Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1995/11/06 00:00

SE ENREDA LA PITA

Los gremios se distancian del Presidente, Washington sigue bravo y hasta el director de 'El Tiempo', firme defensor de Samper, se siente insultado por un congresista amigo del gobierno.

SE ENREDA LA PITA

EL MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE, POCAS horas después del atentado contra Antonio José Cancino, abogado del presidente Ernesto Samper, un joven antioqueño, Frank Solano, redactor del tarot dominical del diario El Tiempo, recibió una curiosa llamada. Una funcionaria de la Casa de Nariño, quien se identificó con el nombre de Carmenza, le dijo que el primer mandatario estaba intrigado por las predicciones correspondientes al signo Leo -el del Presidente-, publicadas el domingo 24. En ellas, según la funcionaria, Samper había creído leer un anuncio del atentado: "Como nunca falta un miércoles en mitad de semana -decía el tarot- se cocina a sus espaldas un nuevo escándalo que la parte en dos (...) Amárrese los pantalones y sosténgase fino, que con el empujón que viene puede caer". La funcionaria deseaba saber si el autor del horóscopo estaba pensando en Samper al hacer esas predicciones. Solano le respondió que él sabía que Leo era el signo del Presidente, pero que cuando escribía el tarot no lo hacía pensando en personas en particular.
El asunto se habría quedado de ese tamaño si siete días después, el miércoles 4 de octubre, el representante a la Cámara Carlos Alonso Lucio, un ex guerrillero del M-19 que como congresista independiente ha venido defendiendo al gobierno desde el inicio de la crisis institucional, no hubiera mencionado el asunto del horóscopo. En un promocionado debate en la Cámara, Lucio leyó las proyecciones del signo Leo de la edición del domingo 24, insinuó que se trataba de un anuncio del atentado a Cancino y aseguró que eso era una muestra de la "guerra sicológica" de El Tiempo en contra del gobierno.
Como nadie más fuera de la funcionaria de Palacio y del congresista había reparado en el asunto del tarot, distintos miembros de la familia Santos, propietaria del periódico, vieron en todo esto algo más que una coincidencia. "No es la primera vez que se evidencian los contactos e identidades entre el gobierno y Lucio, y por ello mucha gente se pregunta si cuando este representante habla, no lo hace un poco el gobierno por intermedio de él", le dijo a SEMANA el subdirector de El Tiempo Enrique Santos Calderón.
Esta idea, compartida por muchos, es justamente la que más le complicó la vida al gobierno la semana pasada. Y ello debido a que Lucio hizo durante su exposición en la plenaria de la Cámara, transmitida en directo por la Cadena 3 de Inravisión, una larga serie de cuestionamientos en contra de El Tiempo y del gobierno estadounidense. Al diario de los Santos, el representante lo acusó de haber presionado en 1991 al entonces presidente César Gaviria para que ablandara los decretos de sometimiento a la justicia y consiguiera con ello la liberación de Francisco Santos, el hijo del director y principal accionista del periódico. Pacho, como se le conoce mejor, estaba secuestrado en poder de la organización de Pablo Escobar. En una intervención en la cual -como es ya característico en él- hizo gala de sus dotes oratorias y de buena preparación, Lucio fue especialmente agrio al anotar la coincidencia entre la oposición de El Tiempo a Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y los asesinatos de estos cuatro líderes. El diario, que le dio al debate de Lucio amplio despliegue en la página política del jueves, ripostó editorialmente en la edición del viernes. En la sección 'Cosas del Día' que, al igual que el editorial, suele ser de la órbita del director Hernando Santos, el periódico se refirió a la intervención del congresista en la Cámara. La nota recordó -en contra de lo afirmado por Lucio- que desde su cautiverio Francisco Santos le había enviado a Gaviria un mensaje donde le pedía que por ningún motivo fuera a actuar por fuera de la Constitución o de la ley. Mencionó además que Hernando Santos había devuelto roto un editorial contra la extradición, redactado por el propio Pablo Escobar, cuando Guido Parra, el abogado del jefe del cartel de Medellín, le notificó a Santos que una vez fuera publicado su hijo Francisco sería liberado. Ante la negativa del director de El Tiempo a publicar el texto de Escobar, Parra le respondió: "Usted firmó la sentencia de muerte de Francisco".
La nota de 'Cosas del Día' culminaba con una frase en la cual muchos creyeron leer un mensaje cifrado dirigido al gobierno: "Los samperistas tememos que con dos intervenciones más (de Lucio), ahí sí tumbe a Samper". Como Hernando Santos es casi el único miembro de la familia que se ha mantenido firme al lado del primer mandatario, algunos lectores de la nota se preguntaron si ésta -cuyos autores se identificaban como "samperistas"- no había sido escrita -o en todo caso inspirada- directamente por el director del diario.

