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| 4/13/1998 12:00:00 AM

SE ENREDA LA PITA

La Fiscalía General le mete el diente al polémico contrato de la modernización de la Registraduría.

El 7 de febrero de 1996 el entonces concejal de Bogotá Jorge Durán Silva dirigió una carta al presidente Ernesto Samper en la cual se refería al proceso de modernización de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo costo estimado era de 120.000 millones de pesos. Entre otras cosas Durán Silva cuestionaba el elevado costo del proyecto y el hecho de que dicha modernización se llevara a cabo bajo el requerimiento de máxima urgencia, utilizando la figura de la contratación directa, con el argumento que se trataba de un asunto de 'seguridad nacional'.
Durán Silva se refería, además, al hecho de que Jorge Serpa, pariente del entonces ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, fuera una de las personas que liderara el proyecto. "El señor registrador vinculó contractualmente al señor Jorge Serpa Erazo, socio de la intervenida empresa Telectrónica, quien únicamente concentra su atención en los aspectos financieros de la proyección y ha obtenido que en el proyecto de presupuesto para el año en curso sean destinados 40.000 millones de pesos (...)", decía el concejal al Presidente en su carta.
El mensaje fue radicado en el Palacio de Nariño el 9 de febrero de ese año y luego de ser evaluado por el presidente Samper fue remitido a la oficina de la Consejería de Asuntos Económicos. De ahí le fue enviada una copia a la Fiscalía General de la Nación para que investigara lo pertinente a las afirmaciones del concejal. La Fiscalía, como era natural, llamó a declarar a Durán Silva, quien se limitó a repetir lo que había afirmado en la misiva, reiterando que consideraba suntuoso el gasto si se tenía en cuenta que el país tenía mayores urgencias como, por ejemplo, la falta de vías de comunicación.
Desde entonces comenzó a hablarse de la posible existencia de irregularidades en el contrato. Pero sólo hasta la captura del espía alemán Werner Mauss en Medellín, el 17 de noviembre de 1996, éstas comenzaron a tomar cuerpo. Mauss tenía en su poder una carta escrita supuestamente por el ex senador liberal Eduardo Mestre, quien en ese momento se encontraba detenido en la cárcel La Modelo, dirigida a un amigo suyo, al parecer, funcionario de la multinacional Siemens, en la que le solicitaba a manera de anticipo la suma de 50.000 dólares por sus gestiones exitosas ante la Registraduría para la adjudicación del contrato de modernización. Una vez en libertad Mestre negó que hubiera escrito la carta.
En medio de la confusión que produjo la captura de Mauss, quien aparecía enredado en negociación de secuestros, procesos de paz con la guerrilla, espionaje internacional y contratación con el Estado, la Registraduría Nacional tomó la decisión de suspender el proceso de adjudicación del contrato. Al hacerlo la gran perdedora fue la Siemens, que se encontraba punteando en todas las calificaciones y se daba por descontado que sería la empresa a la cual se le daría el multimillonario negocio. El escándalo también le costó la cabeza a Jorge Serpa, quien debió dejar de manera abrupta su cargo en la Registraduría.A los pocos meses la Registraduría tomó la decisión de adjudicar el contrato a la empresa Sagem S. A. No obstante la Fiscalía General siguió con sus investigaciones sobre la primera adjudicación, especialmente en lo relacionado con presuntos incrementos patrimoniales de algunas de las personas que habían participado en el proceso de adjudicación, entre ellos el propio registrador Abello, el asesor Serpa y otros asesores externos. En el desarrollo de dichas pesquisas funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía _CTI_, realizaron una serie de peritazgos en las cuentas de dichos funcionarios en septiembre de 1997. El 11 de noviembre de ese mismo año la Fiscalía decidió abrir investigación formal.
La semana pasada las averiguaciones empezaron a dar sus frutos. En efecto, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General vinculó a un proceso por enriquecimiento ilícito a Jorge Serpa Erazo, quien fue escuchado en indagatoria, y se dispone a llamar próximamente al ex registrador Orlando Abello.

La negociación
¿Qué pruebas existen contra los dos funcionarios? De acuerdo con la Fiscalía General, que continúa con las investigaciones, Jorge Serpa tendría un incremento patrimonial injustificado de 160 millones de pesos. Abello habría aumentado también su patrimonio en 13,5 millones de pesos y Jorge Luis Ricardo Bray, uno de los asesores externos, en 20 millones.Según informaciones suministradas a SEMANA por personas allegadas a la investigación la Fiscalía General estaría tras la pista de muy sólidos indicios que comprobarían la entrega por parte de alguna de las empresas interesadas en ganar la licitación de una alta suma de dinero a las personas responsables de la adjudicación del contrato. Las investigaciones están centradas en estos momentos en Miami y Suiza, donde se habrían producido algunas de las transacciones.
Una de las personas que tendría que responder ante las autoridades en los próximos días sería un familiar muy cercano al ex registrador Abello, con residencia en Miami, en una de cuyas cuentas bancarias se habría consignado parte del dinero. Las operaciones se habrían realizado entre noviembre de 1996 y enero de 1997. El número de la cuenta corriente ya está en poder de la Fiscalía. Al parecer, según los fiscales, una parte del dinero consignado fue trasladado posteriormente en sucesivos giros a cuentas corrientes en Colombia. De acuerdo con las investigaciones, el monto total podría ascender a los 500 millones de pesos.
El asunto parece bastante complicado tanto para Abello como para Serpa y las demás personas que tuvieron conocimiento directo del proceso de negociación entre la Registraduría y las empresas interesadas en que le fuera adjudicado el contrato. De cualquier manera, con lo sucedido la semana pasada, lo cierto es que el tema de la modernización de la Registraduría Nacional está lejos de ser enterrado. Un asunto que parecía limitarse a una indelicadeza legal pero torpe por parte del gobierno podría convertirse en un gran escándalo penal en el que podrían terminar involucrados altos funcionarios de la Registraduría. La Fiscalía General tiene la palabra.
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