Jueves, 19 de enero de 2017

| 2008/05/31 00:00

Se crece el enano

El decomiso de más de 2.000 fusiles y la presencia en la tercera parte del país de grupos armados diferentes a la guerrilla, dejan al descubierto una nueva amenaza para el Estado

Al menos en cuatro regiones , las nuevas fuerzas ilegales están logrando consolidarse rápidamente gracias a su capacidad corruptora y a sus alianzas con la guerilla. De avanzar esta situación, se iría al traste el esfuerzo por lograr masivas desmovilizaciones como la de la imagen.

Con la desmovilización del 'último grupo paramilitar' en Unugía, Chocó, muchos alimentaron la esperanza de que se les había puesto punto final a estos pulpos armados vinculados con el narcotráfico. Pero no han pasado aún dos años desde entonces y el mapa de Colombia se ha llenado de tal manera de brotes de violencia asociados con los otrora 'paras', que ya hay quienes temen que se abra un nuevo capítulo de sangre en el país.

El gobierno ha insistido en que esto no es más que un puñado de "bandas criminales". Sin embargo, el creciente número de personas de estos grupos -la Defensoría del Pueblo dice que en 305 municipios, la tercera parte del país, hay presencia de estos nuevos grupos- y el volumen de armas que controlan hace fácil concluir que lo que está sucediendo es algo de mayor calado.

El número de hombres que hay hoy en los nuevos grupos ilegales ha crecido a tal punto, que es como si el 40 por ciento de los paramilitares que dejaron las armas volviera a tomarlas. La ONG Indepaz, con base en estadísticas de la Fuerza Pública y OEA, dice que hay entre 6.000 y 8.000 personas en los nuevos grupos ilegales, mientras los paramilitares desmovilizados de línea de combate sumaron 18.000.

El de las armas es un dato no menos preocupante. En el último año se han incautado 2.010 fusiles, muchos nuevos, en grandes caletas. Esto sin contar decenas de armas largas incautadas al menudeo. Para tener una idea de la cantidad, valga decir que en la desmovilización se entregaron 14.003 armas de este tipo. El decomiso más alarmante fue el de 607 fusiles en una casa en Cali hace pocos días, llegadas al país hace menos de tres meses, según investigaciones oficiales. Este tipo de armamento es para ejércitos, no para abastecer grupos sicariales. Como referencia, sólo 10 años después de su creación, las AUC lograron ingresar al país un cargamento de 3.000 fusiles procedentes de Bulgaria.

Lo que se está configurando parece ser mucho más que un grupo de malhechores que delinque bajo el nombre genérico de 'Águilas Negras'. Por su dimensión y su impacto puede llegar a convertirse en una nueva fuerza desestabilizadora con cuatro epicentros desde los que ya se han escrito páginas trágicas de este país: Urabá, los límites de Meta, Vichada y Guaviare, el Pacífico nariñense y Norte de Santander. Todos con un común denominador: el narcotráfico.

En Urabá y los Llanos tienen cabezas visibles: alias 'don Mario' y 'Cuchillo', respectivamente. Ambos tuvieron un papel importante en las antiguas estructuras paramilitares y no ocultan sus ánimos expansionistas. En el Pacífico, al sur del país, se están afirmando nuevos carteles, hoy en guerra, como son los llamados 'Rastrojos' y la 'Organización Nueva Generación'. Mientras tanto, en Norte de Santander son estructuras muy activas de narcotraficantes como los 'Pepes', los 'Boyacos' y los 'Pulpos', que ni siquiera se afectaron con la desmovilización.

A diferencia de la época de expansión paramilitar, estos grupos tienen a su favor que en muchos casos han encontrado en la guerrilla un aliado de negocios y no un enemigo. Unos se encargan del cultivo y el procesamiento, y los otros de sacar el producto del país y comercializarlo. Esto se da incluso en los Llanos, donde los hombres de 'Cuchillo' han tenido fuertes combates con frentes de las Farc.