EN EL MISMO PAQUETE
Cierta o no la tesis de que por boca de Lucio podía estar hablando el gobierno, la verdad es que, aparte de algunos miembros de la casa Santos, las autoridades de Estados Unidos tuvieron la misma sospecha. Por eso, más que reaccionar con virulencia contra Lucio tras los ataques que éste le hizo a la DEA y al gobierno norteamericano, Washington le envió un duro mensaje a la administración Samper.
El representante a la Cámara presentó ante la plenaria unas grabaciones de conversaciones entre la oficina de la DEA en Colombia y sus superiores en Washington. A pesar de estar salpicadas por algunas palabras de grueso calibre, dichas conversaciones no resultaron especialmente reveladoras. Los funcionarios de la DEA hablan de algunas operaciones conjuntas con la Policía colombiana -autorizadas por convenios internacionales- y del deseo que tienen de llevarse algunos testigos y narcotraficantes a Estados Unidos -algo que tampoco es muy nuevo-.
Lucio aseguró sin embargo que las grabaciones eran prueba de cómo la DEA conspira en Colombia. Para muchos, en cambio, lo que sorprendió no fue tanto el contenido poco emocionante de las cintas, sino el hecho de que la DEA resultara tan vulnerable a una intercepción telefónica. "Esto más que demostrar que conspiran -le dijo a SEMANA un ministro del gabinete de Samper- revela que en la DEA tienen fallas, que no son perfectos".
Sea como sea, Washington tomó el asunto bastante en serio. El jueves, la fiscal general Janet Reno se pronunció por segunda vez en menos de siete días con respecto a Colombia. En una comparecencia ante periodistas en la capital de Estados Unidos, el tema de las declaraciones de Horacio Serpa revivió a propósito del debate de Lucio. La Reno prefirió limitar sus declaraciones a lo dicho por el Ministro. La Fiscal aseguró que para que mejoren las relaciones, las autoridades colombianas deben retractarse de lo que han dicho. "Yo creo -anotó- que el gobierno colombiano sabe que las declaraciones (de Serpa) fueron un error".
El Departamento de Estado sí enfiló baterías directamente contra Lucio: "Si existen grabaciones de conversaciones de funcionarios de Estados Unidos, cuestionamos la legalidad de cualquier operación por medio de la cual hayan sido obtenidas. Debido a que las grabaciones fueron divulgadas por un miembro del Congreso de Colombia, Carlos Alonso Lucio, que ha reconocido su estrecha amistad con la familia Rodríguez Orejuela, hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que adelante una pronta y completa investigación sobre el origen de las cintas. Urgimos al gobierno de Colombia a llevar a cabo las acciones legales apropiadas contra los responsables. Este episodio plantea un nuevo y perturbador ataque contra el gobierno de Estados Unidos, destinado posiblemente a distraer la atención de las investigaciones en curso sobre narcocorrupción".
El vocero del Departamento de Estado, Nicholas Burns, amplió este comunicado ante los periodistas y aseguró que hay tensión en las relacidnes entre Washington y Bogotá. "En realidad -dijo- las relaciones son tirantes porque algunos funcionarios y congresistas colombianos han hecho declaraciones imprudentes en los últimos días".
Era obvio el propósito de Washington de meter a Serpa y a Lucio en el mismo paquete y de cobrarle al gobierno, de una u otra manera, las declaraciones del representante. Un funcionario de la embajada en Bogotá le explicó a SEMANA: "Para nadie en Colombia es un secreto que en más de una ocasión Lucio ha coordinado sus debates con funcionarios de la Casa de Nariño y con el ministro Serpa, quienes le dan información para atacar hacia uno u otro lado, y por eso nosotros no hacemos muchas distinciones entre el gobierno y ese congresista". Para el funcionario en mención, otro indicio de la cercanía entre Lucio y la administración Samper es el hecho de que "después del debate en la Cámara, ningún funcionario del gobierno reaccionó o pidió una investigación sobre las grabaciones". El funcionario agregó que "se necesitaron las declaraciones de la señora Reno y el comunicado del Departamento de Estado para que el gobierno colombiano se pronunciara y pidiera una investigación".
La asociación entre Lucio y Serpa ha llegado a tal grado, que fuentes del Departamento de Estado en Washington reconocen que una de las hipótesis con las cuales están trabajando en cuanto al origen de las cintas presentadas por Lucio está enfocada hacia que el ministro del Interior se las habría entregado al parlamentario. "Una operación como grabar a la DEA solo es factible para oficiales de inteligencia del gobierno colombiano, que serían los que le entregaron las cintas a Serpa y éste a su vez, a Lucio", agregó la fuente. Tanto Serpa como Lucio han negado enfáticamente esa posibilidad. El representante ha sostenido que recibió las grabaciones de un norteamericano vinculado a la embajada que se las habría entregado en una esquina, en plena calle.
Pero la tensión en las relaciones no sólo se evidenció en declaraciones y comunicados de funcionarios estadounidenses. También, y mucho, con informes según los cuales las relaciones comerciales podrían sufrir un grave deterioro si no se arreglan pronto las cargas entre Bogotá y Washington. En concreto, los medios de comunicación informaron el viernes sobre dos iniciativas legislativas que estarían encaminadas a establecer sanciones comerciales contra Colombia. La primera tendría el impulso del ya famoso senador Jesse Helms, quien reviviría las ideas que ya trabajó a principios de este año. La segunda iniciativa tendría el aval del líder de la mayoría republicana en el Senado, el poderoso congresista Bob Dole, precandidato presidencial y uno de los más prestigiosos líderes republicanos del momento.
Las iniciativas buscarían eliminar las preferencias arancelarias de que gozan decenas de artículos colombianos al ser exportados a Estados Unidos, y establecer otra clase de gravámenes para los productos que no están incluidos en la lista de preferencias. Sufrirían las flores, el banano, los cueros y, en opinión de algunos, incluso el café.

