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| 8/30/2008 12:00:00 AM

Se destapa la “olla”

El escándalo de la infiltración de la mafia en la Policía y en la Fiscalía de Medellín ha llegado a proporciones insospechadas. El destape tiene que llegar hasta el final.

En Medellín pasó como en el cuento de El Traje nuevo del emperador. A pesar de que muchos –sobre todo en Bogotá– sabían que algo estaba mal, estaban cayendo en la trampa de pensar que era mejor hacerse los de la vista gorda. Pero así como en la historia, un niño gritó “el emperador está desnudo” y dejó al descubierto el engaño; en el caso de Medellín, una grabación destapó la olla podrida.

Hasta ese momento, todos los intentos por atajar la corrupción habían sido en vano. Algunos fiscales de Medellín les escribieron una carta a congresistas para pedirles que intercedieran para el cambio del director seccional de Fiscalías, Guillermo León Valencia Cossio. El propio alcalde de la ciudad, Alonso Salazar, le había advertido al presidente Álvaro Uribe, hace más de tres meses, a través de su asesor José Obdulio Gaviria, de las serias sospechas que tenían de infiltración en la Fiscalía y la Policía.

Pero, en últimas, lo único que sirvió fue que una fiscal de la unidad antinarcóticos decidiera por su cuenta, el pasado 5 de agosto, enviar un expediente a la Corte Suprema para que investigaran al fiscal Valencia Cossio –hermano del hoy Ministro de Interior y de Justicia– y eso permitió que las grabaciones terminaran filtrándose a los medios.
El escándalo es de grandes proporciones. Se está investigando si tres personas con cargos estratégicos de la ciudad –el jefe de los fiscales, el director de los policías y Felipe Sierra, un empresario de la elite antioqueña que manejaba más de 1.200 vigilantes privados– estaban haciéndole favores a la mafia. En concreto al jefe paramilitar ‘Don Mario’, que no se desmovilizó y es considerado el gran capo de Urabá.
En menos de cinco días un general de la Policía, Marco Antonio Pedreros, tuvo que presentar su renuncia, y otro, Jesús Antonio Gómez Méndez, quedó salpicado por ser mencionado en las grabaciones. Tuvo que renunciar Gustavo Villegas, el hombre que manejó por varios años el ‘ejemplar’ proceso de reinserción de los paramilitares en Medellín, al verse involucrado en la adjudicación de contratos a la firma de Felipe Sierra. Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación manual de coca en zonas donde funciona la red criminal de ‘Don Mario’, tuvo que salir a explicar por qué le había dado un contrato a un hermano del delincuente. Y como si fuera poco, el viernes se supo que fue detenido en Urabá el segundo de ‘Don Mario’ en un carro adscrito al Ministerio de Interior, que estaba al servicio del DAS y era utilizado para escoltar a un sindicalista.

¿Qué daños causó la supuesta infiltración en Medellín? Son varios los indicios alarmantes. En cuanto a la Fiscalía, bajo la lupa están los procesos contra alias ‘McGiver’, jefe paramilitar del Magdalena Medio cuyo expediente terminó archivado, y del empresario Gustavo Upegui, asesinado en su finca de San Jerónimo, Antioquia, en 2006 y a quien nunca se le sindicó por sus estrechos vínculos con la temida Oficina de Envigado. Valencia Cossio también deberá explicar por qué nunca prosperaron casos de reconocidos delincuentes de Medellín como Daniel Rendón, alias ‘Danielito’; Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’, y el recientemente asesinado Antonio López , alias ‘Job’.

En cuanto a la Policía, el general Pedreros, que presentó su renuncia la semana pasada –tras 31 años en la institución– luego de que aparecieron grabaciones de él con Sierra, estuvo hasta el 19 de junio al mando de la Policía de Medellín y luego el Presidente de la República le encomendó la misión de acabar con la banda de ‘Don Mario’ en Córdoba, Chocó y Antioquia. Sus resultados no son muy alentadores. Aunque el oficial afirmó que gracias a su gestión fueron capturados más de 200 integrantes de la banda de ‘Don Mario’ y se decomisaron más de 700 fusiles y 140.000 cartuchos de munición, la realidad es que en esos duros golpes poco tuvo que ver Pedreros y fueron en su mayoría planeados y ejecutados desde Bogotá.

Con tal desempeño de Policía y Fiscalía, a nadie le sorprendió que la orden de captura contra uno de los jefes de la Oficina de Envigado, Alirio Rendón, alias el ‘Cebollero’, llegara directamente desde Bogotá.
El caso de Juan Felipe Sierra le ha pegado también duro a otra institución sagrada de Antioquia: su dirigencia empresarial. Sierra es hijo del presidente de una caja de compensación y hermano de otro destacado ‘cacao’; gracias a su procedencia, tiene entrada a la Casa de Nariño y en las grabaciones aparece como el enlace de ‘Don Mario’ con los funcionarios del Estado. Su empresa Control Total empezó en 1993 con cinco guardas y un gerente, entre 2004 y 2007 tuvo contratos con el Estado por más de 1.285 millones de pesos y ahora tiene 1.200 empleados.

Curiosamente, esos contratos con el Estado tenían como fin ‘proteger’ a los jefes de la Corporación Democracia –asociación de los paramilitares desmovilizados– que así lo exigieron. Entre ellos estaba ‘Job’, recientemente asesinado. Y esos contratos fueron, entre otras razones, los que llevaron a renunciar a Gustavo Villegas, quien en el gabinete del alcalde Sergio Fajardo fue el abanderado de la desmovilización de las autodefensas de Medellín.

La defensa a ultranza que Villegas ha hecho de este proceso se convertía a veces en la negación de muchas denuncias contra desmovilizados que seguían en la ilegalidad. Tal vez los casos más emblemáticos son los de Guillermo González, alias ‘Memín’, y el de Antonio López, alias ‘Job’. Desde 2006 la Personería venía denunciando cómo los dos ex paramilitares eran pacifistas de día y ‘patrones’ que ordenan muertes y movimiento de armas y droga en las noches. Pero las denuncias no fueron escuchadas por las autoridades y quedaba la sensación de que el proceso debía seguir siendo un modelo nacional a cualquier precio.

Apenas este año, y por una fuerte presión del alcalde actual Alonso Salazar, quien se ha distanciado notablemente de los desmovilizados, se logró judicializar a alias ‘Memín’ y poner en evidencia que Antonio López –asesinado hace dos meses en la ciudad– no le estaba jugando limpio al proceso.

El destape, por lo que dicen conocedores del caso, apenas está empezando. Y si bien es doloroso para una ciudad cuyas instituciones pusieron una cuota de sacrificio alta durante la época del terrible Pablo Escobar, también es un síntoma de alivio que al fin la olla podrida se esté destapando.
 
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