Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1998/09/28 00:00

SE ENREDA LA PITA

La Corte Suprema comienza a evaluar las primeras pruebas que comprometen a los congresistas que absolvieron al presidente Ernesto Samper.¿Qué tienen los magistrados?

SE ENREDA LA PITA

La intempestiva salida del país de varios parlamentarios y los rumores de asilo político en el exterior de algunos de los representantes que absolvieron a Ernesto Samper sembraron la inquietud acerca de lo que está pasando con los congresistas llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. El caso que más llamó la atención fue el de Marta Catalina Daniels, quien viajó a Alemania luego de rendir indagatoria ante el alto Tribunal.
¿Qué hay detrás de la salida del país de estos congresistas? Hasta hace unos días todo el mundo pensaba que la máxima instancia de la justicia estaba investigando a los 109 representantes por su decisión de absolver al presidente Samper. Pero la realidad va más allá. Los magistrados pretenden establecer si detrás de esa decisión hubo prebendas económicas, cuotas burocráticas o algún otro tipo de beneficio personal.
Algunos magistrados, inclusive, consideran que las pruebas aportadas durante el proceso eran suficientes para que los representantes le dieran el curso normal al juicio. Es decir, que enviaran el expediente al Senado para que fuera éste el que decidiera la suerte del primer mandatario. "El camino de la preclusión resultó ser el menos apropiado porque si no había pruebas suficientes, como afirmaron algunos parlamentarios, han debido dictar un auto inhibitorio y no una preclusión", dijo a SEMANA una fuente de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados de la Corte Suprema han dejado ver con sus últimas decisiones que podrían tener elementos suficientes para demostrar que el inmenso poder del Estado en burocracia y presupuesto se utilizó para pagar la absolución del primer mandatario. Eso explica el hecho de que la Corte Suprema le haya pedido a Planeación Nacional y a los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores una relación pormenorizada de nombramientos y partidas que fueron asignadas durante 1996, año en que se le adelantó el juicio al Presidente.
Aunque la opinión pública piensa que el proceso de los parlamentarios en la Corte Suprema debe ser un juicio político, como lo fue el del presidente Samper, lo cierto es que los magistrados les han preguntado a los representantes a la Cámara más por asuntos contables que por las razones de su voto. Es el caso del representante Heine Sorge Mogollón, quien ofició de juez investigador y fue el que elaboró el proyecto de preclusión.

Los cargos
Dentro del interrogatorio Mogollón tuvo que responder preguntas tales como qué clase de beneficios gestionó para su región y si destinó alguna partida específica para su zona de influencia política. También le preguntaron acerca de si había sugerido o postulado a alguna persona para un cargo público mientras se desempeñó como investigar del Presidente.
Pese a que Mogollón negó haber tenido injerencia en algunos nombramientos de allegados, tuvo que explicar lo relacionado con el caso de Hernán Mogollón, ex director de Caprecom, a quien Mogollón definió como"un pariente lejano". De su hija, Martha Judith Mogollón, una bióloga marina, aclaró que nunca ha ocupado cargos diplomáticos y que actualmente trabaja en el Instituto Invemar, a donde, según él, entró por méritos propios desde antes del proceso contra Samper. También dijo que de sus seis hermanos sólo dos están vinculados con el departamento de Córdoba, pero que esa particular circunstancia es anterior a su elección como representante.
El caso de Jesús Ignacio García, quien también salió del país, es distinto. El representante dijo a la Corte que su hija Yolima García trabaja en el consulado de Nueva York desde hace un año. Pero aclaró que el cargo no se lo consiguió él y que tampoco intervino en el mombramiento. Según el testimonio del político, su hija presentó hojas de vida a distintas embajadas y consulados y el puesto le salió en esa sede de Estados Unidos.
Una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas (RED VER) al parecer puso al descubierto otro caso. Según RED VER, un hermano del parlamentario Rafael Guzmán fue nombrado por la época del juicio en el consulado de Francia como vicecónsul. Los denunciantes aseguraron que el pariente del representante fue trasladado al poco tiempo a las oficinas consulares de Madrid, en España, donde al parecer aún continúa. El representante Guzmán dijo a SEMANA que prefería dar todas las explicaciones a los magistrados el jueves de esta semana, fecha que tiene asignada para rendir indagatoria.
Muchos de los congresistas que ya han sido interrogados se encuentran en similar situación. La mayoría tiene a algún pariente o conocido en cargos públicos, no necesariamente por recomendación de ellos o nombrados durante el juicio. Y aunque la práctica de dar cuotas burocráticas y asignar partidas es una actividad cotidiana desde hace varios años, lo cierto es que los investigadores de la Corte buscan establecer si esos favores tienen alguna conexión con la decisión que tomaron en el proceso.


El cohecho
Pero si el tema del posible prevaricato por parte de los parlamentarios es bastante complicado de probar, puesto que los magistrados tendrían que demostrar que los representantes actuaron de manera contraria a la ley a sabiendas de las implicaciones jurídicas que ello tenía, la semana pasada surgió la posibilidad de un nuevo delito que podría complicar aún más la situación de los parlamentarios. Se trata del cohecho que, según el Código Penal, consiste en recibir dinero u otra utilidad por parte de servidores públicos para retardar u omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes.
A diferencia del prevaricato, que sólo afecta a una de las partes, en este caso a los parlamentarios, el cohecho va más allá y castiga por igual tanto a quien recibe, es decir a los congresistas, como a quien ofrece, que sería el caso de altos funcionarios del gobierno anterior empezando por el propio Samper.
De cualquier manera no será fácil para la Corte Suprema demostrar alguno de los dos delitos. Sólo hasta el próximo 21 de septiembre, fecha en la que deben concluir las indagatorias, se sabrá cuál será el resultado final de la investigación de la Corte. Es probable que varios parlamentarios tengan que responder penalmente por su comportamiento. Como dijo un experto penalista, "con uno solo que salga responsable se justifica toda la investigación de la Corte Suprema".

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