CARGADOS DE TIGRE
El fantasma de una crisis comercial con Estados Unidos había comenzado a ser olfateado por algunos empresarios y dirigentes gremiales desde cuando se conocieron las declaraciones de Serpa, las del ya famoso "me suena, me suena que sea la DEA". Por esa razón, aun antes de que se produjera el debate de Lucio en la Cámara y éste despertara las reacciones del diario El Tiempo y de Washington, la dirigencia gremial ya había encendido sus alarmas.
El martes 3 a las ocho de la mañana, muy puntuales, 15 dirigentes de los gremios económicos más importantes del país llegaron a la sede de la Andi en el Centro Internacional de Bogotá. Desde los saludos iniciales se notó que la mayoría de ellos estaba, según expresión de uno de los asistentes a la reunión, "cargados de tigre". El tema de la crisis con Estados Unidos quedó puesto sobre el tapete desde las primeras de cambio. A los pocos minutos se hizo evidente que desde la última reunión del consejo un par de semanas atrás, las posiciones se habían radicalizado mucho. "Todos parecían más francos y directos, y eso sin duda se debía a la situación generada por las declaraciones de Horacio Serpa" le explicó a SEMANA uno de los asistentes, quien agregó: "La unanimídad en cuanto a la inconveniencia de las declaraciones del ministro fue total y absoluta". Para los asistentes, no sólo fue inconveniente que Serpa hiciera semejantes acusaciones, sino "muy irresponsable" que las hubiera hecho sin presentar prueba alguna.
La primera conclusión fue que, debido a la tensión generada en las relaciones con Estados Unidos, había que empezar a preocuparse por la situación económica que sin duda se estaba comenzando a afectar como consecuencia de lo que uno de los asistentes llamó "el serpazo". Pero pronto el consenso fue derivando hacia una visión más amplia del problema. "No podemos -dijo uno de los dirigentes- quedarnos con una visión egoísta de que la preocupación se limita a que se nos dañen los balances y las utilidades, a que se nos dañe el P & G".
A partir de ese punto, los asistentes convinieron en que cualquiera que fuera el pronunciamiento que surgiera de la sesión, tendría que contener un análisis general de la situación y no sólo la expresión de un temor por lo que pueda sucederles a los distintos sectores de la economía. Pero además del análisis, algunos propusieron pasar a un terreno de acciones más audaces. "Deberíamos pedir la renuncia de Serpa" propuso uno de los asistentes. "Pero es que si nos atrevemos a eso -agregó otro directivo- tenemos que estar decididos prácticamente a ir a sacarlo del escritorio, pues los 15 gremios más importantes del país no se pueden dar el lujo de pedir la renuncia de un ministro, algo que jamás hemos hecho, y que esa renuncia no se produzca".


