Se cierra el cerco

La semana pasada no fue nada buena para Andrés Felipe Arias, ministro estrella del presidente Álvaro Uribe y quien era su carta favorita para heredar la Casa de Nariño.

En octubre pasado, cuando el procurador Alejandro Ordóñez les formuló a él y al también exministro Andrés Fernández pliego de cargos por manejos irregulares del programa Agro Ingreso Seguro, el excandidato presidencial Arias capoteó la situación con una frase singular: "Esto parecía un cáncer y hoy vamos en una gripa", dijo, intentando desestimar la acusación.

Lo que ocurrió esta semana en la Contraloría -que decidió embargar los bienes de Arias- y en la Fiscalía -que anunció audiencia para imputarles cargos a exfuncionarios del Ministerio- indica que Arias está equivocado y que el programa AIS no sufre gripa, como él creía, sino algo parecido a un gravísimo cáncer.

El viernes La FM, de RCN, reveló que la Contraloría General afectaba a los exministros Arias y Fernández con órdenes de embargo de sus bienes y cuentas bancarias. La medida se desprende de un proceso de responsabilidad fiscal por la celebración de contratos de publicidad por 14.000 millones de pesos para el programa AIS durante la gestión de ambos. La Contraloría sostiene que hubo detrimento patrimonial en esos contratos suscritos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), un organismo internacional cuyos funcionarios gozan de inmunidad diplomática.

Cuatro días antes, la propia fiscal general Viviane Morales ya los había puesto en alerta, pues anunció que en abril la entidad a su cargo imputará cargos y solicitará detener a siete exfuncionarios de la cúpula del Ministerio de Agricultura y 15 beneficiarios de AIS, entre ellos diez de la familia Vives Lacouture, por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, entre otros.

La pregunta obvia fue ¿por qué en la lista no está el exministro Arias? En primer lugar, por tener fuero lo debe investigar la propia fiscal general, y eso hace más lento su caso. Y en segundo lugar, puede ser también resultado del diseño estratégico de la investigación, pues es mejor comenzar con los menos implicados o de menor rango, que pueden dar información fundamental para el expediente de los jefes. Que la propia fiscal Morales haya salido de su despacho para anunciar la noticia de la imputación contra las primeras 22 personas es en sí una señal.

Desde octubre de 2009, cuando la revista Cambio destapó el escándalo, Andrés Felipe Arias está en cuestión. Tras un año largo investigando, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía encontró irregularidades en la asignación de 288.265 millones en subsidios agrícolas no reembolsables. Dos familias de la costa deberán explicar a la justicia cómo y por qué concentraron gruesos desembolsos presumiblemente sin cumplir los requisitos.

La familia Dávila registra una suma total de 2.212 millones de pesos asignados a varios miembros del clan, incluida Valerie Domínguez, señorita Colombia en 2005, a quien la Fiscalía acusará de falsedad en documento y tentativa de peculado y no solicitará captura por cuanto renunció al subsidio de AIS. En cuanto a la familia Vives Lacouture se estableció que diez de sus integrantes fueron beneficiarios de AIS con 4.532 millones de pesos.

La fiscal aclaró que otras cincuenta personas entre funcionarios, contratistas y particulares beneficiarios del programa AIS están siendo investigados. SEMANA supo que en marzo se solicitarán audiencias de imputación contra varias de ellos.

Esta revista tuvo conocimiento de que la Fiscalía no solo investiga si el exministro Arias participó en la fragmentación de lotes que hicieron algunos de los beneficiarios para lograr más subsidios, sino que también está evaluando si algunos de los aportantes de la campaña presidencial de Arias se favorecieron con el programa AIS. No corren buenos tiempos para el ministro estrella del anterior gobierno.