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| 8/27/2016 12:00:00 AM

Se desata la tormenta por Cormagdalena

La crisis en la dirección y en el consorcio Navelena podría frustrar la ilusión de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, un proyecto fundamental para la competitividad del país.

La semana pasada renunció el capitán Luis Álvaro Mendoza, quien llevaba menos de un año en el cargo de director de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. Su salida no tendría nada de particular, si no fuera por los intríngulis que rodearon su renuncia y por la importancia que tiene esta corporación, encargada de recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

El capitán Mendoza salió en medio de versiones sobre presiones de políticos que quieren meterle la mano a esta corporación, y en un momento crítico para el proyecto que busca mejorar la navegabilidad del principal afluente del país con inversiones por 2,5 billones de pesos.

La coyuntura no podría ser más crítica, pues esta semana Cormagdalena tendrá que definir si declara la caducidad del contrato con el consorcio Navelena, encargado de las obras, o le da vía libre a un nuevo socio que le compre la participación a Odebrecht. Esta última empresa brasileña, que tiene el 87 por ciento de Navelena, se vio obligada a ceder el contrato cuando los bancos le cerraron las puertas por los problemas de la casa matriz en Brasil. Si bien viene cumpliendo en el país, es un hecho que este escándalo ha afectado su reputación a nivel internacional. El otro socio de Navelena es Valorcon, de la familia Gerlein, con el 13 por ciento restante.

Presiones políticas

No es un secreto que Cormagdalena, desde que fue creada hace 25 años, ha estado sujeta a presiones políticas que han frenado el desarrollo del río, que recorre 18 departamentos y más de 700 municipios.

Las dos últimas elecciones de sus directores, en 2011 y 2015, han sido difíciles y dilatadas. En 2011 las ganó el exsenador barranquillero Augusto García Rodríguez, quien adjudicó la licitación a Navelena. Una vez firmó este contrato de asociación público-privada (APP) en septiembre de 2014, García renunció a su cargo por desacuerdos con el gobierno, pero dejó encargado a su mano derecha, el abogado sucreño Carlos Núñez, quien estuvo al frente de la entidad alrededor de nueve meses.

Después de varias reuniones de junta con candidatos entre los que estaban además de Núñez, José Manga, un ingeniero avalado por el senador José David Name, y el capitán de navío Luis Álvaro Mendoza, exdirector del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, este fue elegido para el puesto al que acaba de renunciar.

Algunas versiones señalan que lo que realmente le molestó al vicepresidente de la República, Germán Vargas, fue la forma como el capitán Mendoza manejó el lío planteado por Odebrecht, que se marginó del proyecto y cedió su participación. Para Vargas pasó mucho tiempo para encontrarse una solución ya que Odebrecht anunció esta decisión desde mayo pasado.

Vargas reconoció la semana pasada que la situación es muy delicada, pues será difícil lograr el cierre financiero del proyecto, dada la actual situación del consorcio. “El 30 de agosto se podría decidir la caducidad del contrato, si no no hay cierre financiero”, dijo.

Sin embargo, en diálogo con La W el capitán Mendoza señaló que los cierres financieros tienen un tiempo determinado y que él se ha ceñido a lo estipulado en el contrato. “Yo no he violado ninguna norma. Lo que pasa es que los bancos colombianos no han apoyado el proyecto”.

La situación de Navelena y de la recuperación del río Magdalena se agrava con el paso del tiempo, pues diariamente el consorcio afronta multas por 20,8 millones de pesos. La construcción, que se debía iniciar el 11 de junio, está parada.

Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien será facilitador para lograr el cierre financiero, reconoce que la solución a este problema pasa por encontrar otro socio que asuma la mayoría del contrato.

Uno de los interesados es la banca de inversión Goldman Sachs. Extraoficialmente también se menciona a dos inversionistas chinos, un fondo de inversión australiano, una firma de ingeniería de Portugal y la empresa Jan de Nul, líder en dragados y construcción de plataformas marítimas. Esta última compañía participó en 2014 en el proceso de licitación, pero perdió con el consorcio Navelena.

Una obra para el futuro

Lo lamentable de este lío con Navelena y Cormagdalena es que nuevamente se atraviesa un palo en el camino que busca que Colombia tenga un río navegable. El actual proyecto aspira a recuperar el trayecto entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, y hacer obras de encauzamiento hasta Barranquilla, para una intervención total de 908 kilómetros.

Las obras mejorarían la competitividad del país puesto que permitirían movilizar convoyes hasta de 7.200 toneladas, lo mismo que transportan 240 tractomulas, lo que significaría enormes ahorros para los empresarios.

Solo un año después de comenzar varias obras de encauzamiento, durante la gestión de Mendoza, ya se estaban viendo los resultados de la navegabilidad del río y de las inversiones que superan los 1.500 millones de dólares, de empresas nacionales y extranjeras.Impala, por ejemplo, construyó un puerto en Barrancabermeja y prevé movilizar entre 1,5 y 2 millones de toneladas de mercancías al año. Ecopetrol y compañías de las industrias automotriz y cementera, entre otras, utilizan con mayor frecuencia esta alternativa fluvial.

Los beneficios del río como medio de transporte quedaron en evidencia durante el pasado paro camionero, ya que por el afluente se movilizaron cientos de toneladas de mercancías. Por eso en los últimos días han surgido voces que piden que se llegue a un pronto acuerdo y que evitar que Cormagdalena quede en medio de juegos de poder y presiones políticas.

Lo cierto es que si no se logra un acuerdo se podría declarar la caducidad del contrato y se iniciará un nuevo proceso licitatorio, que tardaría por lo menos un año más. Sin embargo, esta es una última opción a la que recurriría el gobierno teniendo en cuenta las implicaciones y las millonarias demandas que debería afrontar.

Ojalá la mala racha del río Magdalena termine y las obras puedan seguir adelante para beneficio de los municipios ribereños, los empresarios y de todo el país, que llevan décadas esperando su renacer.

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