Pronto el debate giró hacia la forma que debía adoptar el documento. Se planteó la posibilidad de redactar una carta dirigida a Serpa, para plantearle que debía retirarse del gobierno. "Yo no firmo una carta dirigida a ese individuo" expresó en tono severo uno de los miembros del consejo. Se habló entonces de dirigirle la carta al Presidente. "Para qué, ¿para pedirle a él la renuncia?" comentó otro dirigente.
Hubo algunas risas nerviosas. "No -agregó otro de los asistentes-, sino para pedirle a Samper la renuncia de Serpa". Algunos anotaron que si hacían eso, seguramente el primer mandatario les contestaría que es del fuero del Presidente el libre nombramiento y remoción de sus ministros.
El debate derivò asì hacia una fòrmula en la cual todos estuvieron de acuerdo: un manifiesto firmado por los 15 miembros del consejo, para dar a conocer a la opinión pública. Alfredo Fuentes, funcionario de la Andi que actúa como coordinador del consejo, fue encargado de trabajar en el borrador del pronunciamiento, con la ayuda de Juan Manuel Ospina de la SAC, Sabas Pretelt de Fenalco y Jorge Visbal de Fedegan. Al día siguiente en la tarde, y después de una larga ronda de correcciones, el documento salió finalmente a la luz.
En el primer punto recogían el llamado a la serenidad y a la concordia, resultado de la cumbre de poderes públicos convocada por Samper el lunes en la Casa de Nariño. Pedían además que las investigaciones en curso que tienen en vilo al país, culminen pronto. En el segundo punto, las baterías enfilaban contra Serpa, criticaban sus declaraciones y cuestionaban las versiones sobre una "hipotética conspiración". Se quejaban de que, con ello, corrían "serios riesgos" las exportaciones, la inversión extranjera y los flujos turísticos. El tercer punto demandaba la acción de "un gobierno vigoroso y decidido" así como el ejercicio de "un claro liderazgo presidencial". El cuarto punto se extendía más allá del problema de las investigaciones sobre narcopolítica y de las relaciones con Estados Unidos, para hacer una larga y cruda lista de problemas: el avance de la violencia a pesar de la conmoción interior, la falta de claridad en las negociaciones internacionales, el debilitamiento de la actividad productiva, el gigantesco problema fiscal, el desborde del gasto y la débil gestión de los distintos niveles del gobierno. Como quien dice, un negrísimo panorama.
Mucha agua había corrido bajo los puentes en las escasas siete semanas transcurridas desde el documento de gremios y empresarios para apoyar el Acuerdo Nacional contra la Violencia, redactado en los propios salones de la Casa de Nariño, a este durísimo pronunciamiento, el más agrio contra el gobierno en toda la historia del consejo gremial. El remate de todo esto vino por cuenta de la Andi, cuya asamblea anual concluyó el viernes con un documento de su junta directiva tan severo o más que el del consejo.

