Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2002/06/02 00:00

Se cae Dragacol

El fallo ejemplarizante que el Consejo de Estado quiso hacer con el caso del ex ministro Mauricio Cárdenas va a tener muchas consecuencias. Unas buenas y otras malas.

Se cae Dragacol

El caso Dragacol, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de Colombia, sigue escandalizando al país después de tres años de investigación. El viernes pasado el Consejo de Estado ordenó a la firma de Reginaldo Bray restituir a la Nación más de 13.000 millones de pesos que el Ministerio de Transporte pagó en exceso a Dragacol por los controvertidos contratos para la limpieza del río Magdalena en el departamento de Bolívar y el dragado de un canal de acceso al puerto de Buenaventura. Por otro lado, la corporación indicó que el ex ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, quien ocupaba la cartera cuando se hizo la controvertida conciliación es solidariamente responsable.

El fallo, producto de una demanda de nulidad instaurada por la Contraloría General de la República y el ciudadano Jaime Botero Correa, deja sin efecto una conciliación firmada entre Dragacol y la Nación el 6 de noviembre de 1998. La sentencia de la Sala Cuarta del Consejo de Estado sostiene que la conciliación suscrita entre ambas partes vulnera “el derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.

Por los contratos, sobre los que se exigían más de 26.000 millones de pesos, el Estado alcanzó a desembolsar a la firma Dragacol 17.600 millones de pesos. Los dineros restantes quedaron congelados luego de que estallara en el Congreso un escándalo de grandes proporciones, cuando el parlamentario Javier Cáceres destapó públicamente el monto de las negociaciones. Ahora, según el Consejo de Estado, el valor real que se debió reconocer por los mismos jamás debió exceder los 4.000 millones de pesos.

Con el fin de recuperar la mayor cantidad de dinero posible, el fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al director general marítimo de la armada nacional –Dimar-.

También dictamina el embargo de las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A., Dragacol. Por último declara “responsable solidario al ex ministro Mauricio Cárdenas Santamaría en conformidad con el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998, por el valor no recuperado de los pagado en exceso”.

En otras palabras esto quiere decir que si Dragacol no paga o no tiene la suficiente plata para completar los 13.000 millones de pesos, Cárdenas deberá responder por el faltante con su patrimonio propio. Hasta que Dragacol no le devuelva al Ministerio de Transporte las sumas que recibió en exceso, las cuentas del ex ministro quedan congeladas. Pero si ninguno de los dos tiene con qué pagar es una decisión judicial que se queda en el papel. En Colombia no existe cárcel por deuda.



Las reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Germán Ayala, presidente de la sección cuarta del Consejo de Estado, aseguró que con el fallo se protegió la moralidad pública y el patrimonio colectivo vulnerados por el excesivo monto en la conciliación.

Javier Cáceres leal, parlamentario que puso al descubierto el escándalo Dragacol, asegura que con el fallo del Consejo de Estado se pone fin a una de las concertaciones más amañadas e irregulares de la historia y “abre la posibilidad para que los organismos de control sancionen a todos los funcionarios implicados en uno de los ejemplos más sonados sobre corrupción” .

El ex ministro Cárdenas Santamaría, por su parte, sostiene que nunca fue llamado al Consejo de Estado a rendir indagatoria por este proceso. El ex ministro asegura que le fue le violado el derecho al debido proceso, ya que nunca tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos ante el contencioso administrativo. “El fallo me cogió de sorpresa. Jamás fui llamado por el Consejo de Estado a rendir cuentas. Voy a entablar las acciones legales que sean necesarias”.

Otra cosa es lo que dice la sentencia AP300 del Consejo de Estado. En ella se aclara que el ex ministro sí se notificó y presentó sus argumentos. “Al momento de responder la demanda, Mauricio Cárdenas dijo que no había lugar a responsabilidad y que además ya había sido juzgado y absuelto tanto por la Fiscalía como por la Contraloría ”, señala el fallo del Consejo de Estado.



Las lecciones

Es evidente que el fallo es un intento del Consejo de Estado por mandar un mensaje ejemplarizante en la lucha contra la corrupción, dada la dimensión política y publicitaria del escándalo de Dragacol. Sin embargo la vinculación del ex ministro como responsable solidario podría parecer desproporcionada.

Es cierto que Cárdenas cometió graves errores en ese proceso. Es posible que haya habido algo de negligencia de su parte. La propia Procuraduría lo acusa de irresponsable en su cargo y de no velar por los intereses del Estado. También existen testimonios de que su participación en la negociación fue bastante activa, aunque él no haya firmado el resultado final. Y aunque no es un delito, muchos le critican la falta de solidaridad con sus subalternos, varios de los cuales acabaron en la cárcel, a pesar de haber actuado con absoluta buena fe, al igual que el mismo Cárdenas. No obstante lo anterior, el ex ministro es un funcionario honesto y las circunstancias descritas no ameritan que se le asocie con un caso de corrupción. Una cosa es ser negligente e irresponsable y otra muy distinta corrupto.

Ahora bien, las implicaciones del fallo anterior van a ser grandes. Las conciliaciones son por definición transacciones donde ambas partes ceden y no existe la verdad absoluta. Si los que firman se exponen a perder todo su patrimonio –y quizás terminar la cárcel -, se va a recurrir con más frecuencia a demandas y tribunales de arbitramento. La historia demuestra que bajo estas modalidades el Estado generalmente pierde más plata que en la conciliación.

Otra consecuencia preocupante es la avalancha de demandas que se avecinan de parte de ciudadanos del común que buscarán hacerse ricos instaurando acciones populares. El fallo del Consejo de Estado establece un incentivo del 15 por ciento del valor que llegue a recuperar el Ministerio de Transporte para cada uno de los demandantes. En este caso de Dragacol, los beneficiaros son el fondo de defensa de intereses colectivos de la Contraloría y el ciudadano Jaime Correa Botero.

A juicio de muchos, esta sentencia del Consejo de Estado le abre una ventana de oportunidad a los cazafortunas para que entablen demandas contra casos que puedan correr la misma suerte que Dragacol, como son Termorío, Foncolpuertos o Nortel.

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