Con sus 'ejércitos' ahora más dedicados a proteger el negocio que a pelear, tienen la posibilidad de liberar más recursos para reclutar colaboradores, que por la presión de las autoridades se ha vuelto más costosos. Esto se evidencia en ofertas que hacen para reclutar ex paras en ciudades como Medellín. "Como desmovilizados recibimos un subsidio del gobierno de 358.000 pesos mensuales. La oferta que hace la gente de 'don Mario' es pagarle a un patrullero raso entre 800.000 y un millón de pesos", explicó a SEMANA un desmovilizado, hoy líder comunitario. "Cuando se trata de alguien que en el pasado fue un comandante importante, que sabe combatir, tiene liderazgo y capacidad de convocatoria, la cosa cambia. El ofrecimiento es de tres a cinco millones de pesos al mes, una moto DT o Pulsar, pistola 9 milímetros y 10 fusiles nuevos para armar un 'combo'", dijo. Lo que no es claro es si cumplen lo prometido.

Ese abultado bolsillo también sirve para lo que es más peligroso en este proceso de consolidación: la corrupción, en especial de la Fuerza Pública. Un militar activo que trabaja para 'don Mario' en el entrenamiento de sus hombres confirmó a SEMANA que "en unos casos lo que hacen es buscar soldados profesionales para reclutarlos y ponerlos de comandantes. Lo otro, que es más efectivo, es simplemente comprar y pagar por protección y por información sobre acciones en su contra". En otros lugares la estrategia es más sutil. En los Llanos las nuevas fuerzas ofrecen asados y dan tarjetas telefónicas a las tropas que patrullan sus zonas de influencia. Con esto, sin necesidad de comprar comandantes, se ganan la simpatía de militares y policías.

Esa liviandad en las regiones contrasta con los certeros golpes que contra estos grupos han tenido cuerpos elites tanto de la Policía como del Ejército del nivel central.

¿Estas 'nuevas criaturas' son sólo un tema de orden público o más bien una creciente amenaza al Estado? En primer lugar, son por ahora diferentes de los paramilitares. Se han conformado más como 'empresas de seguridad privada' que protegen un territorio para los narcotraficantes, que como ejércitos que estén combatiendo contra guerrilla, ya sea por control territorial o por ideología.

Tal vez el factor que hay que evaluar con mayor cuidado es qué tanto se pueden demorar estos grupos en encontrar un propósito común que los aglutine. En los años 80, los carteles se unieron en la lucha contra la extradición. A mediados de los 90, al inventar las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño logró entrecruzar muchas fuerzas autónomas bajo la sombrilla de la antisubversión. Luego, con las negociaciones de Ralito, el país supo que al menos una treintena de líderes de estos grupos se montaron en el discurso de Castaño para buscar su legitimidad política. ¿Cuál puede ser el aglutinante ahora, más cuando las guerrillas son más aliados que enemigos, ¿será de nuevo el Estado que con la lucha contra las drogas unificó a sus tres más grandes amenazas: carteles, antiguos paras y guerrillas, pero esta vez con un poder concentrado en pocas manos?

Sin duda será determinante su capacidad corruptora en lo regional. Con lo que ha sucedido hasta ahora con algunos miembros de la Fuerza Pública, es claro que estos grupos avanzan con paso firme. La historia de los últimos años ha comprobado que el narcotráfico no se conforma sólo con esto, sino que luego busca adueñarse de las autoridades locales.

Los especialistas que siguen este proceso de rearme coinciden en ubicar al país en una situación similar a la vivida al inicio de los años 90. No es gratuito que en un reciente estudio de la prestigiosa revista The Economist se diga que Colombia bajó 14 puestos en el Índice de Paz Global (del 116 al 130). Hace un año, en 2007, estaba a 24 puestos del país con la peor guerra. Ahora sólo lo separan nueve países de Irak. Ya en otros momentos Colombia ha visto como situaciones consideradas marginales se han crecido, dejando profundas huellas de violencia. Ante este panorama, poco sirve querer tapar el sol con las manos.

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