EN REVERSA
Muchas cosas parecían haber cambiado para el gobierno en la correlación de fuerzas en el último mes. En efecto. a fines de agosto, Washington aún se caracterizaba por una mezcla de elogios al gobierno colombiano por los golpes dados al cartel de Cali y neutralidad frente a las investigaciones del proceso 8.000. El hecho indiscutible es que hasta ese momento las apuestas del gobierno estadounidense seguían favoreciendo a Samper. Por su parte, los gremios económicos no sólo eran tímidos en las críticas sectoriales, sino que respondían gustosos una tras otra a las convocatorias que el primer mandatario les hacía para distintos fines a la Casa de Nariño. En medio de la crisis institucional, los ricos, como se dijo reiteradamente en esos días, estaban definitivamente del lado del Presidente. Un tercer pilar en el cual reposaba Samper era el director de El Tiempo Hernando Santos, quien desde las notas editoriales defendía al primer mandatario con vehemencia, atacaba duramente a sus críticos y cuestionaba el afán de algunos columnistas y medios de comunicación por lo que Santos llamaba "las ganas de comer Presidente".
Al terminar la semana pasada el balance para el gobierno era en cierto modo desolador. De los elogios y la neutralidad de Estados Unidos no quedaba nada y a cambio lo que había era un estado de irascibilidad permanente de los funcionarios de Washington, quienes además tienen ahora en sus manos al ex contador del cartel de Cali Guillermo Pallomari, y han dejado saber que las revelaciones de éste podrían tener consecuencias devastadoras en las investigaciones del proceso 8.000. El apoyo de los gremios a Samper había sido reemplazado por una abrupta toma de distancia y en la nueva posición el sector empresarial decía que casi todo iba mal. Y Hernando Santos, aunque aún muy lejos de romper con Samper, a quien seguramente seguirá brindando su apoyo, había quedado muy molesto por los ataques dirigidos contra su diario y su familia por un congresista amigo del gobierno.
Y si los gringos están furiosos, los gremios distantes y Hernando Santos molesto, ¿qué le queda a Ernesto Samper? El mismo dijo desde Alemania el jueves que la mayoría de los colombianos, según las encuestas, lo apoyan. Sin embargo, las últimas cifras muestran un considerable deterioro del sólido respaldo popular con el que aún contaba Samper hace apenas unas pocas semanas. Según una investigación realizada por Gallup Colombia, la popularidad de Samper ha sufrido una merma nada despreciable. A fines de julio, el 57 por ciento de los colombianos seguía teniendo del Presidente una imagen favorable, contra un 28 por ciento que tenía una imagen desfavorable. La semana pasada, el Gallup Poll reveló que la imagen favorable del primer mandatario bajó a 36 por ciento y que la imagen desfavorable subió a 44 por ciento. Como quien dice, que en escasos dos meses Samper perdió 21 puntos de favorabilidad, mientras su imagen desfavorable avanzó 16 puntos.
Aun así, una favorabilidad de 36 por ciento no es una cifra del todo mala para un Presidente emproblemado. Hay todavía un respaldo popular significativo si se tiene en cuenta la dimensión de la crisis que Samper ha venido atravesando. Esto puede verse con más claridad en la cifra que evalúa la gestión del primer mandatario y que aún le favorece ligeramente: 46 por ciento de los encuestados la considera buena y 44 por ciento mala. Aunque ha perdido un terreno considerable, todavía le queda gasolina en el tanque.
Lo curioso de todo este retroceso del gobierno y del Presidente, es que se produjo en un mes en el cual no hubo revelaciones especialmente graves en cuanto a lo sucedido en la campaña, pues las principales detenciones, la filtración de indagatorias y la revelación de documentos contables, cheques y casetes comprometedores se concentró en junio, julio y agosto, pero mermó considerablemente en septiembre.
¿Qué fue lo que le hizo perder al gobierno tanto terreno? Sin duda mucho más sus reacciones a las acusaciones que las acusaciones mismas. Tanto es así que no faltan quienes piensan que la mayor prueba de la inocencia de Samper en todo este lío de la financiación de su campaña, es lo mal que se ha defendido. La prueba máxima de ello es la forma como, después del espantoso atentado a Cancino, el gobierno desperdició, en buena parte por cuenta de la deslenguada de Serpa, una oportunidad excepcional y totalmente legítima de haber buscado solidaridad en la opiniòn.
¿Qué puede hacer el Presidente para no malgastar el combustible que aún le queda y utilizarlo para recuperar credibilidad? Es difícil decirlo, pero existe cierto grado de consenso en el sentido de que si Samper quiere voltear la torta y volver a poner las cosas a su favor, necesita entregar la cabeza de su principal colaborador, Horacio Serpa. Esto sin duda sería una señal positiva hacia Estados Unidos, cuyo gobierno vería que el Presidente de Colombia optó por darse una pela significativa y por salir de su mano derecha, para pagar la cuenta de cobro que se generó por las declaraciones del Ministro del Interior contra la DEA. Una señal similar recibirían los gremios, que tanto discutieron si debían o no pedir la renuncia de Serpa y que, aunque decidieron no plantearla de frente, celebrarían como un triunfo propio el retiro del Ministro. Y en cuanto al diario de los Santos, la salida de Serpa -a quien muchos ven muy cercano a Lucio- produciría sin duda un editorial favorable y varias columnas de reconocimiento al gobierno.
Todo esto suena muy fácil de decir. Pero la verdad es que Ernesto Samper es definitivamente renuente a pedirle la renuncia a su más fiel escudero, pues no sólo piensa que Serpa es inocente de lo que se le acusa, sino que además está convencido de que nadie le ha sido más leal en toda esta tragedia. Y la lealtad es quizás lo que más valora el Presidente en estos días tan aciagos. Sin embargo, puede que las cosas estén tan complicadas que ya no sea la hora de tomar decisiones solamente con base en lealtades y amistades. Puede, en cambio, que sea la hora de los grandes sacrificios en busca de las grandes soluciones.

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