al mes, con 660 empleados. Los habitantes culpan a esa compañía. "Los trabajadores que fueron mis colegas ya me dijeron que están trabajando bajo esta vereda", le dijo a SEMANA Ramón López, un ex minero.

Las directivas de la empresa niegan su responsabilidad. Su gerente, Jorge Bustamante, dijo que es improbable que las explosiones se sientan en la superficie porque tienen lugar a más de 400 metros de profundidad y con procesos tecnificados. Y añadió que sus trabajos están a medio kilómetro de distancia del casco urbano. Sostiene que un estudio ordenado este año por la Alcaldía determinó que el problema tiene su origen en fallas geológicas y en el acueducto, el tráfico pesado y, con menor incidencia, la explotación minera.

Pero en el pueblo nadie le cree. Hasta la alcaldesa, Socorro Zapata, cree conveniente hacer un estudio geoeléctrico: "Con ese sí podríamos encontrar a los culpables", dijo. Además, de este analiza su costo una acción popular de los habitantes de Pasonivel contra la empresa minera.

El problema es de plata. Ni la Alcaldía ni los campesinos tienen los 500 millones de pesos que cuesta el estudio, y la Gobernación de Antioquia apenas estudia costearlo. Y lo peor es que no hay espacio para construir. La Gobernación anunció que regalará 200 casas, pero no hay dónde hacerlas.

Y mientras tanto, las familias de Amagá siguen llegando al despacho de la Alcaldía para reportar que sus hogares se les están cayendo encima. Un panorama desolador para la patria chica del ilustre ex presidente.