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| 9/13/2011 12:00:00 AM

Se dilata el juicio contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por ‘chuzadas’

La Corte rechazó la solicitud del abogado del exsecretario general de Presidencia, quien pidió a los magistrados declararse impedidos en el proceso. Un grupo de conjueces decidirá si ratifica la decisión de la Corte o si apoya la recusación de la defensa.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, defensor del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, al considerar que los argumentos presentados por éste para pedir que los magistrados y conjueces se declararan impedidos en el proceso, carecen de veracidad.

Según la decisión del alto tribunal, la elección de los conjueces en reemplazo de los siete magistrados de la Sala Penal que se declararon inhabilitados al considerarse víctimas de los las ‘chuzadas’ del DAS, “fue hecha antes de conocerse en su totalidad el escrito de acusación de la Fiscalía y su elección se hizo basándose en los mandatos constitucionales”.

Según la Corte, la solicitud del abogado Granados “se funda en el sofisma de confundir interés particulares con el interés de la corporación”, haciendo un llamado acerca de su imparcialidad en el proceso y su interés en emitir un fallo basado en la ley.

“No tenemos interés alguno en el presente juicio, solamente queremos cumplir con imparcialidad, reconstruir la verdad histórica y aplicar el derecho sustancial”, concluyó el magistrado José Luis Barceló.

Sin embargo, y basándose igual en la jurisprudencia colombiana, se tendrán que nombrar otro grupo de conjueces quienes serán los encargados de decidir si aceptan la posición de la Corte Suprema o por el contrario avalan la solicitud del abogado y así buscar otros jueces. Así, el juicio queda suspendido de nuevo.

Granados había pedido a los magistrados en propiedad y a los conjueces que se aparten del proceso con el argumento de que estos ellos tienen una relación directa con los magistrados que se declararon víctimas de las ‘chuzadas’.
 
El abogado de Moreno cuestionó la imparcialidad de los conjueces porque –según él– fueron elegidos de una lista de cuya selección participaron los siete magistrados que se declararon impedidos.
 
Ante esta situación se tiene que esperar la decisión de la sala de conjueces por lo que se frena de manera indeterminada la continuación del proceso que continuaba con la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscal general, Viviane Morales.

El juicio contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por las ‘chuzadas’ del DAS también se dilató este martes con la negativa de la Corte a varias personas y organismos que buscaban sumarse al proceso en calidad de víctimas, y la recusación por parte de la defensa de Moreno.
 
En el primer caso, el alto tribunal no reconoció como víctimas de las ‘chuzadas’ al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al Polo Democrático Alternativo, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a Carlos Lozano (director del semanario Voz) ni al abogado Luis Guillermo Pérez, porque no aparecen mencionados en el documento de acusación de la Fiscalía.

Los abogados defensores le pidieron a la Corte reconsiderar su decisión y expusieron los argumentos por los cuales ellos consideran que estas personas fueron víctimas de persecución y seguimientos ilegales por parte del DAS, pero tras un receso los magistrados ratificaron la decisión.
 
La Corte sí reconoció como víctimas a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, a Yidis Medina y a varios magistrados de la Corte Suprema.
 
El abogado de Carlos Lozano, Reinaldo Villalba Vargas, se mostró inconforme con la decisión de la Corte de no incluirlos dentro del proceso y dijo que la Fiscalía redujo el universo de víctimas.
 
“Nos resulta absolutamente inexplicable que la Fiscalía no nos haya puesto en su escrito de acusación, en el que redujo el universo de víctimas a magistrados de las cortes, parlamentarios y un periodista (haciendo alusión a Daniel Coronell)”.
 
El abogado añadió que “la persecución que se originó desde el DAS durante los ocho años del gobierno de Uribe tiene una multiplicidad de víctimas que no han sido reconocidas. Es decir, es un escrito de acusación que reduce las víctimas y por tanto los hechos, y eso atenta contra el derecho de ellas a acceder a la justicia, a obtener verdad”.
 
Por su parte, el abogado Luis Guillermo Pérez también cuestionó que no se reconociera al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a la Federación Internacional de Derechos Humanos ni a él en el proceso.
 
“La fiscalía ha decidido reducir el universo de víctimas. A nosotros nos parece grave y dejamos constancia de ello. Esto atenta contra la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Para nosotros es una decisión desafortunada porque limita la eficacia de la administración judicial.
 
Explicó que “uno de los argumentos que dio la Fiscalía para no incluirlos fue que no hay pruebas directas que relacionen al Colectivo de Abogados o a la Federación Internacional de Derechos Humanos con los seguimientos del DAS, pero la norma judicial es clara y dice que las víctimas pueden ser directas o indirectas en relación con los mismos hechos. Y aquí estamos hablando de los mismos hechos”.
 
Los delitos
 
Cuando se reanude el juicio, la fiscal general Viviane Morales presentará acusación contra Hurtado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
 
Mientras tanto, Moreno será acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
 
Recientemente la Interpol negó expedir la orden de captura internacional en contra de Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del 2010.
 
Según la oficina de asuntos jurídicos de la secretaria general de Interpol en Francia, la circular roja no procede porque los estatutos del organismo de policía internacional son claros en señalar el respeto por la figura del asilo político.
 
El abogado de Hurtado explicó que su cliente no se hizo presente porque "goza de asilo territorial en la República de Panamá", por lo que la diligencia se practica bajo la figura de la contumacia, que significa la ausencia del procesado.
 
Con respecto a Moreno, cabe recordar que el exfuncionario, quien no se allanó a los cargos imputados, permanece recluido en la Escuela de Carabineros, en el noroccidente de Bogotá.
 
Su medida de aseguramiento fue dictada por la juez del Tribunal Superior de Bogotá Marlene Orjuela, quien acogió la argumentación de las víctimas y la prueba consistente en la declaración del capitán Jorge Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS, en la que reconoció que su antiguo abogado Rafael Martínez se reunió en mayo del 2009 con Moreno.
 
En dichos encuentros, según la prueba, el exsecretario general de la Presidencia de la República -en la administración Uribe- le habría pedido al abogado Martínez que su defendido, el capitán Lagos, no declarara en su contra. Así mismo, le habría solicitado decir que Moreno no tenía nada que ver en el escándalo de las escuchas ilegales.
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